LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 3. LOS ORGANISMOS SOLICITANTES.

Al Consejo Coordinador Empresarial se han sumado otros organismos del mismo corte, según dan cuenta los siguientes doce comentarios, 14.81% de los 81 sistematizados.

Por primera vez todo el empresariado organizado se ampara frente a una nueva legislación, la que da vida a la recién aprobada reforma electoral.
Ayer vimos algo inédito: los siete organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Coparmex, Concamin, Concanaco, Asociación de Bancos de México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Consejo Nacional Agropecuario), más los otros cinco con voz, que también integran a la cúpula de cúpulas del sector privado (Canacintra, Canaco-DF, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio), anunciaron estar en desacuerdo con la reforma electoral por considerar que atenta contra la libertad de expresión del empresariado
Los dos gestores del amparo fueron Armando Paredes, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero apoyado por el empresario Claudio Xavier González, quien hoy preside el más poderoso de los grupos del sector privado: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
La decisión se tomó desde hace dos semanas en la comisión ejecutiva del CCE… y fue por consenso.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.

Gracias, señor Armando Paredes, gracias a todos los que han sido presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (Clouthier, Legorreta, López, Bours, Rangel, Cárcoba, y otros "próceres de la democracia") por abrirnos los ojos, por preocuparse por los derechos de los individuos consagrados en la Constitución; por defender la libertad de expresión...
Los felicitamos por su nacionalismo, por no haber sacado sus dólares del país en las crisis de 1976, 82, 88, 94. Por no haberse beneficiado del Fobaproa; por no evadir al fisco, por su rectitud y honestidad; por ese afán de defender a quienes menos tienen... Por todo eso y muchas cosas más, la sociedad debería mandarles a hacer un monumento; proponerlos incluso para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores. ¡Ustedes son el orgullo de México!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

a) La seriedad del procedimiento puede distinguirse por el trabuco de abogados del que ha echado mano la cúpula de cúpulas de la IP. Junto con el presidente de la comisión jurídica del CCE, Antonio Frank, aparecen el constitucionalista Adolfo Arrioja Vizcaíno, el laboralista e internacionalista Jorge de Regil, el también internacionalista Santiago Corcuera, el penalista Gonzalo Aguilar Sinzer, Francisco Breña y en los últimos días han solicitado sumarse una decena de profesionistas de primer nivel. Quieren defender la impugnación. b) Podemos adelantarle que junto con el CCE en los próximos días veremos a un centenar de organizaciones empresariales, gremiales y regionales que también interpondrán su amparo. Pero también habrá asociaciones de la sociedad civil, ONG, colegios e incluso universidades. Dé por descontado que todos los centros empresariales de la Coparmex, de Ricardo González Sada, harán lo propio a lo largo y ancho del país. c) Algo que preocupa y llama mucho la atención es que ante esta inusual protesta de todo el sector privado mexicano, no se haya tenido ninguna respuesta oficial del gobierno federal. Por más contactos y consultas que se han intentado al más alto nivel, la respuesta ha sido cero.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 7 de diciembre.

Que después del recurso presentado por el Consejo Coordinador Empresarial viene una cascada de solicitudes de amparo contra la reforma electoral.
Ayer fue un día muy movido en intercambio de información y opiniones entre abogados patronales, universidades, organismos no gubernamentales y fundaciones convencidas de que las reformas atentan contra la libertad de expresión.
“Trascendió”, Milenio, 7 de diciembre.

Cuando el Instituto Federal Electoral permitió el lanzamiento de la campaña a favor de la estabilidad y por consecuencia del continuismo inercial y en contra de todo lo demás, muchos públicamente le reclamamos a José Luis Barraza su ilegal activismo (yo lo hice por la radio). Siempre respondió con la misma canción: estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión.
Y cuando se los cancelaron por orden del tardío IFE (el daño ya estaba hecho y el delito cometido), insistió: “… De la misma forma en que hemos ejercido nuestro derecho para expresar las tesis y el sentimiento del empresariado nacional en torno al rumbo económico del país, el organismo, a invitación expresa del presidente del IFE, ha decidido suspender a partir de esta fecha la transmisión de los spots de radio y televisión en los que se exalta el valor que tiene el sostenimiento de la estabilidad económica…”.
¿No sabía el CCE de la expresa prohibición contenida en el Cofipe? Lo sabía y se lo brincó a la torera.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.

