A continuación presentamos los 24 comentarios que se produjeron en las últimas semanas sobre la actuación de los legisladores en el contexto de la difusión de la convocatoria y el proceso para elegir a los 39 finalistas a ocupar las tres vacantes para consejero del IFE. Como apreciará el lector, entre estos comentarios aparecen algunos de los mismos legisladores mismos que, a querer o no, contrastan con las opiniones del resto.
El control del IFE aparece como el objetivo inmediato de Manlio Fabio Beltrones. Su intención de impulsar a candidatos que le son afines para la presidencia y las dos consejerías electorales que están por renovarse exhibe que detrás de la celebrada reforma electoral siempre estuvo presente la idea de armar un IFE “a modo” para su proyecto político. No se entiende de otro modo la maniobra por la que esta semana logró que se eliminaran los candados que impedían a personajes como Jorge Alcocer, redactor de los cambios electorales, aspirar a ser parte del organismo electoral
Salvador García Soto, “Serpientes y escaleras”, El Universal, 17 de noviembre.
Habrá quien o quienes estén dispuestos a suceder a Luis Carlos Ugalde, sin duda. Pero a los diputados les va a costar trabajo liberar de la sospecha al que designen. Carácter es destino, dice el clásico, y si nuestros egregios parlamentarios legislaron en este preciso asunto con redomado egoísmo e intransigencia, el fruto de sus indagaciones y de su decisión en el consejero presidente, les puede deparar sorpresas truculentas.
Se los dijo el primero de los apuntados a la presidencia del IFE, cuando aún no se publica la convocatoria, el ingeniero Arturo Martínez Nateras: que demuestren que cumplirán con la consulta y que por encima de los grupos de poder, no se otorgue el cargo “como premio de consolación o servidumbre”.
Jorge Medina Viedas, Milenio, 18 de noviembre.
No me cabe duda de que los políticos estén buscando jalar agua a su molino en el proceso de designación y poner a personas de confianza, de uno u otro bando. Sería un error nombrar a un presidente con sombra de parcialidad. No sería un buen candidato, desde luego, algún empleado de legisladores actuales, o alguien identificado con posiciones partidistas específicas. Por eso creo que un académico reconocido y con experiencia electoral, como Merino, sería la mejor opción para el arreglo democrático.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Envuelto en celofán de transparencia y adornado con moñitos de “participación ciudadana”, el proceso para elegir a nuevos consejeros del IFE terminará siendo una decisión cupular de los tres grandes partidos. No será, dicen ellos, el reparto descarado de cuotas del pasado, especialmente el ocurrido en 2003, pero tampoco será un procedimiento claro y mucho menos la “consulta ciudadana” que quedó establecida en la reforma constitucional.
La “no objeción” será el método con que los coordinadores de PRI, PAN y PRD tratarán de llegar a “nombramientos consensuados”, porque ni siquiera darán voto o veto a las bancadas minoritarias. De los nombres que se inscriban —unos ingenuamente, otros por convicción y los más inducidos— sobrevivirán sólo los que interesen a los partidos. Los criterios, en teoría legales —de independencia, conocimiento y experiencia en la materia—, en los hechos y en las reuniones a puerta cerrada donde se hará la selección, darán paso a los perfiles que convengan a las fuerzas políticas
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 22 de noviembre.
La convocatoria está siendo ampliamente difundida y establece un plazo de diez días (del 21 al 30 de noviembre del presente) para que se registren como candidatos todos los ciudadanos que lo deseen. Es importante señalar que la convocatoria da cumplimiento a varios aspectos centrales de la reforma constitucional:
El primero sería el de realizar una amplia consulta a la ciudadanía, mediante un proceso abierto a ciudadanos y a organizaciones de la sociedad para registrar candidatos, con publicación diaria de los registrados, entrevistas públicas a los candidatos y la posibilidad a los ciudadanos de hacer valer sus objeciones y opiniones ante los órganos competentes (en la primera fase ante la Comisión de Gobernación, y en la segunda ante la Junta de Coordinación Política).
La convocatoria da forma así a un proceso legal y preciso, al establecer con claridad y certidumbre los requisitos, la documentación, los impedimentos, etcétera, para los candidatos. La Comisión de Gobernación verificará los expedientes de cada uno y para ello podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.
La convocatoria le da un lugar preponderante a la transparencia, no sólo de los evaluadores, sus métodos y criterios, sino también de los aspirantes: nadie podrá sacarse a un candidato de la manga, pues cada uno de ellos pondrá sobre la mesa, a la vista de todos, sus conocimientos, su experiencia, su prestigio y reconocimiento, así como su trayectoria. Es fundamental el requisito de presentar un ensayo sobre las recientes reformas electorales.
Diódoro Carrasco, Milenio, 22 de noviembre.
Así, se eliminó la propuesta original de “ciudadanizar” la designación de los consejeros, que serán electos por los tres protagonistas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los coordinadores del PAN, PRI y PRD.
