El recién concluido periodo de sesiones del primer año de la 60 Legislatura en el Senado fue uno de los más intensos y controvertidos que se recuerden, ya que la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral confrontó a las tres principales fuerzas políticas con uno de los poderes fácticos del país: las televisoras.
Aunque se aprobaron 43 modificaciones legales y se crearon ocho nuevas leyes, la controversia giró en torno a las dos reformas constitucionales, la judicial y la electoral, sobre todo esta última.
Fueron cuatro meses de enfrentamiento entre el Congreso y los concesionarios de las poderosas cadenas de televisión y de radio, los que no dudaron en usar sus pantallas y micrófonos –e incluso se enlazaron en cadena nacional en dos ocasiones– para tratar de frenar las modificaciones constitucionales que finalmente se aprobaron y que, entre otras cosas, establecen una nueva relación entre partidos políticos, candidatos y medios electrónicos.
Si bien los dueños de Televisa y Tv Azteca no pudieron detener la reforma constitucional, que se aprobó el 11 de septiembre, a pesar de que insistieron en que es violatoria de la libertad de expresión, lograron en cambio que en las modificaciones a una de las principales leyes secundarias, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las sanciones a radiodifusoras por violar los ordenamientos en materia de difusión de asuntos comiciales se suavizaran al máximo.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que el periodo que se clausuró el pasado día 13 estuvo caracterizado por claroscuros, ya que la reforma electoral “es un logro importante” de todas las fuerzas políticas, pues elimina muchos de los puntos que permitieron el fraude electoral de julio del 2006, pero frente a ello se aprobó también, ahí sólo con el voto del PRI y el PAN, la reforma sobre justicia, que es un retroceso en materia de derechos humanos.
Un día antes de que se votara la reforma electoral, el 11 de septiembre, las dos televisoras enviaron a los conductores de sus noticiarios estelares –Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre–, de sus programas de chismorreo, como Paty Chapoy, y a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para reclamar por “la violación a la libertad de expresión”.
Una semana antes, las campañas en sus emisoras las centraron en una supuesta vulnerabilidad a la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), por la decisión de PRI, PAN y PRD de establecer nombramientos escalonados en ese organismo, con la finalidad de que saliera el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, y cinco consejeros más.
Durante esa reunión del 11 de septiembre en el Senado, el duopolio televisivo mostró el motivo real de su enojo: la supresión de propaganda electoral pagada en medios electrónicos, ya que la nueva disposición en la Carta Magna es que los partidos y candidatos se promuevan en época electoral mediante los tiempos oficiales. “¡Nos van a arruinar el rating!”, exclamó el dueño de Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga.
La supresión de los espots pagados les significa dejar de cobrar miles de millones de pesos, pero también menor influencia, ya que no podrán impulsar a algún candidato ni emprender guerras sucias contra algún partido o aspirante a cargo de elección popular.
La defensa de sus intereses económicos en cadena nacional y de manera insolente y arrogante –Pedro Ferriz de Con hasta los amenazó e injurió– sólo los exhibió ante la opinión pública, ya que ese mismo día se aprobó en comisiones el dictamen y un día después, ante el pleno, se votó la reforma electoral.
“Es el primer paso para reordenar a los grupos de presión”, advirtió ante el pleno el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel. “Podrán doblar a un político, pero nunca al Estado”, expresó a su vez el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ambos, por cierto, salen ya muy poco en televisión. En el caso de Creel, a pesar de que antes de dejar la Secretaría de Gobernación –en el pasado sexenio foxista– aprobó decenas de permisos para instalar casas de juego y apuestas de Televisa, está vetado y no aparece en sus pantallas.
Aunque el Senado ganó esta primera batalla, en la segunda debió recular, ya que las televisoras estuvieron muy pendientes de la ley secundaria, de las reformas al Cofipe y se lanzaron a fondo, de nuevo escudados en una presunta defensa de la libertad de expresión, para reducir al mínimo las sanciones.
