El tema comenzó a fluir prácticamente desde que se conoció la decisión de renovar escalonadamente a los actuales consejeros del IFE. En consecuencia los doce comentarios que se presentan a continuación, el 3.97% de los 302 sistematizados, constituyen una muestra de los antecedentes que confieren sentido al proceso de selección de los nuevos consejeros del Instituto.
Hace apenas poco más de cuatro años que los diputados de la legislatura anterior fracasaron a la hora de elegir un Consejo General del IFE con la suficiente legitimidad como para pasar la prueba de las conflictivas elecciones del 2006. Ahora, los nuevos diputados tienen la oportunidad de enmendarle la plana a sus predecesores. Entonces, el PRI engatusó al PAN. Le hizo promesas después incumplidas y los de Acción Nacional creyeron que ese era el momento de conseguir un consejo relativamente dócil y sin la influencia del PRD, cuyos diputados se empecinaron en sus propuestas, no hicieron flexibles sus posturas y finalmente se quedaron sin consejeros confiables para sus intereses. El principal perjudicado por aquella maniobra fue el PAN, que pagó, y sigue pagando, su error con el déficit de legitimidad del triunfo de su candidato a la Presidencia de la República el año pasado.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Más allá de los malabares, el interés de las tres principales fuerzas políticas por imponer al inminente sucesor de Ugalde empezó a rebullir apenas concluyó el proceso electoral del 2006, cuando se descorrió por completo el velo que cubría precariamente la parcialidad y la incompetencia del Consejo General de un instituto que, según el artículo 41 de la Carta Magna, debe ser “independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño”.
Los partidos se abocaron a encontrar candidatos al mismo tiempo que en la calle, la plaza pública, las cámaras legislativas y los medios de información sostenían el mentiroso discurso de que, de acordarse una poda en el IFE, ellos no meterían las manos en un proceso que en su opinión debe estar en manos de los ciudadanos. Y fingieron amnesia o se hicieron los locos para no admitir su participación —todos menos el PRD— en la designación de Ugalde y compañía.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Hace cuatro años se eligió al actual Consejo del IFE, con el voto de dos partidos y otro en contra; al día siguiente el partido que votó en contra impugnó el nombramiento y nació un consejo cuestionado de origen, sin que esto tenga que ver con la calidad y capacidad de sus integrantes. En buena medida esta fue una razón de su sustitución. Ahora no podríamos cometer ese error. Debemos presentar a quienes garanticen el voto a favor de al menos 90% del Congreso, y ello requiere acuerdos políticos que tienen que ver con nombres que son percibidos como imparciales. Estos acuerdos se dan en junta.
Este es el mayor cuestionamiento que se ha hecho al proceso, si no fuera propuesta de la junta al pleno no cumpliríamos con el mandato constitucional que establece que es a propuesta de los grupos parlamentarios. La junta propone, quien elige son los 500 diputados por cédula y en voto secreto. Al final lo que importa es el resultado: un consejo con capacidad, credibilidad y el mayor consenso posible, ese es nuestro compromiso y nuestro reto en estas próximas semanas
Héctor Larios Córdova, El Universal, 24 de noviembre.
Como ya hemos descrito en este espacio, el modelo de IFE que fue diseñado en 1996 tenía como propósito doble lograr que, cediendo la autonomía y la pluralidad (que se vio reflejada en la integración del Consejo General), el régimen (o sea, el PRI en el poder) no perdiera el control y la operación ejecutiva del arbitraje político y los procesos electorales. En dicho modelo, la solución que el PRI inventó fue separar las facultades de dirección entre el presidente y un secretario ejecutivo que debió operar de manera cotidiana sin el escrutinio de la sociedad o, incluso, de los partidos políticos de oposición.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 26 de noviembre.