Y todo con un plazo perentorio de veinte días; el 13 de diciembre, esa junta habrá de dar a conocer a los tres nuevos consejeros del IFE, entre ellos a su presidente.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para elegirlos, mientras se trabajaba en las reformas al Cofipe, como ley reglamentaria, básicamente de los dos párrafos de la fracción segunda del artículo 41 constitucional, desde donde buscan introducir lo que no pudieron en su reforma constitucional: los controles a la libertad de expresión, aquellos que los senadores, en particular Jesús Murillo Karam y Ricardo Monreal, me aseguraron públicamente que no irían en la reforma, como no fue, aunque nadie dijo, claro, que los meterían en su ley reglamentaria como han propuesto por escrito en los borradores del Cofipe.
En fin, que su proyecto de hacerse del IFE avanza, que buscan convertirlo en su instrumento y en una fiscalía para la sociedad y los medios.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 22 de noviembre.
El procedimiento, en cuanto venza el plazo de inscripción, será repasar nombre por nombre en la junta formada por los ocho coordinadores de San Lázaro. Bastará la objeción de uno de los tres grupos parlamentarios —PRI, PAN o PRD— para que un aspirante sea desechado de inmediato. Los que no tengan objeciones pasarán a una segunda lista que se irá depurando con el mismo procedimiento, intercalado con entrevistas a los aspirantes que sobrevivan, hasta llegar a tres nombres que serán electos, incluido el del consejero presidente del IFE.
Para llegar a ese mecanismo hubo fuertes diferencias y jaloneos entre los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados. En la reunión de cúpulas del Congreso, efectuada el martes 13 en la sede del Senado, hubo un momento en el que Héctor Larios, coordinador panista, estuvo a punto de reventar los acuerdos.
“La facultad es exclusiva de los diputados y el Senado nada tiene que ver”, sostenía el panista que rechazaba injerencia o acuerdos con los senadores en la designación de los consejeros. Sus propios compañeros del PAN, Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, le cuestionaron su radicalismo. “No vamos a ceder y si no les gusta háganle como quieran”, dijo Larios a punto de levantarse de la mesa. Fue Jesús Murillo el que le leyó a Larios una declaración suya en una reunión previa, lo que calmó la intransigencia del panista
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 22 de noviembre.
El cuento de la ciudadanización fue eso, un engaño, y ahora buscan a tres consejeros a su medida: uno para el PAN, otro para el PRI y un tercero para el PRD. Por eso han dicho que saldrán con el consenso de este “G-3”, el consenso de sus intereses para lo que han vulnerado la principal fortaleza del IFE: su autonomía e independencia, convirtiéndolo en un instrumento de la partidocracia.
Lo que todavía no sé es para qué, qué ocultan, cuál es el gran proyecto de poder que sus autores intelectuales esconden; qué hay detrás de este golpe.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 22 de noviembre.
De conjunto, la convocatoria nos encamina a un proceso fundamental de la democracia mexicana, proceso que está siendo altamente vigilado por la opinión pública, lo cual es muy positivo, dados los antecedentes inmediatos. Dar una respuesta contundente a la demanda ciudadana se logrará con a) una consulta ciudadana para elegir a los consejeros; b) un procedimiento legal con criterios explícitos; c) un proceso transparente en todas sus fases y d) la construcción de consensos que contribuyan a fortalecer las instituciones y nuestra vida democrática.
Diódoro Carrasco, Milenio, 22 de noviembre.
Si estamos en la democracia, ¿por qué entonces no se abre una consulta entre quienes tienen credencial de elector para dar sustento, vía internet, al nombramiento de consejeros del IFE? Sería un gran avance.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 22 de noviembre.
Las enmiendas a la Constitución para la llamada reforma electoral se publicaron en el Diario Oficial de la Federación apenas el 13 de noviembre. Pero ya esta semana los diputados hicieron una modificación importante a las reglas.
El artículo 4o. transitorio de las reformas constitucionales daba a la Cámara de Diputados el mandato para elegir a los nuevos consejeros y al presidente del IFE. Pero la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se dio a sí misma la facultad de realizar estas designaciones.
En un aparente desplante de apertura, la Junta permitirá que cualquiera pueda proponer candidaturas. Los mismos candidatos, de hecho, podrán postularse a sí mismos. Pero los diputados están tomando medidas para que quien llegue al nuevo IFE sea afín a una reforma electoral que las encuestas de opinión muestran ha sido impopular.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 22 de noviembre.
La selección de quienes deberán ocupar las sillas que en buena hora quedarán vacías en el referido órgano superior de dirección del instituto electoral ha sido motivo de una sorda pero ruda lucha, no directamente entre los partidos pero sí entre las bancadas de cada uno de éstos en las cámaras legislativas. La rebatiña se centra en la presidencia del Consejo, que es decir en la designación del hombre del pandero.
Por mera formalidad y como si se tratara de una broma anticipada por el Día de los Santos Inocentes, la convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos, quienes incluso tienen la posibilidad de auto-postularse, aunque en la práctica las designaciones no correrán por cuenta ni siquiera de los ocho miembros de la Junta de Coordinación Política sino de esos tres alegres compadres que son Héctor Larios, Javier González Garza y Emilio Gamboa, verdaderos capos de la representación popular.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Los partidos políticos en la Cámara de Diputados están jugando un póquer con las cartas tapadas. Ni el PRI ni el PAN ni el PRD quieren dar a conocer los nombres de los naipes que moverán finalmente en la negociación para la presidencia del IFE y de los dos nuevos consejeros que llegarán al organismo.
