Rafaela Franco Flores, juez quinta de distrito en materia administrativa, se negó a admitir a trámite la demanda presentada por Héctor Aguilar Camín, Francisco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Gerardo Estrada, Jorge Fernández Menéndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León y Miguel Limón Rojas, entre otros.
El acuerdo de la juez, notificado ayer, no detalla las razones del desechamiento.
Sin embargo, casi todos los juzgadores que han desechado amparos similares lo han hecho porque tienen que cumplir la jurisprudencia dictada en 2002 por la Suprema Corte de Justicia, que señala que los procedimientos de reforma a la Constitución no son susceptibles de control externo alguno, es decir, que el Poder Judicial no puede revisarlos.
Los quejosos tienen 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión, que será enviado a un tribunal colegiado de circuito, y probablemente a la Corte.
Otros firmantes de la demanda fueron Federico Reyes Heroles, Ángeles Mastreta, José Roldán, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Jesús Silva-Herzog Márquez, Leo Zuckerman, Isabel Turrent y Ramón Xirau.
Impugnaron el artículo 41 de la Constitución, que ahora prohíbe a particulares contratar propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales, pues consideran que viola la garantía de libre expresión.
Hasta ahora, los jueces federales han desechado más de 80 amparos similares, promovidos en su mayoría por organismos empresariales. Hoy también fue rechazada la demanda de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia.
La única excepción fue el juez primero de distrito en Tamaulipas, Gonzalo Carrillo de León, quien el 17 de diciembre admitió a trámite el amparo del Centro Empresarial de Ciudad Victoria y emplazó a juicio a todas las autoridades involucradas en la aprobación de la reforma constitucional.
También fueron presentados, entre lunes y miércoles de esta semana, los primeros recursos de revisión contra amparos desechados, en las demandas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco-Servytur.
Los recursos fueron turnados a los tribunales colegiados en materia administrativa, que están de vacaciones. Los magistrados tendrán que decidir si se limitan a aplicar la jurisprudencia de la Corte, o si envían a ésta los expedientes para que revise su propio criterio.
De los ocho ministros que aprobaron la jurisprudencia en septiembre de 2002, solo cuatro siguen en la Corte.
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