En el nuevo Cofipe, que se negoció durante dos meses, se establecen penalidades para los partidos políticos, los candidatos, para organizaciones empresariales y sindicales y para las televisoras y radiodifusoras que infrinjan las disposiciones en materia electoral.
En un principio se valoró establecer como sanción máxima, en el caso de violaciones reiteradas al Cofipe, sacar un mes del aire a las emisoras de radio o de televisión infractoras, lo que quedó en un primer proyecto de dictamen en un día como máximo como pantalla negra.
Al presentarse el dictamen esa sanción máxima quedó sólo en sacar del aire de una a 36 horas la publicidad comercial de las estaciones de radio o televisión, y un día antes de que se votara, las sanciones se suavizaron aún más, ya que se decidió que aplicarán sólo en casos de que contraten publicidad electoral o difundan mensajes y programas no contratados por el IFE.
En esos términos se aprobó el Cofipe, con el voto en contra de PT y Convergencia, que se sintieron lesionados por las nuevas disposiciones por las que, en caso de contender en coalición, están obligados a demostrar su fuerza real, aunque les permiten sobrevivir con la cláusula de vida eterna.
En ese juego de claroscuros, como lo describió el perredista Navarrete, lo oscuro en el Senado fue la aprobación por PRI, PAN y Verde Ecologista, el último día del periodo, de la reforma en materia de justicia.
Después de varios meses de discusión, con la opinión en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y juristas destacados, el Senado avaló la minuta que los priístas en San Lázaro habían aprobado y que incluye arraigos, cateos y allanamientos de domicilios por parte de la policía, sin orden judicial.
El 13 de diciembre, luego de varias horas de discusión, el Senado la aprobó, pero le hizo dos cambios, por lo que se regresó a la Cámara de Diputados. El debate se prolongó hasta la madrugada del viernes 14, ya que los perredistas, sobre todo Pablo Gómez y Ricardo Monreal, intentaron que se modificaran o suprimieran los aspectos más peligrosos de la reforma.
No lograron, ya que la mayoría de priístas y panistas, con muchas copas encima a esa hora, rechazaron todas las propuestas para cambiar las disposiciones que violan garantías consagradas en la propia Constitución.
Aunque se aprobaron 43 modificaciones legales y se crearon ocho nuevas leyes, la controversia giró en torno a las dos reformas constitucionales, la judicial y la electoral, sobre todo esta última.
Fueron cuatro meses de enfrentamiento entre el Congreso y los concesionarios de las poderosas cadenas de televisión y de radio, los que no dudaron en usar sus pantallas y micrófonos –e incluso se enlazaron en cadena nacional en dos ocasiones– para tratar de frenar las modificaciones constitucionales que finalmente se aprobaron y que, entre otras cosas, establecen una nueva relación entre partidos políticos, candidatos y medios electrónicos.
Si bien los dueños de Televisa y Tv Azteca no pudieron detener la reforma constitucional, que se aprobó el 11 de septiembre, a pesar de que insistieron en que es violatoria de la libertad de expresión, lograron en cambio que en las modificaciones a una de las principales leyes secundarias, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las sanciones a radiodifusoras por violar los ordenamientos en materia de difusión de asuntos comiciales se suavizaran al máximo.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que el periodo que se clausuró el pasado día 13 estuvo caracterizado por claroscuros, ya que la reforma electoral “es un logro importante” de todas las fuerzas políticas, pues elimina muchos de los puntos que permitieron el fraude electoral de julio del 2006, pero frente a ello se aprobó también, ahí sólo con el voto del PRI y el PAN, la reforma sobre justicia, que es un retroceso en materia de derechos humanos.
Un día antes de que se votara la reforma electoral, el 11 de septiembre, las dos televisoras enviaron a los conductores de sus noticiarios estelares –Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre–, de sus programas de chismorreo, como Paty Chapoy, y a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para reclamar por “la violación a la libertad de expresión”.
Una semana antes, las campañas en sus emisoras las centraron en una supuesta vulnerabilidad a la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), por la decisión de PRI, PAN y PRD de establecer nombramientos escalonados en ese organismo, con la finalidad de que saliera el presidente del organismo, Luis Carlos Ugalde, y cinco consejeros más.