Hacia fuera se cubren con el proceso de inscripción abierta que se inició el pasado miércoles, y en el que, hasta anoche, sumaban 13 aspirantes inscritos, aunque es muy probable que ninguno de los ciudadanos que ingenuamente o por convicción acudieron a registrarse aparezcan en la terna final, que decidirán en secreto los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Pero adentro, en los entretelones donde se está negociando, la danza de nombres se mantiene totalmente hermética. Varios perfiles se mandan en el juego de póquer, algunos en serio y otros para despistar: Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Clara Jusidman, Diego Valadés, Jorge Alcocer, Lorenzo Córdova, María Amparo Casar, Fernando Serrano Migallón, José Antonio Crespo. Incluso hay nombres de periodistas y comunicadores que se barajan entre los partidos, en su búsqueda por legitimar hacia fuera el proceso de negociación.
Formalmente, la decisión la tomarán los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, pero en la práctica, hay personajes del Senado que están teniendo incidencia directa en las negociaciones como Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Monreal, Arturo Núñez, Ricardo García Sainz, Santiago Creel y Carlos Navarrete. De San Lázaro, la batuta del reparto de cartas la lleva Diódoro Carrasco Altamirano, quien hace las veces de enlace entre Héctor Larios, Emilio Gamboa y Javier González Garza.
Las cartas empezarán a abrirse está semana y ya le iremos diciendo cómo va la partida.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 24 de noviembre.
Es cierto que los diputados perredistas, encabezados a la sazón por Pablo Gómez, nada tuvieron que ver en la integración del Consejo que hoy está con el sol a la espalda. Los salvó un berrinche. Se mantuvieron al margen no por vocación democrática ni por respeto al papel protagónico que en ese ejercicio supuestamente corresponde a los ciudadanos, sino porque sus propuestas fueron rechazadas.
En el vuelve y juega que ahora está en curso, los perredistas dan la apariencia de que aprendieron la lección y son los más activos en el forcejeo tendiente a imponer presidente del IFE. Con Clara Jusidman como abanderada, juegan a las vencidas con un PRI que está dispuesto a torcerle el pescuezo a la legalidad y apuntala —para que la cuña apriete— al ex militante de la izquierda y reconocido experto en asuntos electorales, Jorge Alcocer Villanueva.
Y con un PAN que esconde bien sus cartas pero que de cara al futuro no corre, sino que vuela, pues ya prepara para el 2008 al politólogo Benito Nacif.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Lo dijo Javier González Garza del PRD: en su partido no tienen gallos para el IFE… sino gallinas. Se manejan varios nombres, como Clara Jusidman (quien piensa si quiere o no) y el martes un grupo de organizaciones propondrán a una joven con alto perfil académico: Irma Eréndira Sandoval, quien es actualmente directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 26 de noviembre.
El PRD aprendió la lección, y esta vez sí participará en la elección de consejeros del IFE.
No lo hizo hace cuatro años, y se arrepiente.
Jesús Ortega dice que ahora están muy participativos, y sus opiniones serán tomadas en cuenta.
El PRD acepta su intervención, justo cuando los tres partidos grandes, que operan el desmantelamiento del IFE, dijeron que no participarían.
La chiquillada sí quedará “fuera de la negociación”.
Pepe Grillo, Crónica, 27 de noviembre.
Diódoro, por cierto, jura que no va a haber sorpresas en la elección del presidente consejero del IFE ni en la de los otros dos consejeros electorales, a quienes van a cesar por obra y gracia de los que reclaman fraude en las presidenciales. “Nadie se va a sacar los candidatos de la manga”, asegura el ex secretario de Gobernación.
Hablamos con el legislador al filo de las dos de la tarde. A esa hora habían solicitado su registro como aspirantes 21 personas, entre ellas cuatro consejeros estatales electorales. Ningún personaje con pedigrí había puesto un pie en las oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara baja, donde se depositan las solicitudes. “El registro se cierra hasta el viernes. Esta semana es clave. El lunes presentamos la lista completa”, explicó Carrasco.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 27 de noviembre.
El político oaxaqueño Díodoro Carrasco, acepta que los tres partidos “grandotes” meterán la mano en la selección del Consejero Presidente y dos consejeros más del IFE, y nos dice que opinar lo contrario, sería engañarse uno mismo y engañar a los ciudadanos, ya que los partidos son representantes del pueblo en este tipo de decisiones, sin que estén haciendo algo ilegal. Esta es la respuesta que da el ex gobernador a los conductores de programas de noticias que les han colgado todo tipo de etiquetas, sin que ningún político se atreva a dar la cara.
El ex priista también nos comenta que el número de aspirantes no será más de 200, ya que solo falta un día para que venza el plazo del registro y en la mesa directiva de la Cámara de Diputados se habían registrado 78 aspirantes a percibir mensualmente salarios de casi 300 mil pesos, dos automóviles, choferes, gastos abiertos para viajar por todo el mundo a costa del erario público y otros pequeños privilegios.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 29 de noviembre.
Por lo que toca a la forma de decidir, la cuestión sigue estando en manos de los diputados, sus bancadas y, en todo caso, de la Junta de Coordinación Política. Es decir, se decidirá conforme a cuotas y acuerdos entre los partidos, como se ha hecho antes y como sería muy difícil dejarlo de hacer.
