¿Cuáles fueron los motivos que motivaron el recurso de amparo del Consejo Coordinador Empresarial? Los 17 comentarios que se presentan a continuación, un 20.98% de los 81 sistematizados, constituyen una muestra de las respuestas representativas a esta pregunta.
El CCE ha tomado la decisión de buscar un amparo contra las enmiendas constitucionales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre y que son ahora la base del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que está todavía bajo consideración del Congreso.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.
El juicio de amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial puede entenderse debido al momento electoral vivido en 2006, en medio de la contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, donde, en la recta final de la campaña presidencial, el CCE lanzó sus spots en radio y televisión a favor del modelo económico y, por lo tanto, se vio en contra del entonces candidato perredista.
Los empresarios señalan que están bajo el grave riesgo de la partidocracia, en donde sólo se escuchen las voces de los partidos políticos, del PRI, el PAN y el PRD y no la voz del empresariado que genera empleos y quiere mantener la estabilidad y buscar el crecimiento.
Para el Consejo Coordinador Empresarial, la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión el 13 de noviembre viola el artículo 6º constitucional, pues impide la difusión pública del derecho de petición por parte de cualquier persona o asociación que no sean los partidos políticos.
También atenta contra el artículo 9º de la Constitución, por el cual todo mexicano tiene derecho a tomar parte en los asuntos políticos del país, sin condicionamientos.
Los empresarios también argumentan que la reforma electoral va en contra del equilibrio de poderes, al derogar el tercer párrafo del artículo 97 constitucional, quitándole a la Suprema Corte de Justicia el poder intervenir en violaciones al voto público.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión estrena chamba: ya no sólo es el golpeador oficial de los barones de los medios electrónicos, sino “jefa de prensa” del Consejo Coordinador Empresarial. El martes por la noche la CIRT convocó a la conferencia que ayer ofreció el CCE (del que tal cámara no forma parte), durante la cual, precisaba el boletín, “su dirigencia hará un importante pronunciamiento”. ¿Cuál fue?: un amparo en contra de la reforma electoral, porque según Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo cúpula del sector privado, “no defendemos a las televisoras, sino el derecho de las personas y organizaciones a acceder a medios de comunicación para difundir sus ideas. La reforma es la monopolización de la vida política por parte de los partidos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 6 de diciembre.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) decidió interponer un juicio de amparo contra la reforma constitucional en materia electoral porque, “es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación”.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.
La reforma electoral y el nuevo Cofipe pusieron de cabeza al PRD… y a otros sectores de la sociedad.
El empresariado decidió entrarle a la pelea.
Se dice que promoverá tres spots de Memo Rentería, que exhiben la campaña sucia con que los políticos nos venden su reforma.
Van duro contra el propósito de los políticos de evitar críticas y meter a la cárcel a quienes se las hagan, conozca los spots en www.cronica.com.mx.
Pepe Grillo, Crónica, 7 de diciembre.
Tienen razón los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, mejor conocidos como "cupuleros", en manifestar públicamente su rechazo a la reforma electoral que aprobó el Congreso el mes pasado, con el argumento de que es violatoria de varios derechos constitucionales.
Mejor aún, qué bueno que ahora el sector empresarial quiera convertirse en promotor y defensor de la incipiente democracia mexicana, de la libertad de expresión y de otras garantías individuales, y que se erija como el "abogado" de millones de pobres, y en el gran protector de los electores.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.
Como bien se ha comentado, el amparo interpuesto por el CCE, de Armando Paredes, contra la reforma electoral no sólo no tiene precedente en el país sino que va muy en serio y habla de que algo malo está sucediendo en el país.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 7 de diciembre.
Hoy, cuando los barones del dinero y las concesiones, se rompen los vestidos en defensa con la argucia de moda: la libertad de expresión, secundados por ese otro partido sin registro, la Confederación Patronal de la República Mexicana (cónclave de cuyas filas surgieron a la política militante Clouthier y Abascal, por no citar otros de menor calibre), vemos cómo el desafío patronal y empresarial se expresa sin recato sabedor quizá de los muchos servicios prestados al gobierno actual y cuyo pago total demandan con avidez de usura.
La razón económica (de otra no tienen) de los empresarios ha quedado demostrada durante mucho tiempo. Su capacidad para desfondar la economía con la simple fuga de sus capitales o el amago de cierre de sus negocios (casi siempre subvencionados por el paternalismo de un Estado al cual agreden cuando deja de fomentarlos y asumir sus pasivos), es evidente, notoria y —como se verá después—, añeja.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.
Los empresarios o, mejor, una parte de los ricos de México, muchos de los cuales viven de sus rentas y de sus ventas a las empresas extranjeras, se vuelven fuerza política y embisten contra senadores, diputados y partidos; engañan a la población y buscan infundirle miedo; ponen contra la pared a una Suprema Corte de por sí cuarteada y reclaman un viraje político que en realidad es una reversión constitucional inaudita: se ubican en tiempos preconstitucionales o simplemente autoritarios, como lo hace a diario la derecha española comandada por el inefable Aznar.
Se trata, podríamos desearlo, de un despropósito, de una gallada plutocrática en la que en realidad no hay empresarios sino empleados bien pagados, o émulos tardíos y adocenados del licenciado Sánchez Navarro. Que en realidad, lo que buscan es negociar en lo oscurito con un grupo gobernante cuyo ascenso apoyaron por fuera de la ley pero que no les satisface. Que ya vendrán los Ortiz Mena, Salinas Lozano o Reyes Heroles de la época para darle racionalidad a lo que hoy por hoy no es sino griterío y pataleta.
