De las propuestas e iniciativas que se han presentado desde el 24 de junio, cuando se iniciaron los debates sobre la reforma energética, al final del camino ha prevalecido la posición del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por PRD, Convergencia y PT.
El comparativo de las iniciativas presentadas por el gobierno federal, el PRI y el FAP, así como los contenidos de los dictámenes de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, arroja que en los temas más controvertidos, los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias y del propio presidente, Felipe Calderón, se inclinaron por los argumentos del frente.
Jeremy Martin, director del Programa de Energía del Instituto de las Américas, con sede en San Diego, California, comentó que pareciera que el gran ganador en este proceso es Andrés Manuel López Obrador, porque la mayor parte de sus propuestas están reflejadas en los dictámenes, pero también gana el presidente Felipe Calderón, porque apostó por las grandes reformas.
Juan Antonio Bargés, consultor del Instituto Mexicano de la Competitividad, aseguró que la verdadera pregunta no es quién ganó, sino quién perdió y sin duda “perdió México”, porque perdimos la oportunidad de alcanzar una verdadera reforma de fondo, señaló.
El propio FAP se adjudica en un documento interno, cuya copia posee EL UNIVERSAL, “la columna vertebral” de los acuerdos que integran la reforma energética.
El texto, que fue distribuido entre los legisladores de ese bloque político, señala que los acuerdos más controvertidos emanan del FAP, sobre todo en materia de contratos, en refinación, donde se evitó la privatización, en el tema de empresas filiales propuestas por el PRI con pretensiones privatizadoras, a el tema de los bonos —propuesta del frente que fue retomada por el Ejecutivo— y en materia de autonomía presupuestal, pues se evitó que Hacienda continúe aprobando inversiones y modificaciones al presupuesto de Pemex.
Indica que como resultado de la dictaminación de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y el relativo a la Ley Orgánica de Pemex, las propuestas del Presidente y del PRI, “han quedado eliminadas del documento final”.
Uno de los temas que desató la mayor polémica fue la propuesta oficial de contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. El PRI buscó crear organismos desconcentrados, filiales de Pemex, que realizarían tareas en áreas estratégicas por cuenta y orden de la paraestatal.
El FAP se negó a la participación de la inversión privada en el proceso de refinación y propuso mantener una empresa petrolera sin divisiones, fusionando las subsidiarias.
Al final, en el dictamen, el Senado decidió que es más conveniente para Pemex mantener la forma de organismos subsidiarios y la transformación del crudo en derivados.
De hecho, el Ejecutivo anunció la construcción de una refinería con recursos propios.
Los contratos, otro tema espinoso
Otro tema espinoso fue el esquema de contratación que debería regir la relación de Pemex con proveedores y contratistas.
En el caso de la propuesta del Ejecutivo y de acuerdo con los partidos de oposición, prevalecía la figura de “contratos riesgo” que son utilizados por las empresas petroleras multinacionales y que les brinda la oportunidad de obtener en pago un porcentaje de la producción que obtengan en nuevos descubrimientos y de registrar en libros, como reservas propias, los volúmenes de petróleo y gas que encuentren en otras regiones del mundo.
El PRI se opuso a este tipo de contratos, pero abrió la posibilidad de pagar incentivos atados al éxito de resultados en pozos exploratorios de aguas profundas, mientras que FAP se cerró a cualquier forma contractual que implique el pago en especie, ceder la propiedad de los hidrocarburos y el otorgamiento de concesiones o contratos riesgo.
El dictamen de los senadores, que hoy será votado, coincide con el establecimiento de candados para impedir concesiones o contratos riesgo, así como la negativa a pagar con petróleo o con el resultado de explotaciones los trabajos que se contraten con terceros.
Como parte del proyecto de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el FAP propuso, en los foros de debate, eliminar el esquema financiero de pidiregas en nuevos proyectos y en su lugar usar deuda.
El pasado 8 de octubre, el presidente Calderón anunció una serie medidas al Congreso para enfrentar la crisis económica, entre ellas eliminar los pidiregas de Pemex.
Asimismo, el FAP sugirió un programa de “acción inmediata” para dotar de recursos a la paraestatal e incrementar la producción de crudo en 2009.
El Ejecutivo también propuso invertir 10 mil millones de pesos adicionales en infraestructura energética, especialmente en hidrocarburos y electricidad, esto incluye obras de mantenimiento en instalaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, como parte del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo en México, plan que coincidió con la postura del FAP.