Con lo dicho hasta ahora, estoy muy lejos de querer denostar el proceso, me preocupa en cambio, la incapacidad para hacer las preguntas correctas para salvar el problema adecuado. Hemos abierto un proceso que por sus características y por no tener limitantes claras, podría haber tenido miles de participantes. Los incentivos para que se presentaran más candidatos son infinitos. El tamaño de la convocatoria, difícilmente dejará hacer una evaluación de los que de verdad valen la pena. Los partidos, ya tienen de entre los que se presentaron, a sus preferidos y la descalificación o la calificación de todos ellos se harán con criterios que atienden, a la realidad política e institucional del país, es decir, por preferencias, cuotas y repartos a falta de criterios objetivos y claros. Sólo 126, vaya usted a saber, ¿cuantos Woldenbergs habrá?
Miguel González Compeán, Crónica, 30 de noviembre.
El IFE y sus funcionarios han quedado sometidos a la negociación de los partidos y no, como deberían, libres de ella. Ha quedado claro a los consejeros que su destino depende del acuerdo de los partidos en el Congreso. Si su gestión no gusta, se van. Al consejero presidente le ofrecen la zanahoria mayor, un incentivo perverso: si su gestión complace a los partidos, se reelige seis años.
Los partidos se han puesto de acuerdo para decapitar y sustituir. Pero su acuerdo durará lo que dure la tregua electoral. Luego, el IFE será el escenario, más vulnerable que nunca, de los pleitos y tormentas de los partidos
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 3 de diciembre.
Con temor a las multas, los partidos se están diseñando un IFE bajo las riendas de un contralor servil al Congreso y levantan obstáculos a la participación de quien no se inscriba en sus filas. No podremos expresarnos en los medios ni siquiera pagando. El monopolio de los partidos será absoluto. Alardean que dejarán de gastar 3 mil millones de pesos en los medios de comunicación. Cierto, pero no se los han rebajado a sus jugosas partidas: ahora, sencillamente, tienes 3 mil millones extra para repartirse. ¿Y cómo justifican su monopolio sobre la opinión en tiempo de elecciones? Así: “No hay noticia de un campesino o un trabajador que haya ahorrado para comprar tiempo en radio o televisión, ni para pagar la publicación de una inserción en Reforma” (Jorge Alcocer, Reforma, 27 de noviembre). Pues aquí tienes uno, estimado Jorge: yo pagué unos 1500 pesos como aportación a la declaración que muchos ciudadanos firmamos en defensa de unas elecciones sin tacha que los malos perdedores han buscado desprestigiar. La inserción se publicó, precisamente, en Reforma.
Luis González de Alba, “La calle”, Milenio, 3 de diciembre.
El gran avance de las reformas electorales de los noventa radicó en la ciudadanización real del IFE, en el traslado de la organización de elecciones del Estado a un instituto autónomo y en la exclusión del voto de los partidos en las decisiones electorales. Hoy el retroceso es evidente en los tres aspectos: se perdió la ciudadanización y la organización de las elecciones y el IFE regresan a los partidos por medio de consejeros que representan a partidos y no a la sociedad.
El trasfondo de la contrarreforma electoral radicó no sólo en la debilidad del presidente de la República sino en su decisión de cederle a los partidos políticos el diseño de la reorganización electoral. Así, los partidos introdujeron cambios para recuperar lo perdido en la fase de ciudadanización del IFE y para asumir modificaciones a partir de intereses particulares.
En este contexto, por ejemplo, la contrarreforma introdujo el recuento voto por voto en situaciones de diferencia mínima de votos. Teóricamente el asunto fue atractivo. Sin embargo, la reciente experiencia venezolana en su referéndum aporta datos interesantes. El presidente Chávez hubo de aceptar la derrota con ventaja mínima para evitar inestabilidad social y violencia callejera. Esperar cinco días las cifras oficiales o exigir el recuento voto por voto hubiera metido a Venezuela en los espacios del conflicto civil violento.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de diciembre.
Con el albazo a favor de consejeros electorales marcados por la subordinación a partidos políticos, las elites legislativas habrán de darle un golpe mortal a la reforma del Estado. La reforma electoral no fue una redistribución del poder entre la sociedad sino un reparto de posiciones entre las elites políticas.
La reforma del Estado no era así. Se trataba de consolidar el proceso de democratización a favor de la sociedad. Pero de la ciudadanización del IFE con consejeros que representaban a la sociedad se pasó a la partidización del órgano electoral con consejeros subordinados a los partidos políticos.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de diciembre.
La razón del fracaso de la reforma del Estado correlativa a la transición democrática no debe buscarse en las elites políticas jurásicas que lograron restaurar el viejo régimen, sino en la ausencia de iniciativas políticas del presidente Felipe Calderón. Así, las reformas políticas se dejaron en manos de quienes fueron víctimas de la democratización de los últimos tiempos.
Las reformas democratizadoras reales deben de partir obligadamente del Poder Ejecutivo por la visión global de la política. En cambio, las reformas impulsadas por elites políticas legislativas o por los partidos necesariamente responden a intereses parciales. Más aún: las iniciativas presidenciales han sido siempre enriquecidas en los debates pero con el propósito de ampliar la democratización, no de acotarla.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de diciembre.
