El nuevo marco jurídico para radio y televisión debe promover la rentabilidad y competitividad de los medios públicos, con la finalidad de que puedan acceder a grandes audiencias y a una comercialización amplia, señaló el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Santibáñez Romellón.
Al participar en la audiencia del grupo plural de senadores que elabora la nueva legislación que habrá de sustituir a la llamada ley Televisa, el funcionario recalcó que los medios electrónicos del Estado reciben recursos públicos y, por tanto, es necesario garantizar que sean administrados de manera eficaz y transparente, abiertos siempre a la rendición de cuentas.
Santibáñez Romellón aludió también a la necesidad de que el nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión establezca normas para que los directivos de los medios públicos sean nombrados con base en su experiencia profesional y capacidad para organizar tareas de un equipo de trabajo innovador y complejo.
Un requisito para dirigir estaciones de radio y televisión públicas deberá ser que el candidato no mantenga vínculos ni intereses con medios de comunicación privados, recalcó en esa reunión con legisladores, a la que asistieron asimismo los directores de Canal 22, Jorge Volpi; de Canal 11, María Lizárraga; de Radio Educación, Virginia Bello; del Instituto Mexicano de la Radio, Héctor Villarreal, así como el titular de la Dirección General de Televisión Educativa, Norberto Tapia.
Los senadores integrantes del grupo plural que encabeza Carlos Sotelo se reunieron luego con el representante de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), David Quezada, quien “sugirió” a los legisladores hacer “retoques” al marco jurídico, con el propósito de aclarar las funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que sigue existiendo la “doble ventanilla”.
Indicó también a los senadores que deben analizar la “asimetría injustificada en la aplicación en los regímenes sobre inversión extranjera en sociedades concesionadas, ya que “es extraño” que se permita el capital foráneo al 100 por ciento en la telefonía celular, frente al 49 por ciento en telefonía fija y otros servicios de telecomunicaciones.
A la reunión no asistieron ayer los senadores del Partido Acción Nacional. Resaltó también el hecho de que tanto la SEP como la Cofemer no enviaran funcionarios de mayor nivel.
Al participar en la audiencia del grupo plural de senadores que elabora la nueva legislación que habrá de sustituir a la llamada ley Televisa, el funcionario recalcó que los medios electrónicos del Estado reciben recursos públicos y, por tanto, es necesario garantizar que sean administrados de manera eficaz y transparente, abiertos siempre a la rendición de cuentas.
Santibáñez Romellón aludió también a la necesidad de que el nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión establezca normas para que los directivos de los medios públicos sean nombrados con base en su experiencia profesional y capacidad para organizar tareas de un equipo de trabajo innovador y complejo.
Un requisito para dirigir estaciones de radio y televisión públicas deberá ser que el candidato no mantenga vínculos ni intereses con medios de comunicación privados, recalcó en esa reunión con legisladores, a la que asistieron asimismo los directores de Canal 22, Jorge Volpi; de Canal 11, María Lizárraga; de Radio Educación, Virginia Bello; del Instituto Mexicano de la Radio, Héctor Villarreal, así como el titular de la Dirección General de Televisión Educativa, Norberto Tapia.
Los senadores integrantes del grupo plural que encabeza Carlos Sotelo se reunieron luego con el representante de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), David Quezada, quien “sugirió” a los legisladores hacer “retoques” al marco jurídico, con el propósito de aclarar las funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que sigue existiendo la “doble ventanilla”.
Indicó también a los senadores que deben analizar la “asimetría injustificada en la aplicación en los regímenes sobre inversión extranjera en sociedades concesionadas, ya que “es extraño” que se permita el capital foráneo al 100 por ciento en la telefonía celular, frente al 49 por ciento en telefonía fija y otros servicios de telecomunicaciones.
A la reunión no asistieron ayer los senadores del Partido Acción Nacional. Resaltó también el hecho de que tanto la SEP como la Cofemer no enviaran funcionarios de mayor nivel.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 7 de noviembre.
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