La experiencia del consejo anterior demuestra cuál es el camino que no debiera repetirse. En la última elección de consejeros se cometieron dos errores: el primero fue haber excluido a la izquierda del acuerdo. Desde ese momento el nuevo consejo nació con un déficit de legitimidad y con sospechas de que estaría manipulado por una parte de las fuerzas políticas. El segundo fue que, al final, ante la ausencia de una figura de peso suficiente, se escogió a un presidente cuyo peso específico en ese momento era para ser consejero, pero no para ser presidente.
Conviene recordar que entonces, en un momento en que la izquierda en la Cámara de Diputados tenía un bajo tercer lugar, el PRI y el PAN habían aceptado que dos de los consejeros fueran propuestos por el PRD y que el presidente del IFE fuera un ciudadano aceptado por los tres partidos políticos; en ese momento, quien reunía las características necesarias para ser presidente era Diego Valadés. Ese acuerdo no prosperó, por algunos errores que cometió el propio PRD y por la reacción oportunista y de agandalle de los otros partidos. La exclusión de la izquierda y el agandalle marcaron negativamente esa decisión y contribuyeron a la deslegitimación de la elección. Eso no debiera repetirse
Manuel Camacho Solís, El Universal, 26 de noviembre.
El modelo era bueno en teoría, y en la práctica fue muy resistente. Pero al fin de cuentas, la mayoría de los consejeros electorales (Cantú, Cárdenas, Lujambio, Molinar, Merino, Zebadúa) lograron llevar a cabo cambios, forzando la sustitución y luego la subordinación del secretario ejecutivo al Consejo General contra una minoría que se oponía a poner a prueba los alcances democráticos del IFE (Barragán, Peschard, Woldenberg). A esto se sumó, bajo la misma lógica y alineación de fuerzas, el fortalecimiento de las comisiones y la neutralización política del contralor interno, que fue utilizado como el último bastión del antiguo régimen.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 26 de noviembre.
Todo comenzó con la cuestionada y polémica elección de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del IFE.
Los años maravillosos de José Woldenberg habían llegado a su final. Y en eso quedaron.
El 31 de octubre de 2003 las bancadas de PAN y PRI hicieron mancuerna, y con 355 votos de un total de 440 diputados presentes en el salón de sesiones empujaron a Ugalde y a la actual planilla de consejeros.
Parecía la conclusión de un capítulo difícil en el que el PRD objetó hasta el final esa planilla. En aquel momento Germán Martínez Cázares era el jefe de la bancada del PAN y Pablo Gómez estaba al frente del grupo perredista.
En el camino se quedaron propuestas como la de Alonso Lujambio, José Antonio Crespo, Clara Jusidman o Leonardo Valadés, por ejemplo. El acuerdo de PAN y PRI fue a favor de Ugalde, quien entró al IFE con una abultada cartera de credenciales académicas, que no le sirvieron de mucho a la hora de enfrentar el colapso de los resultados de la elección presidencial en 2006.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”; El Financiero, 29 de noviembre.
Hace poco más de cuatro años, el 30 de noviembre de 2003, los diputados del PRI, el PAN y el Partido Verde designaron al actual Consejo General del IFE, presidido por Luis Carlos Ugalde. El acuerdo entre esas fuerzas políticas excluyó al PRD, al PT y a Convergencia, que respaldaban la reelección de al menos dos de los anteriores consejeros, por ser los que ellos identificaban con sus convicciones partidistas.
Elba Esther Gordillo, entonces líder de los diputados del PRI, convenció a los legisladores del PAN, por medio del diputado Germán Marínez Cázares, que aprobaran con sus votos la designación, dejaran fuera del acuerdo al PRD y se repartieran los asientos del Consejo General del IFE. De manera que el tricolor se quedó con cinco consejeros afines (Ugalde, Virigilio Andrade, Lourdes López Flores, Alejandra Latapí y Marco Antonio Gómez Alcántara); y el blanquiazul con cuatro (A r t uro Sánchez, Andrés Albo, Teresa de Jesús Luna y Rodrigo Morales).
