El presidente Felipe Calderón presentó un paquete de iniciativas de reforma en materia de justicia con las que se pretende eliminar la indefinición y la falta de coordinación entre instancias de procuración así como imponer sanciones más severas a quienes se dediquen a la venta de droga a menores.
Además incluye la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la que se busca crear el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza con el que se certificará a todos los integrantes de las instituciones de seguridad.
Acompañado por los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de PGR, Eduardo Medina Mora, el mandatario dijo que la propuesta contempla reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, además de cambios a la ley general de salud.
Con esta propuesta se busca aclarar “una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país”.
El objetivo, dijo, es cerrar espacios de operación a la delincuencia y acabar con la impunidad que cobija al crimen y la violencia.
Mencionó que se incluyen mecanismos de participación ciudadana y procedimientos para regular el uso de la fuerza pública; también se prohíbe la falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, autos o equipamiento de las fuerzas del orden.
Se incrementarán las sanciones contra quienes vendan droga a menores de edad o en escuelas
Además incluye la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la que se busca crear el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza con el que se certificará a todos los integrantes de las instituciones de seguridad.
Acompañado por los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de PGR, Eduardo Medina Mora, el mandatario dijo que la propuesta contempla reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, además de cambios a la ley general de salud.
Con esta propuesta se busca aclarar “una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país”.
El objetivo, dijo, es cerrar espacios de operación a la delincuencia y acabar con la impunidad que cobija al crimen y la violencia.
Mencionó que se incluyen mecanismos de participación ciudadana y procedimientos para regular el uso de la fuerza pública; también se prohíbe la falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, autos o equipamiento de las fuerzas del orden.
Se incrementarán las sanciones contra quienes vendan droga a menores de edad o en escuelas
Sergio Javier Jiménez, El Universal, 1º de octubre.
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