Los medios y sus voceros no cejarán en ningún momento en desacreditarla. La afrenta fue demasiado grande como para dejarla pasar sin más. Y los grandes empresarios también la ven como una absoluta concesión a la izquierda, un reconocimiento abierto, por parte del PAN, de que López Obrador tenía razón en sus denuncias de fraude (la tesis Ugalde). Por eso la ven inaceptable y se amparan en su contra, enarbolando la “libertad de expresión” como el estandarte para seguir incidiendo en los comicios de manera significativa y privilegiada, a partir de su enorme poder económico. Pero con argumentos frágiles. Por ejemplo, cuando se les hace ver que en los países europeos existen restricciones tan fuertes o más como la que les molesta, responden que eso se debe a que allá prevalecen… ¡los sistemas parlamentarios! (mientras que el nuestro es presidencialista). De lo que se infiere que según ellos un rasgo esencial del parlamentarismo es la censura, en tanto que los regímenes presidenciales se distinguen por su libertad de expresión. Vaya razonamiento
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de diciembre.

En realidad no son tan indescifrables los propósitos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando recurre al amparo en contra de la reforma electoral, argumentando que viola la libertad de expresión. En la campaña electoral del año pasado –con el disimulo del IFE y de la fiscalía de delitos electorales– contrató espacios en radio y televisión para perjudicar a uno de los aspirantes, Andrés Manuel López Obrador, y beneficiar a otro, Felipe Calderón. Les dio resultados, sienten que la Presidencia “es suya”. Pero quieren más: diversos asuntos se atoran en el Congreso y en 2009 habrá renovación de la Cámara de Diputados, centro de poder que les interesa particularmente, porque es el que aprueba –o rechaza– los impuestos. Entonces, la “libertad de expresión” que defiende el CCE –hoy encabezado por Armando Paredes, su antecesor José Luis Barraza ya recibió como premio Aeroméxico– es la libertad de usar los enormes recursos financieros de los empresarios que representa a fin de manipular los procesos electorales. La ganancia no es pequeña. Sólo que en las prisas se les olvidó un detalle no pequeño: el amparo no procede contra la Constitución. De todos modos, hallarán algún agujero por donde colarse a las elecciones, al menos lo intentarán
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La jornada, 11 de diciembre.

En contra de esta reforma constitucional ya ha habido quien ha presentado demanda de amparo, como es el caso concreto del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas otras personas físicas y morales podrán pedir amparo —ya lo han anunciado— pues se limita la libertad de expresión a todos los gobernados.
Es tan grave esta limitación a la libertad de expresión que, si bien únicamente limita los tiempos comprados en radio y televisión, nada nos garantiza que en un futuro también se limite la expresión en la prensa escrita a través de la prohibición de comprar espacios para presentar inserciones pagadas en un sentido o en otro. Después de esto, también se podrán prohibir los envíos de mensajes por internet y demás medios modernos de comunicación y luego hasta las conversaciones telefónicas
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.

En este ambiente enrarecido que vive el país, ayer la Concamin, de Ismael Plascencia, presentó su amparo contra la reforma electoral y el efecto en la libertad de expresión. La cúpula de la industria nacional no niega que lo hace, en gran medida, en solidaridad con la radio y la televisión. Lo que pasa es que ambos son sectores que forman parte de las cámaras afiliadas a su confederación.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 14 de diciembre.

El empresariado va en serio contra los tres grandes de la Cámara.
Al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concamín, se sumó la Concanaco.
Todos van por un amparo contra la reforma electoral.
Y se ve que una negativa judicial no los detendrá, buscarán otros caminos.
Demanda la IP más poderosa, y será un rival más duro que la chiquillada.
Pepe Grillo, Crónica, 17 de diciembre.

Bien por Coparmex, presidida por Gerardo Trejo, que demuestra nuevamente que no están de acuerdo con la intención de los partidos políticos de limitar las libertades. Lo que hemos visto de los partidos políticos es una intención monopólica que va en contra de la sociedad.
La solicitud de amparo, que sólo fue rechazada en primera instancia por cuestiones de forma del CCE, únicamente es el principio de una gran ofensiva para defender los derechos fundamentales de los mexicanos. Para que luego haya quienes digan que la iniciativa privada no está a favor del pueblo.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 18 de diciembre.

Notable, en verdad, el incremento que en los últimos días ha registrado la seguridad del presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, el mismo que —como antes lo hizo el CCE— promueve un amparo contra la reforma electoral recién aprobada, al considerar que atenta contra la libertad de expresión, pues impide que un particular pueda contratar propaganda electoral en medios electrónicos…
Enrique Aranda Pedroza, “De naturaleza política”, Excélsior, 19 de diciembre.

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