Aquella decisión generó un problema de ilegitimidad de origen que contrastaba con lo ocurrido siete años antes, el 31 de octubre de 1996, cuando José Woldenberg fue designado como presidente del primer IFE “ciudadanizado” con la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
De manera que hace cuatro años, Ugalde empezó mal lo que hoy termina mal después de una elección presidencial gravemente cuestionada que, al final de cuentas, ha dado lugar a su cese.
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 3 de diciembre.
No con escasa frecuencia, la criticada proclividad de analistas y comunicadores a “pensar mal” cuando de explicar avances legislativos, sociales o político-partidistas relevantes se trata ha llevado a algunos a suponer la existencia de “arreglos en el más alto nivel” entre el gobierno en turno y los más poderosos grupos del priismo, el que lideran Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en particular.
Tampoco son pocos los panistas que han lamentado la innegable cercanía del régimen con destacados priistas —Elba Esther Gordillo es sólo un ejemplo y, más, la explícita orden, presuntamente de la casa presidencial, de “no hacer nada que lesione la relación con ellos…” y que, en algún momento, llegó a la precisión de “no tocar a Ulises ni a González Parás u otros gobernadores de extracción tricolor…”
Así ocurrió cuando se buscó explicar la “condicionante” que para sacar adelante la reforma fiscal oficial constituía la previa aprobación de la propuesta priista-perredista de cambio electoral, la cual, entre otras cosas, puso en entredicho la autonomía del IFE y “crucificó” a tres de sus nueve consejeros, el presidente Luis Carlos Ugalde entre ellos, o bien en elecciones como las más recientes de Puebla capital o Michoacán, que finalmente se perdieron.
Enrique Aranda Pedroza, “De naturaleza política”, Excélsior, 2 de diciembre.
En la emergencia de 1994 convenimos con el titular de Gobernación, Jorge Carpizo, un método de consenso. Afloraron listas de personalidades afines a los partidos o francamente irrelevantes. A los voceros de aquel PRD se nos ocurrió adelantar una relación de ilustres intelectuales a fin de probar la existencia de ciudadanos difícilmente controlables. El secretario respondió —con indignación magisterial—: “¡Esto es la República de las Letras!”.
Prosiguió el intenso debate sobre perfiles, hasta obtener resultados memorables. A principios de 1996 volvimos a padecer los embates del “cuotismo”, encabezados por Castillo Peraza, que categóricamente rechazamos. Nuestros sucesores alcanzaron un acuerdo razonable en el que mezclaron simpatías partidarias y competencias profesionales.
La selección de 2003 fue el colmo de la patología foxiana. Injerencia descarada de Los Pinos a través de la coordinación parlamentaria del PRI a cambio de una reforma fiscal frustrada y en preparación de una defraudación electoral consumada. El cese de los comisarios más notorios del entuerto sólo tendría sentido si les reemplaza por consejeros probadamente incorruptibles
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, El Universal, 7 de diciembre.
Quienes hoy descalifican de antemano el proceso de conformación del nuevo Consejo del IFE no dieron importancia a que en 2003 las cuotas era algo más que claro. Que incluso Ugalde tuviera una larga trayectoria priista, que intentó ocultar mintiendo al respecto. Y que los consejeros propuestos por el PAN tuvieran vínculos de estrecha amistad con Felipe Calderón o con miembros de su equipo cercano. ¿Por qué no les preocupó en aquel entonces lo que ahora es motivo de su inquietud? En muchos casos, porque profesaban un profundo antiperredismo o antipejismo y hasta les alegró que el PRD quedara excluido de la negociación (que el PRI y el PAN pudieron haber remediado, de haberlo querido, pues hubo tiempo suficiente para ello, así como el retiro de las pretensiones perredistas). Esta corriente de opinión hoy considera que la renovación del IFE es una concesión gravosa al PRD (mientras, en el otro extremo de la gama, Andrés López Obrador absurdamente la ve como parte del “contubernio PAN-PRI”). Hoy, a la descalificación anticipada del nuevo Consejo General por parte de los antipejistas, se han sumado muchos dueños, directivos, representantes, voceros y conductores de los consorcios mediáticos, que nunca antes habían mostrado mayor preocupación por la ya vieja partidización del IFE. Seguramente sus ataques responden a que vieron en este asunto un flanco adecuado para desquitarse del golpe económico (y político) que les propinó el Congreso a través de la reforma electoral. Por ello dedicaron tanto tiempo y espacio a divulgar el tele-culebrón de Ugalde, en el que defendía a capa y espada su redituable cargo. Por ello es que esos críticos han decidido ya poner a los nuevos consejeros sean quienes sean y antes de saber quiénes serán la etiqueta partidista que haga falta para “demostrar” que prevalecieron las cuotas. Podría ocurrir, desde luego, pero no ha ocurrido. Por ejemplo, daban por hecho que Jorge Alcocer sería el presidente, pero se les cayó esa apetitosa oportunidad para destazar al nuevo IFE. Como quiera, afilan sus cuchillos para lanzarse sobre el nuevo Consejo General, con lo que irónicamente dificultarán la difícil empresa de recuperar su prestigio y credibilidad, tan mermados después del infortunado paso de Ugalde por esa institución
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 7 de diciembre.
