LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 6. LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

¿Las recientes reformas a la ley electoral vulneran la libertad de expresión? Al parecer los nueve comentarios que presentamos a continuación no logran ponerse de acuerdo; se trata del 11.11% de los 81 comentarios sistematizados para este tema.

Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.

A pesar de ello, el CCE está demostrando una gran valentía al enfrentarse a la fuerza del Estado con este juicio de amparo. Mal habría hecho una institución creada precisamente para defender las libertades individuales frente a los abusos de gobiernos autoritarios en no presentar una batalla legal ante una nueva ley electoral cuyo propósito fundamental es dejar toda la información política del país en manos del pequeño grupo que controla a los partidos de nuestro país. La contradicción de la nueva legislación con el artículo 6o., que garantiza la libertad de expresión es tan grande que vale la pena cuando menos presentar la batalla.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

Para empezar, en ningún momento se restringe la libertad de expresión salvo para los partidos políticos, que no pueden incurrir en “expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas” (Art. 41 constitucional). Empresarios, periodistas, articulistas, comentaristas, taxistas y todos los demás ciudadanos podrán seguir diciendo lo que les venga en gana sin cortapisa alguna. La Constitución no limita, salvo a los propios partidos, lo que se pueda decir.
El derecho a la información se refuerza en tanto todo concesionario de un medio de comunicación electrónica habrá de difundir, en las mismas condiciones que los demás, los mensajes de los partidos políticos durante las campañas electorales. Es decir, la información que generan los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, va a llegar a los electores sin que la misma sea cercenada por terceros. Eso sí, los concesionarios ya no van a cobrar por emitir esa información.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

Qué bueno, pues, que los empresarios alzaron la voz para alertar que la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre, es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y de asociación, así como al de tomar parte en la vida política del país. Qué bueno también que piensen que la libertad de expresión es un elemento fundamental para construir la opinión pública y, por ello, un componente necesario para una democracia participativa. Qué bueno que se hayan amparado contra la mencionada reforma, y que también estén convencidos de que "los intereses ciudadanos deben estar por encima de los de los partidos políticos, y que los cambios aprobados dan lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa..."
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

Poco hay que decir del derecho de asociación, que la reglamentación constitucional en materia de medios no afecta. Todo organismo ciudadano, sea empresarial, laboral, vecinal, etcétera, continuará teniendo libertad de expresar sus opiniones políticas, y podrá adherirse a la postulación de los candidatos que deseé y oponerse a las de los que le disgusten. Esas expresiones se podrán hacer en manifiestos, en reuniones, en mítines, en la prensa, en entrevistas, en el formato que se guste. Ah, eso sí, las organizaciones que quieran ejercer su libertad de expresión no podrá alterar la contienda entre los candidatos comprando tiempo en radio y televisión para favorecer a alguno(s) y perjudicar a otro(s). Van a poder hablar, pero no podrán comprar para ser oídas. En ese sentido, todas las organizaciones tendrán el mismo derecho de manifestarse y sus opiniones, buenas o malas, no tendrán mayor alcance ni influencia en función del dinero de que dispongan para contratar anuncios en los medios electrónicos. Insinuar que el ciudadano tendrá menos voz porque se prohíbe comprar anuncios en radio y televisión es un chiste de mal gusto: baste ver el ingreso promedio de una familia mexicana y el costo de las tarifas comerciales de la radio y la televisión.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

El nuevo Cofipe aprobado por el Senado ha definido, por fin, los alcances de la reforma electoral constitucional. El tamaño de la polémica por la reforma va en proporción directa a los intereses afectados. Se han manifestado básicamente tres grandes grupos en contra. En primera instancia, los industriales de radio y TV que ven afectados no sólo los importantes ingresos que han representado las campañas electorales sino, se presume, variará sustancialmente el tipo de relación que se establece entre la representación formal de la sociedad y los llamados poderes fácticos. El segundo grupo es el representado por las cúpulas empresariales que han manifestado de diferentes maneras su rechazo a la reforma argumentando afectaciones a la libertad de expresión. En el fondo, lo que no se dice pero molesta, está relacionado con cerrar la puerta a la posibilidad de incidir, a través de desembolsos millonarios, en la promoción o denostación de un candidato como ocurrió en el proceso del año pasado. Las cúpulas empresariales han interpuesto un juicio de amparo contra la reforma que prohíbe la contratación de spots en materia electoral por parte de organismos privados. "Una vacilada", diría el senador Santiago Creel. El tercer grupo tiene que ver con los llamados partidos pequeños.
Carmen Aristegui, Reforma, 7 de diciembre.

