BOGOTÁ.- La figura de la extinción de dominio en Colombia -que tiene similitudes con la que propuso el Presidente Felipe Calderón- ha sido una de las armas más poderosas para combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada, aseguraron expertos de ese país.
"Hoy en día la ley de extinción de dominio es una de las herramientas más fuertes con que cuenta el Estado colombiano en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, porque es la forma de atacar el factor económico", dijo Carlos Robledo, subdirector jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad encargada de administrar los bienes incautados bajo esta figura desde 2002.
La principal ventaja de la figura reside en su carácter expedito, pues no requiere la sentencia de un juez para que los bienes incautados pasen a manos del Estado.
Basta que un fiscal especializado dicte medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio, ya sea por estar vinculados a actividades de narcotráfico, secuestro u otros delitos, o por haber evidencias de que fueron adquiridos con dineros ilícitos.
Y mientras el afectado se ocupa en demostrar la procedencia legal de los dineros con que adquirió el bien decomisado, el Estado administra los bienes, lo que incluye poder rentarlos para que no pierdan su valor.
Los bienes objeto de las medidas cautelares quedan a inmediata disposición de la DNE, vía el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
En la parte culminante del proceso, un juez confirma la extinción definitiva del derecho de dominio o la declara improcedente, por lo que el Estado queda obligado a retribuir al afectado los bienes decomisados.
Según cifras de la DNE, de 17 acciones de tutela instauradas por los afectados en los pasados dos años, ninguna prosperó. "Podemos decir que es una argucia jurídica que nos les ha funcionado, pretendiendo reversar los procesos de extinción de dominio", explicó Robledo.
"La carga de la prueba es inversa: corresponde al afectado demostrar el origen lícito del dinero con que compró los bienes", precisó el funcionario.
"Hoy en día la ley de extinción de dominio es una de las herramientas más fuertes con que cuenta el Estado colombiano en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, porque es la forma de atacar el factor económico", dijo Carlos Robledo, subdirector jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad encargada de administrar los bienes incautados bajo esta figura desde 2002.
La principal ventaja de la figura reside en su carácter expedito, pues no requiere la sentencia de un juez para que los bienes incautados pasen a manos del Estado.
Basta que un fiscal especializado dicte medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio, ya sea por estar vinculados a actividades de narcotráfico, secuestro u otros delitos, o por haber evidencias de que fueron adquiridos con dineros ilícitos.
Y mientras el afectado se ocupa en demostrar la procedencia legal de los dineros con que adquirió el bien decomisado, el Estado administra los bienes, lo que incluye poder rentarlos para que no pierdan su valor.
Los bienes objeto de las medidas cautelares quedan a inmediata disposición de la DNE, vía el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
En la parte culminante del proceso, un juez confirma la extinción definitiva del derecho de dominio o la declara improcedente, por lo que el Estado queda obligado a retribuir al afectado los bienes decomisados.
Según cifras de la DNE, de 17 acciones de tutela instauradas por los afectados en los pasados dos años, ninguna prosperó. "Podemos decir que es una argucia jurídica que nos les ha funcionado, pretendiendo reversar los procesos de extinción de dominio", explicó Robledo.
"La carga de la prueba es inversa: corresponde al afectado demostrar el origen lícito del dinero con que compró los bienes", precisó el funcionario.
Octavio Pineda, corresponsal, Reforma, 15 de octubre.
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