Los vetos, la beligerancia de la comisión que entrevistó a los candidatos para nuevos consejeros y la mutua desconfianza entre los dirigentes partidistas hacen recordar octubre de 2003, cuando la miopía de los actores dio paso a un IFE fracturado, sembrando la semilla de la crisis que en 2006 puso al país en peligro.
Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, por el PRI, así como Pablo Gómez, por el PRD, fueron los protagonistas de ese capítulo de necedad política. Por el PAN, el responsable cobró este sábado nueva notoriedad. Germán Martínez, entonces coordinador de la bancada panista y hombre de las confianzas de Felipe Calderón, mantiene esta última condición, por la cual llegó a la presidencia de Acción Nacional.
Dos testigos clave de esta historia están en condición ahora de influir para que no se repita: Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, líderes de PRI y PRD en el Senado, fueron en aquellos años miembros relevantes de sus respectivas bancadas en San Lázaro.
Roberto Rock, “Expedientes abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.
Hace apenas poco más de cuatro años que los diputados de la legislatura anterior fracasaron a la hora de elegir un Consejo General del IFE con la suficiente legitimidad como para pasar la prueba de las conflictivas elecciones del 2006. Ahora, los nuevos diputados tienen la oportunidad de enmendarle la plana a sus predecesores. Entonces, el PRI engatusó al PAN. Le hizo promesas después incumplidas y los de Acción Nacional creyeron que ese era el momento de conseguir un consejo relativamente dócil y sin la influencia del PRD, cuyos diputados se empecinaron en sus propuestas, no hicieron flexibles sus posturas y finalmente se quedaron sin consejeros confiables para sus intereses. El principal perjudicado por aquella maniobra fue el PAN, que pagó, y sigue pagando, su error con el déficit de legitimidad del triunfo de su candidato a la Presidencia de la República el año pasado.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Más allá de los malabares, el interés de las tres principales fuerzas políticas por imponer al inminente sucesor de Ugalde empezó a rebullir apenas concluyó el proceso electoral del 2006, cuando se descorrió por completo el velo que cubría precariamente la parcialidad y la incompetencia del Consejo General de un instituto que, según el artículo 41 de la Carta Magna, debe ser “independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño”.
Los partidos se abocaron a encontrar candidatos al mismo tiempo que en la calle, la plaza pública, las cámaras legislativas y los medios de información sostenían el mentiroso discurso de que, de acordarse una poda en el IFE, ellos no meterían las manos en un proceso que en su opinión debe estar en manos de los ciudadanos. Y fingieron amnesia o se hicieron los locos para no admitir su participación —todos menos el PRD— en la designación de Ugalde y compañía.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Hace cuatro años se eligió al actual Consejo del IFE, con el voto de dos partidos y otro en contra; al día siguiente el partido que votó en contra impugnó el nombramiento y nació un consejo cuestionado de origen, sin que esto tenga que ver con la calidad y capacidad de sus integrantes. En buena medida esta fue una razón de su sustitución. Ahora no podríamos cometer ese error. Debemos presentar a quienes garanticen el voto a favor de al menos 90% del Congreso, y ello requiere acuerdos políticos que tienen que ver con nombres que son percibidos como imparciales. Estos acuerdos se dan en junta.