Durante esa reunión del 11 de septiembre en el Senado, el duopolio televisivo mostró el motivo real de su enojo: la supresión de propaganda electoral pagada en medios electrónicos, ya que la nueva disposición en la Carta Magna es que los partidos y candidatos se promuevan en época electoral mediante los tiempos oficiales. “¡Nos van a arruinar el rating!”, exclamó el dueño de Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga.
La supresión de los espots pagados les significa dejar de cobrar miles de millones de pesos, pero también menor influencia, ya que no podrán impulsar a algún candidato ni emprender guerras sucias contra algún partido o aspirante a cargo de elección popular.
La defensa de sus intereses económicos en cadena nacional y de manera insolente y arrogante –Pedro Ferriz de Con hasta los amenazó e injurió– sólo los exhibió ante la opinión pública, ya que ese mismo día se aprobó en comisiones el dictamen y un día después, ante el pleno, se votó la reforma electoral.
“Es el primer paso para reordenar a los grupos de presión”, advirtió ante el pleno el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel. “Podrán doblar a un político, pero nunca al Estado”, expresó a su vez el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Ambos, por cierto, salen ya muy poco en televisión. En el caso de Creel, a pesar de que antes de dejar la Secretaría de Gobernación –en el pasado sexenio foxista– aprobó decenas de permisos para instalar casas de juego y apuestas de Televisa, está vetado y no aparece en sus pantallas.
Aunque el Senado ganó esta primera batalla, en la segunda debió recular, ya que las televisoras estuvieron muy pendientes de la ley secundaria, de las reformas al Cofipe y se lanzaron a fondo, de nuevo escudados en una presunta defensa de la libertad de expresión, para reducir al mínimo las sanciones.
En el nuevo Cofipe, que se negoció durante dos meses, se establecen penalidades para los partidos políticos, los candidatos, para organizaciones empresariales y sindicales y para las televisoras y radiodifusoras que infrinjan las disposiciones en materia electoral.
En un principio se valoró establecer como sanción máxima, en el caso de violaciones reiteradas al Cofipe, sacar un mes del aire a las emisoras de radio o de televisión infractoras, lo que quedó en un primer proyecto de dictamen en un día como máximo como pantalla negra.
Al presentarse el dictamen esa sanción máxima quedó sólo en sacar del aire de una a 36 horas la publicidad comercial de las estaciones de radio o televisión, y un día antes de que se votara, las sanciones se suavizaron aún más, ya que se decidió que aplicarán sólo en casos de que contraten publicidad electoral o difundan mensajes y programas no contratados por el IFE.
En esos términos se aprobó el Cofipe, con el voto en contra de PT y Convergencia, que se sintieron lesionados por las nuevas disposiciones por las que, en caso de contender en coalición, están obligados a demostrar su fuerza real, aunque les permiten sobrevivir con la cláusula de vida eterna.
En ese juego de claroscuros, como lo describió el perredista Navarrete, lo oscuro en el Senado fue la aprobación por PRI, PAN y Verde Ecologista, el último día del periodo, de la reforma en materia de justicia.
Después de varios meses de discusión, con la opinión en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y juristas destacados, el Senado avaló la minuta que los priístas en San Lázaro habían aprobado y que incluye arraigos, cateos y allanamientos de domicilios por parte de la policía, sin orden judicial.
El 13 de diciembre, luego de varias horas de discusión, el Senado la aprobó, pero le hizo dos cambios, por lo que se regresó a la Cámara de Diputados. El debate se prolongó hasta la madrugada del viernes 14, ya que los perredistas, sobre todo Pablo Gómez y Ricardo Monreal, intentaron que se modificaran o suprimieran los aspectos más peligrosos de la reforma.
No lograron, ya que la mayoría de priístas y panistas, con muchas copas encima a esa hora, rechazaron todas las propuestas para cambiar las disposiciones que violan garantías consagradas en la propia Constitución.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 26 de diciembre.
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