Al menos por el momento, la solicitud de amparo del Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral no ha prosperado. De este asunto se ocupan los últimos nueve comentarios, 11.11% de los 81 sistematizados para este tema.
No pasaron ni 48 horas para que un juez federal decidiera no admitir la demanda de amparo presentada por el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral. Era previsible: no se puede otorgar un amparo constitucional en contra de la misma Constitución. Ahora el presidente del Senado, Santiago Creel, llama a los empresarios al diálogo para explicarles que la reforma no viola la libertad de expresión. Pero los empresarios no quitan el dedo del renglón y ya anunciaron que agotarán todas las instancias legales. Todavía faltan muchos capítulos por escribirse de la reforma electoral.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de diciembre.
La negativa del XIV Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el DF, de otorgar un amparo al Consejo Coordinador Empresarial, en contra de las reformas a la ley electoral. Recuerde que ahora, grupos como el CCE no podrán comprar espacios publicitarios con propaganda negativa en contra de candidatos a cargos de elección popular
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 9 de diciembre.
El viernes pasado, un juez federal rechazó una solicitud de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las reformas constitucionales en el tema que comentamos. Por sus características, podría ser que este caso llegue a la Suprema Corte.
Algunos especialistas en derecho sostienen que el amparo no tendrá éxito, pues el Poder Judicial no concede protección a quienes se dicen afectados en su derecho por la propia Constitución. Aun así, la reforma al artículo 41 es tan arbitraria que vale la pena recorrer cualquier camino legal para echarla abajo. Uno de ellos podría ser el sistema interamericano de derechos humanos.
Es importante decir que la coincidencia con el CCE en la defensa de la garantía individual de libre expresión no es pecaminosa, pues se trata de pelear por un derecho que debería ser válido para cualquier mexicano, al margen de su ocupación o nivel de ingreso.
Pascal Beltrán del Río, “Bitácora del director”, Excélsior, 9 de diciembre.
Pero el Consejo Coordinador Empresarial se erige defensor de la libertad de expresión y habla en nombre de la sociedad. No del corporativismo cuyo fantasma mussoliniano recorre México. Interpone demanda de amparo contra las reformas a la Constitución en materia electoral. Un juez de distrito desechó dar entrada a la demanda por “notoriamente improcedente.” Irán a la Suprema Corte los que hace seis años decidieron poner en la Presidencia de la República a un gerente propio. Y lo sentaron en la metafórica silla, con el voto útil y el aplauso generalizado de la gente del común harta del PRI y decidida a sacarlo de Los Pinos a cualquier costo. Caro les costó el gobierno que no era de empresarios, sino de gerentillos, según juicio implacable de uno de los ricos más ricos de la comarca y de la globalidad. Más caro le costó al país
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 9 de diciembre.
El CCE solicitó amparo contra la reforma constitucional alegando que la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión es un ataque a las libertades de expresión y de información, que jamás habían estado en el horizonte de sus preocupaciones y que no resultan afectadas por la nueva legislación, cuyo propósito central es disminuir la influencia del dinero en los procesos electorales y no inhibir el debate público sobre partidos y candidatos pero evitando que sólo quienes puedan pagarlo participen en él.
De inmediato, el juez federal ante quien se presentó la demanda empresarial de garantías la desechó por notoriamente improcedente, pues el sentido común y la jurisprudencia de la Suprema Corte tienen establecido que las reformas a la Constitución no pueden ser recurridas por la vía del amparo. Los dirigentes privados acudirán a la revisión, la segunda instancia de ese juicio, pero pretenden que de ella no se ocupe un tribunal colegiado como corresponde, sino la propia Corte. Es de dudarse que el tribunal constitucional admita atraer el caso, salvo que sus ministros estén resueltos a minar aún más la confianza que deben inspirar a la sociedad. Sería, en efecto, un contraste muy agudo el que se establecería si admitieran el pedido de la cúpula empresarial después de que la primera sala de la Corte rechazó por mayoría de tres a dos la solicitud del Comité 68 de realizar la misma operación en el caso del ex presidente Luis Echeverría. Éste obtuvo en julio pasado un amparo contra la orden de aprehensión que lo involucra, como secretario de Gobernación que era, en la matanza del 2 de octubre de 1968. La revisión correspondiente está radicada en un tribunal de circuito y allí quedará, tras la decisión de los ministros a los que no pareció trascendente que en el caso se debata la responsabilidad por el asesinato de cientos de personas y esté involucrado un miembro del gabinete presidencial, que fue después jefe de Estado.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de diciembre.
Que para seguir en el tema, el descalabro judicial que sufrió el viernes el Consejo Coordinador Empresarial no desanimó a grupos y ciudadanos que, unidos o individualmente, interpondrán amparos contra las reformas al Cofipe por considerar que violan libertades básicas.
¿Cuántas demandas soportará el Cofipe?