Este es el mayor cuestionamiento que se ha hecho al proceso, si no fuera propuesta de la junta al pleno no cumpliríamos con el mandato constitucional que establece que es a propuesta de los grupos parlamentarios. La junta propone, quien elige son los 500 diputados por cédula y en voto secreto. Al final lo que importa es el resultado: un consejo con capacidad, credibilidad y el mayor consenso posible, ese es nuestro compromiso y nuestro reto en estas próximas semanas
Héctor Larios Córdova, El Universal, 24 de noviembre.
Como ya hemos descrito en este espacio, el modelo de IFE que fue diseñado en 1996 tenía como propósito doble lograr que, cediendo la autonomía y la pluralidad (que se vio reflejada en la integración del Consejo General), el régimen (o sea, el PRI en el poder) no perdiera el control y la operación ejecutiva del arbitraje político y los procesos electorales. En dicho modelo, la solución que el PRI inventó fue separar las facultades de dirección entre el presidente y un secretario ejecutivo que debió operar de manera cotidiana sin el escrutinio de la sociedad o, incluso, de los partidos políticos de oposición.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 26 de noviembre.
La experiencia del consejo anterior demuestra cuál es el camino que no debiera repetirse. En la última elección de consejeros se cometieron dos errores: el primero fue haber excluido a la izquierda del acuerdo. Desde ese momento el nuevo consejo nació con un déficit de legitimidad y con sospechas de que estaría manipulado por una parte de las fuerzas políticas. El segundo fue que, al final, ante la ausencia de una figura de peso suficiente, se escogió a un presidente cuyo peso específico en ese momento era para ser consejero, pero no para ser presidente.
Conviene recordar que entonces, en un momento en que la izquierda en la Cámara de Diputados tenía un bajo tercer lugar, el PRI y el PAN habían aceptado que dos de los consejeros fueran propuestos por el PRD y que el presidente del IFE fuera un ciudadano aceptado por los tres partidos políticos; en ese momento, quien reunía las características necesarias para ser presidente era Diego Valadés. Ese acuerdo no prosperó, por algunos errores que cometió el propio PRD y por la reacción oportunista y de agandalle de los otros partidos. La exclusión de la izquierda y el agandalle marcaron negativamente esa decisión y contribuyeron a la deslegitimación de la elección. Eso no debiera repetirse
Manuel Camacho Solís, El Universal, 26 de noviembre.
El modelo era bueno en teoría, y en la práctica fue muy resistente. Pero al fin de cuentas, la mayoría de los consejeros electorales (Cantú, Cárdenas, Lujambio, Molinar, Merino, Zebadúa) lograron llevar a cabo cambios, forzando la sustitución y luego la subordinación del secretario ejecutivo al Consejo General contra una minoría que se oponía a poner a prueba los alcances democráticos del IFE (Barragán, Peschard, Woldenberg). A esto se sumó, bajo la misma lógica y alineación de fuerzas, el fortalecimiento de las comisiones y la neutralización política del contralor interno, que fue utilizado como el último bastión del antiguo régimen.
Emilio Zebadúa, “Observatorio Global”, Crónica, 26 de noviembre.
Todo comenzó con la cuestionada y polémica elección de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del IFE.
Los años maravillosos de José Woldenberg habían llegado a su final. Y en eso quedaron.
El 31 de octubre de 2003 las bancadas de PAN y PRI hicieron mancuerna, y con 355 votos de un total de 440 diputados presentes en el salón de sesiones empujaron a Ugalde y a la actual planilla de consejeros.
Parecía la conclusión de un capítulo difícil en el que el PRD objetó hasta el final esa planilla. En aquel momento Germán Martínez Cázares era el jefe de la bancada del PAN y Pablo Gómez estaba al frente del grupo perredista.