Sin embargo, es indudable que en estos momentos, estando como estamos, este envite de los ricos es subversivo, sin que pueda verse por ningún lado cuáles serían las falanges que lo soportarían en caso de vencer. Lo que no impide que un tufo corporativista acompañe su reclamo.
Rolando Cordera Campos, La Jornada, 9 de diciembre.
Del otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comete el increíble error político de enfrentar la reforma electoral. Se amparan en contra de la prohibición de comprar tiempo en medios electrónicos para expresar posiciones políticas, lo que interpretan como una restricción a sus libertades. Puede ser, pero no podemos olvidar que el único ilícito que encontró el Tribunal Electoral en la campaña de 2006 fue precisamente el spot del CCE. Es decir que incluso con la legislación previa, este organismo actuó mal.
Sin llegar al extremo del CCE, hay un malestar general entre grandes empresarios, que perciben que la coalición gobernante está siendo más poderosa que ellos, y va a cambiar las reglas en una dirección que ellos no comparten. De ahí el mote de “partidocracia” que tanto se escucha en estos días. Es normal, puesto que estos empresarios crecieron con las reglas del antiguo régimen, o en la ausencia del interregno. No van a ganar con los cambios, así que les sería mejor trabajar en la reducción de pérdidas
Macario Schettino, El Universal, 10 de diciembre.
Los sectores que han impugnado la reforma electoral se aprestan a destrozar al nuevo IFE, cuyo principal blindaje debe ser el consenso entre los partidos.
En la vorágine del debate, no se ha ponderado la gravedad del desafío librado durante los últimos meses por el poder económico para impedir la virtual emancipación de la vida política, y en particular del régimen de partidos, frente a los señores del dinero.
Los operadores del intento por frenar el nuevo orden de cosas expresado en el texto constitucional diseñaron ya escenarios hasta la primavera del 2009, cuando empresarios y medios electrónicos, apoyados nuevamente por intelectuales funcionales, buscarán dinamitar la tarea del IFE, cuyo nuevo perfil final se definirá esta semana.
Roberto Rock, “Expedientes Abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.
Más allá, no debe perderse de vista que el liderazgo empresarial ha tomado la voz de quienes se sienten agraviados por las decisiones de los tres principales partidos políticos, que van entre la práctica monopólica y el agandaye.
No puede pensarse en un país que funcione y en el cual la economía florezca y genere empleos para disminuir la pobreza, cuando hay grupos de poder más preocupados en limitar las garantías individuales.
No descarte que el siguiente paso del CCE y los organismos cúpula sea presentar un juicio de amparo en contra del Cofipe. Hasta el momento sólo lo hicieron en contra de la reforma electoral publicada.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de diciembre.
Al mismo tiempo, llama la atención la forma en la que los empresarios —agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial— han interpuesto un juicio de amparo en contra de la reforma. Por supuesto, el primer juez que examinó la demanda empresarial la desechó por ser notoriamente improcedente. Los empresarios deberían moderar su molestia y pedir disculpas por la violación a la legalidad que hicieron durante la fase final de la campaña de 2006, en la que compraron tiempo en radio y televisión para la emisión de spots a los que no tenían derecho. Pero eso sería como pedir peras al olmo
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 11 de diciembre.
El mes pasado (13 de noviembre) se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por la cual se modificó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución a efecto de que se prohibiera no sólo a los partidos políticos sino a cualquier persona, física o moral, nacional o extranjera, la contratación de tiempos en radio o televisión para influir en contra o a favor de un partido político o de un candidato a un puesto de elección popular.
La reforma dice concretamente lo siguiente:
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.
No estaría mal que alguien le informara a Calderón el original mensaje que desde el CCE, la Coparmex y la Concamin, al promover espléndidos amparos contra la torpeza del cambalache presidencial, y que hoy le están enviando como parte de un número determinado de regalos navideños. Algo así como que tu estupenda idea de empinarte, perdón, entregarle a la oposición los pormenores del reformón electoral donde quedaron borradas del mapa las estrategias de las tan entretenidas guerras sucias y de desprestigio, nos cayeron como balde de agua helada y tú, sobre todo tú, primer beneficiado de todo el lodo mediático, careces hoy de fondos morales en el banco de nuestro ánimo. ¿Le suena o me regreso?
Y además con la maravillosa posdata de que van a pugnar porque la SCJN establezca un nuevo criterio (habría que solicitarle prestado el distintivo manual a Mario Marín) esperando a que los chicuelos de Ortiz Mayagoitia se pongan las pilas y atraigan la granada deschavetada.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 18 de diciembre.
Quienes han denostado a la iniciativa privada (a CCE y Coparmex específicamente) por defender su derecho a expresarse, tratan de justificarse con una visión falsa de la realidad.
Dicen que la IP estaba tomando actitudes partidistas, cuando en realidad estaban defendiendo principios con los que todo mexicano debe estar de acuerdo.
Valdría la pena que quienes critican a los empresarios se dieran cuenta de un par de cosas. La primera de ellas es que cualquiera que defienda una libertad debe ser apoyado y, en segundo término, que vieran nuevamente los mensajes.
Hay economía correcta e incorrecta, no hay de izquierda o de derecha. Hacer un tema sólo de partidos lo que corresponde a toda la sociedad debe ser considerado francamente como inaceptable.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 20 de diciembre.