El control del IFE aparece como el objetivo inmediato de Manlio Fabio Beltrones. Su intención de impulsar a candidatos que le son afines para la presidencia y las dos consejerías electorales que están por renovarse exhibe que detrás de la celebrada reforma electoral siempre estuvo presente la idea de armar un IFE “a modo” para su proyecto político. No se entiende de otro modo la maniobra por la que esta semana logró que se eliminaran los candados que impedían a personajes como Jorge Alcocer, redactor de los cambios electorales, aspirar a ser parte del organismo electoral
Salvador García Soto, “Serpientes y escaleras”, El Universal, 17 de noviembre.
Habrá quien o quienes estén dispuestos a suceder a Luis Carlos Ugalde, sin duda. Pero a los diputados les va a costar trabajo liberar de la sospecha al que designen. Carácter es destino, dice el clásico, y si nuestros egregios parlamentarios legislaron en este preciso asunto con redomado egoísmo e intransigencia, el fruto de sus indagaciones y de su decisión en el consejero presidente, les puede deparar sorpresas truculentas.
Se los dijo el primero de los apuntados a la presidencia del IFE, cuando aún no se publica la convocatoria, el ingeniero Arturo Martínez Nateras: que demuestren que cumplirán con la consulta y que por encima de los grupos de poder, no se otorgue el cargo “como premio de consolación o servidumbre”.
Jorge Medina Viedas, Milenio, 18 de noviembre.
No me cabe duda de que los políticos estén buscando jalar agua a su molino en el proceso de designación y poner a personas de confianza, de uno u otro bando. Sería un error nombrar a un presidente con sombra de parcialidad. No sería un buen candidato, desde luego, algún empleado de legisladores actuales, o alguien identificado con posiciones partidistas específicas. Por eso creo que un académico reconocido y con experiencia electoral, como Merino, sería la mejor opción para el arreglo democrático.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Envuelto en celofán de transparencia y adornado con moñitos de “participación ciudadana”, el proceso para elegir a nuevos consejeros del IFE terminará siendo una decisión cupular de los tres grandes partidos. No será, dicen ellos, el reparto descarado de cuotas del pasado, especialmente el ocurrido en 2003, pero tampoco será un procedimiento claro y mucho menos la “consulta ciudadana” que quedó establecida en la reforma constitucional.
La “no objeción” será el método con que los coordinadores de PRI, PAN y PRD tratarán de llegar a “nombramientos consensuados”, porque ni siquiera darán voto o veto a las bancadas minoritarias. De los nombres que se inscriban —unos ingenuamente, otros por convicción y los más inducidos— sobrevivirán sólo los que interesen a los partidos. Los criterios, en teoría legales —de independencia, conocimiento y experiencia en la materia—, en los hechos y en las reuniones a puerta cerrada donde se hará la selección, darán paso a los perfiles que convengan a las fuerzas políticas
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 22 de noviembre.
La convocatoria está siendo ampliamente difundida y establece un plazo de diez días (del 21 al 30 de noviembre del presente) para que se registren como candidatos todos los ciudadanos que lo deseen. Es importante señalar que la convocatoria da cumplimiento a varios aspectos centrales de la reforma constitucional:
El primero sería el de realizar una amplia consulta a la ciudadanía, mediante un proceso abierto a ciudadanos y a organizaciones de la sociedad para registrar candidatos, con publicación diaria de los registrados, entrevistas públicas a los candidatos y la posibilidad a los ciudadanos de hacer valer sus objeciones y opiniones ante los órganos competentes (en la primera fase ante la Comisión de Gobernación, y en la segunda ante la Junta de Coordinación Política).
La convocatoria da forma así a un proceso legal y preciso, al establecer con claridad y certidumbre los requisitos, la documentación, los impedimentos, etcétera, para los candidatos. La Comisión de Gobernación verificará los expedientes de cada uno y para ello podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes.
La convocatoria le da un lugar preponderante a la transparencia, no sólo de los evaluadores, sus métodos y criterios, sino también de los aspirantes: nadie podrá sacarse a un candidato de la manga, pues cada uno de ellos pondrá sobre la mesa, a la vista de todos, sus conocimientos, su experiencia, su prestigio y reconocimiento, así como su trayectoria. Es fundamental el requisito de presentar un ensayo sobre las recientes reformas electorales.
Diódoro Carrasco, Milenio, 22 de noviembre.
Así, se eliminó la propuesta original de “ciudadanizar” la designación de los consejeros, que serán electos por los tres protagonistas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, los coordinadores del PAN, PRI y PRD.
Y todo con un plazo perentorio de veinte días; el 13 de diciembre, esa junta habrá de dar a conocer a los tres nuevos consejeros del IFE, entre ellos a su presidente.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para elegirlos, mientras se trabajaba en las reformas al Cofipe, como ley reglamentaria, básicamente de los dos párrafos de la fracción segunda del artículo 41 constitucional, desde donde buscan introducir lo que no pudieron en su reforma constitucional: los controles a la libertad de expresión, aquellos que los senadores, en particular Jesús Murillo Karam y Ricardo Monreal, me aseguraron públicamente que no irían en la reforma, como no fue, aunque nadie dijo, claro, que los meterían en su ley reglamentaria como han propuesto por escrito en los borradores del Cofipe.