En el camino se quedaron propuestas como la de Alonso Lujambio, José Antonio Crespo, Clara Jusidman o Leonardo Valadés, por ejemplo. El acuerdo de PAN y PRI fue a favor de Ugalde, quien entró al IFE con una abultada cartera de credenciales académicas, que no le sirvieron de mucho a la hora de enfrentar el colapso de los resultados de la elección presidencial en 2006.
Jesús Sánchez, “Recuento Político”; El Financiero, 29 de noviembre.
Hace poco más de cuatro años, el 30 de noviembre de 2003, los diputados del PRI, el PAN y el Partido Verde designaron al actual Consejo General del IFE, presidido por Luis Carlos Ugalde. El acuerdo entre esas fuerzas políticas excluyó al PRD, al PT y a Convergencia, que respaldaban la reelección de al menos dos de los anteriores consejeros, por ser los que ellos identificaban con sus convicciones partidistas.
Elba Esther Gordillo, entonces líder de los diputados del PRI, convenció a los legisladores del PAN, por medio del diputado Germán Marínez Cázares, que aprobaran con sus votos la designación, dejaran fuera del acuerdo al PRD y se repartieran los asientos del Consejo General del IFE. De manera que el tricolor se quedó con cinco consejeros afines (Ugalde, Virigilio Andrade, Lourdes López Flores, Alejandra Latapí y Marco Antonio Gómez Alcántara); y el blanquiazul con cuatro (A r t uro Sánchez, Andrés Albo, Teresa de Jesús Luna y Rodrigo Morales).
Aquella decisión generó un problema de ilegitimidad de origen que contrastaba con lo ocurrido siete años antes, el 31 de octubre de 1996, cuando José Woldenberg fue designado como presidente del primer IFE “ciudadanizado” con la aprobación unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
De manera que hace cuatro años, Ugalde empezó mal lo que hoy termina mal después de una elección presidencial gravemente cuestionada que, al final de cuentas, ha dado lugar a su cese.
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran angular”, El Gráfico, 3 de diciembre.
No con escasa frecuencia, la criticada proclividad de analistas y comunicadores a “pensar mal” cuando de explicar avances legislativos, sociales o político-partidistas relevantes se trata ha llevado a algunos a suponer la existencia de “arreglos en el más alto nivel” entre el gobierno en turno y los más poderosos grupos del priismo, el que lideran Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en particular.
Tampoco son pocos los panistas que han lamentado la innegable cercanía del régimen con destacados priistas —Elba Esther Gordillo es sólo un ejemplo y, más, la explícita orden, presuntamente de la casa presidencial, de “no hacer nada que lesione la relación con ellos…” y que, en algún momento, llegó a la precisión de “no tocar a Ulises ni a González Parás u otros gobernadores de extracción tricolor…”
Así ocurrió cuando se buscó explicar la “condicionante” que para sacar adelante la reforma fiscal oficial constituía la previa aprobación de la propuesta priista-perredista de cambio electoral, la cual, entre otras cosas, puso en entredicho la autonomía del IFE y “crucificó” a tres de sus nueve consejeros, el presidente Luis Carlos Ugalde entre ellos, o bien en elecciones como las más recientes de Puebla capital o Michoacán, que finalmente se perdieron.
Enrique Aranda Pedroza, “De naturaleza política”, Excélsior, 2 de diciembre.
En la emergencia de 1994 convenimos con el titular de Gobernación, Jorge Carpizo, un método de consenso. Afloraron listas de personalidades afines a los partidos o francamente irrelevantes. A los voceros de aquel PRD se nos ocurrió adelantar una relación de ilustres intelectuales a fin de probar la existencia de ciudadanos difícilmente controlables. El secretario respondió —con indignación magisterial—: “¡Esto es la República de las Letras!”.