El dictamen de las comisiones del Senado retomó la idea de utilizar deuda para financiar nuevos proyectos de infraestructura e incluso que el gasto de inversión de la empresa salga del balance presupuestario para no afectar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El comparativo de las iniciativas presentadas por el gobierno federal, el PRI y el FAP, así como los contenidos de los dictámenes de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado, arroja que en los temas más controvertidos, los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias y del propio presidente, Felipe Calderón, se inclinaron por los argumentos del frente.
Jeremy Martin, director del Programa de Energía del Instituto de las Américas, con sede en San Diego, California, comentó que pareciera que el gran ganador en este proceso es Andrés Manuel López Obrador, porque la mayor parte de sus propuestas están reflejadas en los dictámenes, pero también gana el presidente Felipe Calderón, porque apostó por las grandes reformas.
Juan Antonio Bargés, consultor del Instituto Mexicano de la Competitividad, aseguró que la verdadera pregunta no es quién ganó, sino quién perdió y sin duda “perdió México”, porque perdimos la oportunidad de alcanzar una verdadera reforma de fondo, señaló.
El propio FAP se adjudica en un documento interno, cuya copia posee EL UNIVERSAL, “la columna vertebral” de los acuerdos que integran la reforma energética.
El texto, que fue distribuido entre los legisladores de ese bloque político, señala que los acuerdos más controvertidos emanan del FAP, sobre todo en materia de contratos, en refinación, donde se evitó la privatización, en el tema de empresas filiales propuestas por el PRI con pretensiones privatizadoras, a el tema de los bonos —propuesta del frente que fue retomada por el Ejecutivo— y en materia de autonomía presupuestal, pues se evitó que Hacienda continúe aprobando inversiones y modificaciones al presupuesto de Pemex.
Indica que como resultado de la dictaminación de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y el relativo a la Ley Orgánica de Pemex, las propuestas del Presidente y del PRI, “han quedado eliminadas del documento final”.
Uno de los temas que desató la mayor polémica fue la propuesta oficial de contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. El PRI buscó crear organismos desconcentrados, filiales de Pemex, que realizarían tareas en áreas estratégicas por cuenta y orden de la paraestatal.
El FAP se negó a la participación de la inversión privada en el proceso de refinación y propuso mantener una empresa petrolera sin divisiones, fusionando las subsidiarias.
Al final, en el dictamen, el Senado decidió que es más conveniente para Pemex mantener la forma de organismos subsidiarios y la transformación del crudo en derivados.
De hecho, el Ejecutivo anunció la construcción de una refinería con recursos propios.
Los contratos, otro tema espinoso
Otro tema espinoso fue el esquema de contratación que debería regir la relación de Pemex con proveedores y contratistas.
En el caso de la propuesta del Ejecutivo y de acuerdo con los partidos de oposición, prevalecía la figura de “contratos riesgo” que son utilizados por las empresas petroleras multinacionales y que les brinda la oportunidad de obtener en pago un porcentaje de la producción que obtengan en nuevos descubrimientos y de registrar en libros, como reservas propias, los volúmenes de petróleo y gas que encuentren en otras regiones del mundo.
El PRI se opuso a este tipo de contratos, pero abrió la posibilidad de pagar incentivos atados al éxito de resultados en pozos exploratorios de aguas profundas, mientras que FAP se cerró a cualquier forma contractual que implique el pago en especie, ceder la propiedad de los hidrocarburos y el otorgamiento de concesiones o contratos riesgo.
El dictamen de los senadores, que hoy será votado, coincide con el establecimiento de candados para impedir concesiones o contratos riesgo, así como la negativa a pagar con petróleo o con el resultado de explotaciones los trabajos que se contraten con terceros.
Como parte del proyecto de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el FAP propuso, en los foros de debate, eliminar el esquema financiero de pidiregas en nuevos proyectos y en su lugar usar deuda.
El pasado 8 de octubre, el presidente Calderón anunció una serie medidas al Congreso para enfrentar la crisis económica, entre ellas eliminar los pidiregas de Pemex.
Asimismo, el FAP sugirió un programa de “acción inmediata” para dotar de recursos a la paraestatal e incrementar la producción de crudo en 2009.
El Ejecutivo también propuso invertir 10 mil millones de pesos adicionales en infraestructura energética, especialmente en hidrocarburos y electricidad, esto incluye obras de mantenimiento en instalaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, como parte del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo en México, plan que coincidió con la postura del FAP.
El dictamen de las comisiones del Senado retomó la idea de utilizar deuda para financiar nuevos proyectos de infraestructura e incluso que el gasto de inversión de la empresa salga del balance presupuestario para no afectar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Noé Cruz, Jorge Ramos Y Ricardo Gómez, El Universal, 23 de octubre.
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