“Trascendió”, Milenio, 10 de diciembre.
El viernes pasado, el juez décimo cuarto de distrito en materia administrativa, notificó que no admitiría la demanda de juicio de amparo interpuesta por el CCE, por considerarla improcedente.
Para el organismo tal escenario era previsible.
Y era previsible, dice, por la tendencia que existe por parte de los jueces federales de primera instancia, de abstenerse de conocer formalmente demandas de esta complejidad.
Los jueces federales han optado por dejar que sean instancias de mayor nivel las que se pronuncien al respecto.
Por eso el máximo organismo cúpula, anticipa que el amparo del CCE terminará por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gremio del sector privado considera que se trata simplemente del primer capítulo de una larga batalla.
El CCE —advierte— continuará impulsando, a través de los cauces institucionales, su derecho a defender no sólo la libertad de expresión y el derecho a la información, sino el régimen de garantías individuales consagrado en la Constitución.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.
Firme el dedo en el renglón, el Consejo Coordinador Empresarial presentó ayer un recurso de inconformidad contra la resolución de un juez de Distrito que rechazó por “notoriamente improcedente” una solicitud de amparo contra las reformas a la Ley Electoral aprobadas por el Congreso.
El volado apunta a que un tribunal colegiado analice en segunda instancia el asunto o que, dada su trascendencia, lo atraiga de éste la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo a los abogados de la cúpula de cúpulas, el problema no es la constitucionalidad de la reforma constitucional, sino la violación de derechos políticos de los hombres del dinero.
Se trata, pues, de un juicio de garantías que, juran, nada tiene que ver con los intereses de las televisoras.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 13 de diciembre.
La Coparmex obtuvo un triunfo pírrico e insiste en promover amparos en contra de la reforma constitucional en materia electoral, por lo que el Juzgado Primero de Distrito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, concedió una suspensión provisional, pero no decretó el incidente de “suspensión”, toda vez que no se solicita. Dentro de unos días, nos dicen abogados cercanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a dar el fallo y será negativo, al igual que lo harán con la promoción que hicieron un grupo de intelectuales en el mismo sentido, sólo que éstos actuaron, nos explican, con mucha ignorancia de las leyes, pues promovieron el amparo a destiempo. / Atrás están los dueños de los medios electrónicos, pues no hay ningún ataque a la libertad de expresión, como tampoco la defienden, ya que ninguno de ellos se ha visto impedido para ejercerla, nos comentan senadores que insisten en señalar que los intelectuales actuaron con mucha ingenuidad.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 24 de diciembre.
No pasaron ni 48 horas para que un juez federal decidiera no admitir la demanda de amparo presentada por el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral. Era previsible: no se puede otorgar un amparo constitucional en contra de la misma Constitución. Ahora el presidente del Senado, Santiago Creel, llama a los empresarios al diálogo para explicarles que la reforma no viola la libertad de expresión. Pero los empresarios no quitan el dedo del renglón y ya anunciaron que agotarán todas las instancias legales. Todavía faltan muchos capítulos por escribirse de la reforma electoral.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de diciembre.
La negativa del XIV Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el DF, de otorgar un amparo al Consejo Coordinador Empresarial, en contra de las reformas a la ley electoral. Recuerde que ahora, grupos como el CCE no podrán comprar espacios publicitarios con propaganda negativa en contra de candidatos a cargos de elección popular
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 9 de diciembre.
El viernes pasado, un juez federal rechazó una solicitud de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las reformas constitucionales en el tema que comentamos. Por sus características, podría ser que este caso llegue a la Suprema Corte.
Algunos especialistas en derecho sostienen que el amparo no tendrá éxito, pues el Poder Judicial no concede protección a quienes se dicen afectados en su derecho por la propia Constitución. Aun así, la reforma al artículo 41 es tan arbitraria que vale la pena recorrer cualquier camino legal para echarla abajo. Uno de ellos podría ser el sistema interamericano de derechos humanos.
Es importante decir que la coincidencia con el CCE en la defensa de la garantía individual de libre expresión no es pecaminosa, pues se trata de pelear por un derecho que debería ser válido para cualquier mexicano, al margen de su ocupación o nivel de ingreso.
Pascal Beltrán del Río, “Bitácora del director”, Excélsior, 9 de diciembre.
Pero el Consejo Coordinador Empresarial se erige defensor de la libertad de expresión y habla en nombre de la sociedad. No del corporativismo cuyo fantasma mussoliniano recorre México. Interpone demanda de amparo contra las reformas a la Constitución en materia electoral. Un juez de distrito desechó dar entrada a la demanda por “notoriamente improcedente.” Irán a la Suprema Corte los que hace seis años decidieron poner en la Presidencia de la República a un gerente propio. Y lo sentaron en la metafórica silla, con el voto útil y el aplauso generalizado de la gente del común harta del PRI y decidida a sacarlo de Los Pinos a cualquier costo. Caro les costó el gobierno que no era de empresarios, sino de gerentillos, según juicio implacable de uno de los ricos más ricos de la comarca y de la globalidad. Más caro le costó al país
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 9 de diciembre.