Prosiguió el intenso debate sobre perfiles, hasta obtener resultados memorables. A principios de 1996 volvimos a padecer los embates del “cuotismo”, encabezados por Castillo Peraza, que categóricamente rechazamos. Nuestros sucesores alcanzaron un acuerdo razonable en el que mezclaron simpatías partidarias y competencias profesionales.
La selección de 2003 fue el colmo de la patología foxiana. Injerencia descarada de Los Pinos a través de la coordinación parlamentaria del PRI a cambio de una reforma fiscal frustrada y en preparación de una defraudación electoral consumada. El cese de los comisarios más notorios del entuerto sólo tendría sentido si les reemplaza por consejeros probadamente incorruptibles
Porfirio Muñoz Ledo, “Bitácora Republicana”, El Universal, 7 de diciembre.
Quienes hoy descalifican de antemano el proceso de conformación del nuevo Consejo del IFE no dieron importancia a que en 2003 las cuotas era algo más que claro. Que incluso Ugalde tuviera una larga trayectoria priista, que intentó ocultar mintiendo al respecto. Y que los consejeros propuestos por el PAN tuvieran vínculos de estrecha amistad con Felipe Calderón o con miembros de su equipo cercano. ¿Por qué no les preocupó en aquel entonces lo que ahora es motivo de su inquietud? En muchos casos, porque profesaban un profundo antiperredismo o antipejismo y hasta les alegró que el PRD quedara excluido de la negociación (que el PRI y el PAN pudieron haber remediado, de haberlo querido, pues hubo tiempo suficiente para ello, así como el retiro de las pretensiones perredistas). Esta corriente de opinión hoy considera que la renovación del IFE es una concesión gravosa al PRD (mientras, en el otro extremo de la gama, Andrés López Obrador absurdamente la ve como parte del “contubernio PAN-PRI”). Hoy, a la descalificación anticipada del nuevo Consejo General por parte de los antipejistas, se han sumado muchos dueños, directivos, representantes, voceros y conductores de los consorcios mediáticos, que nunca antes habían mostrado mayor preocupación por la ya vieja partidización del IFE. Seguramente sus ataques responden a que vieron en este asunto un flanco adecuado para desquitarse del golpe económico (y político) que les propinó el Congreso a través de la reforma electoral. Por ello dedicaron tanto tiempo y espacio a divulgar el tele-culebrón de Ugalde, en el que defendía a capa y espada su redituable cargo. Por ello es que esos críticos han decidido ya poner a los nuevos consejeros sean quienes sean y antes de saber quiénes serán la etiqueta partidista que haga falta para “demostrar” que prevalecieron las cuotas. Podría ocurrir, desde luego, pero no ha ocurrido. Por ejemplo, daban por hecho que Jorge Alcocer sería el presidente, pero se les cayó esa apetitosa oportunidad para destazar al nuevo IFE. Como quiera, afilan sus cuchillos para lanzarse sobre el nuevo Consejo General, con lo que irónicamente dificultarán la difícil empresa de recuperar su prestigio y credibilidad, tan mermados después del infortunado paso de Ugalde por esa institución
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 7 de diciembre.
Los vetos, la beligerancia de la comisión que entrevistó a los candidatos para nuevos consejeros y la mutua desconfianza entre los dirigentes partidistas hacen recordar octubre de 2003, cuando la miopía de los actores dio paso a un IFE fracturado, sembrando la semilla de la crisis que en 2006 puso al país en peligro.
Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, por el PRI, así como Pablo Gómez, por el PRD, fueron los protagonistas de ese capítulo de necedad política. Por el PAN, el responsable cobró este sábado nueva notoriedad. Germán Martínez, entonces coordinador de la bancada panista y hombre de las confianzas de Felipe Calderón, mantiene esta última condición, por la cual llegó a la presidencia de Acción Nacional.
Dos testigos clave de esta historia están en condición ahora de influir para que no se repita: Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, líderes de PRI y PRD en el Senado, fueron en aquellos años miembros relevantes de sus respectivas bancadas en San Lázaro.
Roberto Rock, “Expedientes abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.
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