En fin, que su proyecto de hacerse del IFE avanza, que buscan convertirlo en su instrumento y en una fiscalía para la sociedad y los medios.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 22 de noviembre.
El procedimiento, en cuanto venza el plazo de inscripción, será repasar nombre por nombre en la junta formada por los ocho coordinadores de San Lázaro. Bastará la objeción de uno de los tres grupos parlamentarios —PRI, PAN o PRD— para que un aspirante sea desechado de inmediato. Los que no tengan objeciones pasarán a una segunda lista que se irá depurando con el mismo procedimiento, intercalado con entrevistas a los aspirantes que sobrevivan, hasta llegar a tres nombres que serán electos, incluido el del consejero presidente del IFE.
Para llegar a ese mecanismo hubo fuertes diferencias y jaloneos entre los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados. En la reunión de cúpulas del Congreso, efectuada el martes 13 en la sede del Senado, hubo un momento en el que Héctor Larios, coordinador panista, estuvo a punto de reventar los acuerdos.
“La facultad es exclusiva de los diputados y el Senado nada tiene que ver”, sostenía el panista que rechazaba injerencia o acuerdos con los senadores en la designación de los consejeros. Sus propios compañeros del PAN, Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, le cuestionaron su radicalismo. “No vamos a ceder y si no les gusta háganle como quieran”, dijo Larios a punto de levantarse de la mesa. Fue Jesús Murillo el que le leyó a Larios una declaración suya en una reunión previa, lo que calmó la intransigencia del panista
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 22 de noviembre.
El cuento de la ciudadanización fue eso, un engaño, y ahora buscan a tres consejeros a su medida: uno para el PAN, otro para el PRI y un tercero para el PRD. Por eso han dicho que saldrán con el consenso de este “G-3”, el consenso de sus intereses para lo que han vulnerado la principal fortaleza del IFE: su autonomía e independencia, convirtiéndolo en un instrumento de la partidocracia.
Lo que todavía no sé es para qué, qué ocultan, cuál es el gran proyecto de poder que sus autores intelectuales esconden; qué hay detrás de este golpe.
Joaquín López Dóriga, “En privado”, Milenio, 22 de noviembre.
De conjunto, la convocatoria nos encamina a un proceso fundamental de la democracia mexicana, proceso que está siendo altamente vigilado por la opinión pública, lo cual es muy positivo, dados los antecedentes inmediatos. Dar una respuesta contundente a la demanda ciudadana se logrará con a) una consulta ciudadana para elegir a los consejeros; b) un procedimiento legal con criterios explícitos; c) un proceso transparente en todas sus fases y d) la construcción de consensos que contribuyan a fortalecer las instituciones y nuestra vida democrática.
Diódoro Carrasco, Milenio, 22 de noviembre.
Si estamos en la democracia, ¿por qué entonces no se abre una consulta entre quienes tienen credencial de elector para dar sustento, vía internet, al nombramiento de consejeros del IFE? Sería un gran avance.
Oscar Mario Beteta, “En petit comité”, Milenio, 22 de noviembre.
Las enmiendas a la Constitución para la llamada reforma electoral se publicaron en el Diario Oficial de la Federación apenas el 13 de noviembre. Pero ya esta semana los diputados hicieron una modificación importante a las reglas.
El artículo 4o. transitorio de las reformas constitucionales daba a la Cámara de Diputados el mandato para elegir a los nuevos consejeros y al presidente del IFE. Pero la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se dio a sí misma la facultad de realizar estas designaciones.
En un aparente desplante de apertura, la Junta permitirá que cualquiera pueda proponer candidaturas. Los mismos candidatos, de hecho, podrán postularse a sí mismos. Pero los diputados están tomando medidas para que quien llegue al nuevo IFE sea afín a una reforma electoral que las encuestas de opinión muestran ha sido impopular.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 22 de noviembre.
La selección de quienes deberán ocupar las sillas que en buena hora quedarán vacías en el referido órgano superior de dirección del instituto electoral ha sido motivo de una sorda pero ruda lucha, no directamente entre los partidos pero sí entre las bancadas de cada uno de éstos en las cámaras legislativas. La rebatiña se centra en la presidencia del Consejo, que es decir en la designación del hombre del pandero.
Por mera formalidad y como si se tratara de una broma anticipada por el Día de los Santos Inocentes, la convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos, quienes incluso tienen la posibilidad de auto-postularse, aunque en la práctica las designaciones no correrán por cuenta ni siquiera de los ocho miembros de la Junta de Coordinación Política sino de esos tres alegres compadres que son Héctor Larios, Javier González Garza y Emilio Gamboa, verdaderos capos de la representación popular.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Los partidos políticos en la Cámara de Diputados están jugando un póquer con las cartas tapadas. Ni el PRI ni el PAN ni el PRD quieren dar a conocer los nombres de los naipes que moverán finalmente en la negociación para la presidencia del IFE y de los dos nuevos consejeros que llegarán al organismo.