El CCE solicitó amparo contra la reforma constitucional alegando que la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión es un ataque a las libertades de expresión y de información, que jamás habían estado en el horizonte de sus preocupaciones y que no resultan afectadas por la nueva legislación, cuyo propósito central es disminuir la influencia del dinero en los procesos electorales y no inhibir el debate público sobre partidos y candidatos pero evitando que sólo quienes puedan pagarlo participen en él.
De inmediato, el juez federal ante quien se presentó la demanda empresarial de garantías la desechó por notoriamente improcedente, pues el sentido común y la jurisprudencia de la Suprema Corte tienen establecido que las reformas a la Constitución no pueden ser recurridas por la vía del amparo. Los dirigentes privados acudirán a la revisión, la segunda instancia de ese juicio, pero pretenden que de ella no se ocupe un tribunal colegiado como corresponde, sino la propia Corte. Es de dudarse que el tribunal constitucional admita atraer el caso, salvo que sus ministros estén resueltos a minar aún más la confianza que deben inspirar a la sociedad. Sería, en efecto, un contraste muy agudo el que se establecería si admitieran el pedido de la cúpula empresarial después de que la primera sala de la Corte rechazó por mayoría de tres a dos la solicitud del Comité 68 de realizar la misma operación en el caso del ex presidente Luis Echeverría. Éste obtuvo en julio pasado un amparo contra la orden de aprehensión que lo involucra, como secretario de Gobernación que era, en la matanza del 2 de octubre de 1968. La revisión correspondiente está radicada en un tribunal de circuito y allí quedará, tras la decisión de los ministros a los que no pareció trascendente que en el caso se debata la responsabilidad por el asesinato de cientos de personas y esté involucrado un miembro del gabinete presidencial, que fue después jefe de Estado.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de diciembre.
Que para seguir en el tema, el descalabro judicial que sufrió el viernes el Consejo Coordinador Empresarial no desanimó a grupos y ciudadanos que, unidos o individualmente, interpondrán amparos contra las reformas al Cofipe por considerar que violan libertades básicas.
¿Cuántas demandas soportará el Cofipe?
“Trascendió”, Milenio, 10 de diciembre.
El viernes pasado, el juez décimo cuarto de distrito en materia administrativa, notificó que no admitiría la demanda de juicio de amparo interpuesta por el CCE, por considerarla improcedente.
Para el organismo tal escenario era previsible.
Y era previsible, dice, por la tendencia que existe por parte de los jueces federales de primera instancia, de abstenerse de conocer formalmente demandas de esta complejidad.
Los jueces federales han optado por dejar que sean instancias de mayor nivel las que se pronuncien al respecto.
Por eso el máximo organismo cúpula, anticipa que el amparo del CCE terminará por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gremio del sector privado considera que se trata simplemente del primer capítulo de una larga batalla.
El CCE —advierte— continuará impulsando, a través de los cauces institucionales, su derecho a defender no sólo la libertad de expresión y el derecho a la información, sino el régimen de garantías individuales consagrado en la Constitución.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.
Firme el dedo en el renglón, el Consejo Coordinador Empresarial presentó ayer un recurso de inconformidad contra la resolución de un juez de Distrito que rechazó por “notoriamente improcedente” una solicitud de amparo contra las reformas a la Ley Electoral aprobadas por el Congreso.
El volado apunta a que un tribunal colegiado analice en segunda instancia el asunto o que, dada su trascendencia, lo atraiga de éste la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo a los abogados de la cúpula de cúpulas, el problema no es la constitucionalidad de la reforma constitucional, sino la violación de derechos políticos de los hombres del dinero.
Se trata, pues, de un juicio de garantías que, juran, nada tiene que ver con los intereses de las televisoras.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 13 de diciembre.
La Coparmex obtuvo un triunfo pírrico e insiste en promover amparos en contra de la reforma constitucional en materia electoral, por lo que el Juzgado Primero de Distrito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, concedió una suspensión provisional, pero no decretó el incidente de “suspensión”, toda vez que no se solicita. Dentro de unos días, nos dicen abogados cercanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a dar el fallo y será negativo, al igual que lo harán con la promoción que hicieron un grupo de intelectuales en el mismo sentido, sólo que éstos actuaron, nos explican, con mucha ignorancia de las leyes, pues promovieron el amparo a destiempo. / Atrás están los dueños de los medios electrónicos, pues no hay ningún ataque a la libertad de expresión, como tampoco la defienden, ya que ninguno de ellos se ha visto impedido para ejercerla, nos comentan senadores que insisten en señalar que los intelectuales actuaron con mucha ingenuidad.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 24 de diciembre.
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