La reforma constitucional y el nuevo Código Federal Electoral violentan la libertad de expresión y el derecho a la información. La prohibición de las campañas negativas transformará la contienda en un ritual cursi. Nadie podrá atacar al contendiente sin importar que los dichos sean verdaderos o falsos. Las campañas -se dice- ahora sí serán de altura. Nos veremos inundados de promesas imposibles de cumplir. No habrá espacio para el debate. Y mucho menos para examinar la materia elemental de la política: los hombres con sus defectos y errores, porque serán ellos y no las ideas quienes efectivamente ejerzan el poder. Se prohíbe, también, que las organizaciones sociales (civiles, profesionales, sindicales y empresariales) se manifiesten en tiempos de campaña. Los partidos nos expropian a los ciudadanos ese derecho. Pero nada de eso importa -dicen los defensores de la partidocracia. Y no importa porque el pueblo no tiene recursos para financiar desplegados o comprar spots. A la gente llana le interesa el pan y su salario. Nada más. Stop. Pausa. Flashback a todo color: el padre de todos los pueblos, Stalin, muy serio y circunspecto, le pregunta a su jardinero: Iván, ¿a ti te interesa la libertad de prensa o el destino de los kulaks que están reeducándose en los campos de trabajo? La respuesta es contundente: no, padrecito Stalin, yo sólo quiero que me aumente mi salario.
Jaime Sánchez Susarrey, Reforma, 8 de diciembre.

El sector opuesto a la reforma electoral ha encontrado su núcleo en los medios electrónicos y en los amplios sectores sobre los que ejercen influencia. El hambre de dinero y de reflectores, o una inaceptable ingenuidad, han llevado a analistas de renombre a sumarse al intento de una azonada mediática con proporciones de un golpe de mano contra el Estado.
De las páginas de los periódicos y las señales televisivas surgió el reclamo de sumar amparos en contra de la reforma electoral, dejando de lado el principio de que no hay amparo posible contra la Constitución.
La demanda jurídica que en este sentido presentó el Consejo Coordinador Empresarial no es, en absoluto, “una vacilada”, como expresó el coordinador senatorial del PAN, Santiago Creel. El poder del dinero ha logrado adeptos en la Corte para su postura, quienes buscarán llevar este tema ante el tribunal. La acción del CCE representa, además, un punto de quiebre entre un importante sector del empresariado y Acción Nacional, que históricamente se asumió como su representante.
Roberto Rock, “Expedientes Abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.

De esta manera, se impide que los particulares, a su costa, opinen sobre los candidatos a puestos de elección popular o sobre los puntos de vista que éstos expongan. No se trata sólo de que ataquen o no a un candidato, sino de que influyan a favor de uno u otro. Si un candidato o un partido tiene ideas innovadoras, positivas, de progreso para la sociedad y el pueblo de México, no se le puede aplaudir a través de tiempos comprados en radio o televisión. Si —llevado al absurdo— un candidato o un partido propone establecer la pena de muerte en contra de una infracción de tránsito o suprimir garantías del gobernado, tampoco se puede opinar en contra de ello, en tiempos pagados en radio o televisión. Nadie podrá decir nada en estos espacios, ni siquiera con sus propios recursos.
Esto es una mordaza a la sociedad y a las organizaciones intermedias, sean de trabajadores, de patrones, de empresarios, de estudiantes, de académicos o de gremios profesionales. Nadie se salva.
No se puede opinar en contra ni en favor de las propuestas de un candidato, pues eso implicaría violar el nuevo texto del artículo de la Constitución que reduce de una manera drástica la libertad de expresión
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.