Hacia fuera se cubren con el proceso de inscripción abierta que se inició el pasado miércoles, y en el que, hasta anoche, sumaban 13 aspirantes inscritos, aunque es muy probable que ninguno de los ciudadanos que ingenuamente o por convicción acudieron a registrarse aparezcan en la terna final, que decidirán en secreto los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Pero adentro, en los entretelones donde se está negociando, la danza de nombres se mantiene totalmente hermética. Varios perfiles se mandan en el juego de póquer, algunos en serio y otros para despistar: Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Clara Jusidman, Diego Valadés, Jorge Alcocer, Lorenzo Córdova, María Amparo Casar, Fernando Serrano Migallón, José Antonio Crespo. Incluso hay nombres de periodistas y comunicadores que se barajan entre los partidos, en su búsqueda por legitimar hacia fuera el proceso de negociación.
Formalmente, la decisión la tomarán los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, pero en la práctica, hay personajes del Senado que están teniendo incidencia directa en las negociaciones como Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Monreal, Arturo Núñez, Ricardo García Sainz, Santiago Creel y Carlos Navarrete. De San Lázaro, la batuta del reparto de cartas la lleva Diódoro Carrasco Altamirano, quien hace las veces de enlace entre Héctor Larios, Emilio Gamboa y Javier González Garza.
Las cartas empezarán a abrirse está semana y ya le iremos diciendo cómo va la partida.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 24 de noviembre.
Es cierto que los diputados perredistas, encabezados a la sazón por Pablo Gómez, nada tuvieron que ver en la integración del Consejo que hoy está con el sol a la espalda. Los salvó un berrinche. Se mantuvieron al margen no por vocación democrática ni por respeto al papel protagónico que en ese ejercicio supuestamente corresponde a los ciudadanos, sino porque sus propuestas fueron rechazadas.
En el vuelve y juega que ahora está en curso, los perredistas dan la apariencia de que aprendieron la lección y son los más activos en el forcejeo tendiente a imponer presidente del IFE. Con Clara Jusidman como abanderada, juegan a las vencidas con un PRI que está dispuesto a torcerle el pescuezo a la legalidad y apuntala —para que la cuña apriete— al ex militante de la izquierda y reconocido experto en asuntos electorales, Jorge Alcocer Villanueva.
Y con un PAN que esconde bien sus cartas pero que de cara al futuro no corre, sino que vuela, pues ya prepara para el 2008 al politólogo Benito Nacif.
Aurelio Ramos Méndez, “Contraluz”, Crónica, 24 de noviembre.
Lo dijo Javier González Garza del PRD: en su partido no tienen gallos para el IFE… sino gallinas. Se manejan varios nombres, como Clara Jusidman (quien piensa si quiere o no) y el martes un grupo de organizaciones propondrán a una joven con alto perfil académico: Irma Eréndira Sandoval, quien es actualmente directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 26 de noviembre.
El PRD aprendió la lección, y esta vez sí participará en la elección de consejeros del IFE.
No lo hizo hace cuatro años, y se arrepiente.
Jesús Ortega dice que ahora están muy participativos, y sus opiniones serán tomadas en cuenta.
El PRD acepta su intervención, justo cuando los tres partidos grandes, que operan el desmantelamiento del IFE, dijeron que no participarían.
La chiquillada sí quedará “fuera de la negociación”.
Pepe Grillo, Crónica, 27 de noviembre.
Diódoro, por cierto, jura que no va a haber sorpresas en la elección del presidente consejero del IFE ni en la de los otros dos consejeros electorales, a quienes van a cesar por obra y gracia de los que reclaman fraude en las presidenciales. “Nadie se va a sacar los candidatos de la manga”, asegura el ex secretario de Gobernación.
Hablamos con el legislador al filo de las dos de la tarde. A esa hora habían solicitado su registro como aspirantes 21 personas, entre ellas cuatro consejeros estatales electorales. Ningún personaje con pedigrí había puesto un pie en las oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara baja, donde se depositan las solicitudes. “El registro se cierra hasta el viernes. Esta semana es clave. El lunes presentamos la lista completa”, explicó Carrasco.
Francisco Garfias, “Arsenal”, Excélsior, 27 de noviembre.
El político oaxaqueño Díodoro Carrasco, acepta que los tres partidos “grandotes” meterán la mano en la selección del Consejero Presidente y dos consejeros más del IFE, y nos dice que opinar lo contrario, sería engañarse uno mismo y engañar a los ciudadanos, ya que los partidos son representantes del pueblo en este tipo de decisiones, sin que estén haciendo algo ilegal. Esta es la respuesta que da el ex gobernador a los conductores de programas de noticias que les han colgado todo tipo de etiquetas, sin que ningún político se atreva a dar la cara.
El ex priista también nos comenta que el número de aspirantes no será más de 200, ya que solo falta un día para que venza el plazo del registro y en la mesa directiva de la Cámara de Diputados se habían registrado 78 aspirantes a percibir mensualmente salarios de casi 300 mil pesos, dos automóviles, choferes, gastos abiertos para viajar por todo el mundo a costa del erario público y otros pequeños privilegios.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 29 de noviembre.
Por lo que toca a la forma de decidir, la cuestión sigue estando en manos de los diputados, sus bancadas y, en todo caso, de la Junta de Coordinación Política. Es decir, se decidirá conforme a cuotas y acuerdos entre los partidos, como se ha hecho antes y como sería muy difícil dejarlo de hacer.
Con lo dicho hasta ahora, estoy muy lejos de querer denostar el proceso, me preocupa en cambio, la incapacidad para hacer las preguntas correctas para salvar el problema adecuado. Hemos abierto un proceso que por sus características y por no tener limitantes claras, podría haber tenido miles de participantes. Los incentivos para que se presentaran más candidatos son infinitos. El tamaño de la convocatoria, difícilmente dejará hacer una evaluación de los que de verdad valen la pena. Los partidos, ya tienen de entre los que se presentaron, a sus preferidos y la descalificación o la calificación de todos ellos se harán con criterios que atienden, a la realidad política e institucional del país, es decir, por preferencias, cuotas y repartos a falta de criterios objetivos y claros. Sólo 126, vaya usted a saber, ¿cuantos Woldenbergs habrá?
Miguel González Compeán, Crónica, 30 de noviembre.
El IFE y sus funcionarios han quedado sometidos a la negociación de los partidos y no, como deberían, libres de ella. Ha quedado claro a los consejeros que su destino depende del acuerdo de los partidos en el Congreso. Si su gestión no gusta, se van. Al consejero presidente le ofrecen la zanahoria mayor, un incentivo perverso: si su gestión complace a los partidos, se reelige seis años.
Los partidos se han puesto de acuerdo para decapitar y sustituir. Pero su acuerdo durará lo que dure la tregua electoral. Luego, el IFE será el escenario, más vulnerable que nunca, de los pleitos y tormentas de los partidos
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 3 de diciembre.
Con temor a las multas, los partidos se están diseñando un IFE bajo las riendas de un contralor servil al Congreso y levantan obstáculos a la participación de quien no se inscriba en sus filas. No podremos expresarnos en los medios ni siquiera pagando. El monopolio de los partidos será absoluto. Alardean que dejarán de gastar 3 mil millones de pesos en los medios de comunicación. Cierto, pero no se los han rebajado a sus jugosas partidas: ahora, sencillamente, tienes 3 mil millones extra para repartirse. ¿Y cómo justifican su monopolio sobre la opinión en tiempo de elecciones? Así: “No hay noticia de un campesino o un trabajador que haya ahorrado para comprar tiempo en radio o televisión, ni para pagar la publicación de una inserción en Reforma” (Jorge Alcocer, Reforma, 27 de noviembre). Pues aquí tienes uno, estimado Jorge: yo pagué unos 1500 pesos como aportación a la declaración que muchos ciudadanos firmamos en defensa de unas elecciones sin tacha que los malos perdedores han buscado desprestigiar. La inserción se publicó, precisamente, en Reforma.
Luis González de Alba, “La calle”, Milenio, 3 de diciembre.
El gran avance de las reformas electorales de los noventa radicó en la ciudadanización real del IFE, en el traslado de la organización de elecciones del Estado a un instituto autónomo y en la exclusión del voto de los partidos en las decisiones electorales. Hoy el retroceso es evidente en los tres aspectos: se perdió la ciudadanización y la organización de las elecciones y el IFE regresan a los partidos por medio de consejeros que representan a partidos y no a la sociedad.
El trasfondo de la contrarreforma electoral radicó no sólo en la debilidad del presidente de la República sino en su decisión de cederle a los partidos políticos el diseño de la reorganización electoral. Así, los partidos introdujeron cambios para recuperar lo perdido en la fase de ciudadanización del IFE y para asumir modificaciones a partir de intereses particulares.
En este contexto, por ejemplo, la contrarreforma introdujo el recuento voto por voto en situaciones de diferencia mínima de votos. Teóricamente el asunto fue atractivo. Sin embargo, la reciente experiencia venezolana en su referéndum aporta datos interesantes. El presidente Chávez hubo de aceptar la derrota con ventaja mínima para evitar inestabilidad social y violencia callejera. Esperar cinco días las cifras oficiales o exigir el recuento voto por voto hubiera metido a Venezuela en los espacios del conflicto civil violento.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 11 de diciembre.
Con el albazo a favor de consejeros electorales marcados por la subordinación a partidos políticos, las elites legislativas habrán de darle un golpe mortal a la reforma del Estado. La reforma electoral no fue una redistribución del poder entre la sociedad sino un reparto de posiciones entre las elites políticas.
La reforma del Estado no era así. Se trataba de consolidar el proceso de democratización a favor de la sociedad. Pero de la ciudadanización del IFE con consejeros que representaban a la sociedad se pasó a la partidización del órgano electoral con consejeros subordinados a los partidos políticos.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de diciembre.
La razón del fracaso de la reforma del Estado correlativa a la transición democrática no debe buscarse en las elites políticas jurásicas que lograron restaurar el viejo régimen, sino en la ausencia de iniciativas políticas del presidente Felipe Calderón. Así, las reformas políticas se dejaron en manos de quienes fueron víctimas de la democratización de los últimos tiempos.
Las reformas democratizadoras reales deben de partir obligadamente del Poder Ejecutivo por la visión global de la política. En cambio, las reformas impulsadas por elites políticas legislativas o por los partidos necesariamente responden a intereses parciales. Más aún: las iniciativas presidenciales han sido siempre enriquecidas en los debates pero con el propósito de ampliar la democratización, no de acotarla.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 13 de diciembre.
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