Temen que con ley se abuse de bienes

La Ley de Extinción de Dominio presentada por el Presidente Felipe Calderón al Congreso, la cual podría ser dictaminada hoy en la Comisión de Justicia del Senado, prevé que un particular pueda perder su casa si no comprueba que no sabía que su inquilino era un narcotraficante, por ejemplo.

Pero además, ese procedimiento de extinción de dominio para un particular será independiente al juicio penal para el delincuente, en el cual éste último podría ser exonerado.

Incluso, la persona no podrá disponer de su bien mientras dure el procedimiento de extinción, cuya instrucción tampoco podrá suspenderse con el amparo.

Esa iniciativa presidencial dividió opiniones entre dos penalistas consultados por REFORMA: Alonso Aguilar Zinser y Fernando Gómez Mont.

Aguilar Zinser dice estar convencido de que es indispensable que el Estado tenga mayores instrumentos para combatir al crimen organizado y privar a los delincuentes de los recursos que les permiten realizar su actividad.

Pero señala que en los términos en que fue redactada, esta ley puede propiciar que un acusado al final de un juicio sea absuelto y que el inmueble en el que vivió se pierda en favor del Estado, aunque se trate de una propiedad que no le pertenece, sino que le alquilara un tercero.

Desde su punto de vista, esto daría lugar a dos verdades legales contradictorias, razón por la cual estima más adecuada la figura del aseguramiento, que priva temporalmente de la posesión al titular de los bienes, hasta que se determine su responsabilidad en el juicio.

"Si estableces procedimiento sumario para que el Estado se adjudique esos bienes sin que medien los derechos y garantías que median el procedimiento penal para el acusado, estarás estableciendo una excepción y una disminución de garantías individuales respecto de los titulares de esos bienes", dice quien ha sido abogado de Óscar Espinosa Villarreal y Raúl Salinas de Gortari.

A su vez, Fernando Gómez Mont, aunque observa un error muy específico en la reforma constitucional al artículo 22, a grandes rasgos califica como razonable la propuesta del Presidente, porque está dirigida sólo a delitos graves como el narcotráfico.

Dice que una de las principales ventajas de la norma es que pretende impedir que sean legitimadas las grandes fortunas de narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada, que hoy sin tantos problemas heredan su riqueza a sus descendientes.

"Son cuatro o cinco delitos muy graves, no es un procedimiento abierto para cualquier cosa ni un nuevo esquema de expropiación disfrazada.

"¿Es un instrumento perfecto y que no va a dar lugar a ninguna injusticia? Pues no, de esos no hay. ¿Está hecho con las suficientes limitaciones para evitar una aplicación arbitraria? También", respondió.

Integrante del despacho que defendió al ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, y al ex banquero Carlos Cabal Peniche, el litigante precisa que esta ley exige la prueba de la existencia de un hecho delictuoso y otorga el derecho de audiencia a los terceros agraviados.

"Sí me preocupa una parte, pero está desde la Constitución, que es cuando los terceros deben probar que no podían haber evitado un delito que se cometió al amparo de sus bienes inmuebles; allí se puede estar invirtiendo la carga de la prueba desde la Constitución y creo que es un error de la reforma, la ley creo que es más cauta que la Constitución en eso", dijo.





Actualmente...


Con las leyes vigentes, los bienes asegurados a grupos criminales tienen diferentes destinos:


El Tigre y La Reina

· La PGR aseguró en 2002 una residencia en Bahía de Banderas, Nayarit, porque presumía que era propiedad del colombiano Juan Diego Espinoza "El Tigre" y Sandra Ávila "La Reina del Pacífico".

· El inmueble quedó bajo la administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

· En 2006, Bansi, Institución de Banca Múltiple, reclamó el inmueble.

· En 2008 un tribunal ordenó devolver la residencia a Bansi, por haber acreditado su legítima propiedad.

· El juicio contra "El Tigre" y "La Reina" no tiene sentencia y sigue en curso.



Beltrán Leyva

· El 21 de enero de 2008 la SSP y la PGR catearon tres casas del Cártel de Sinaloa en el sur del DF, entre ellas la de Cerro de los Dos Conejos 173, Colonia Manuel Romero de Terreros, donde halló un arsenal.

· El inmueble no era propiedad de los narcos, sino que un pensionado lo rentó vía una afianzadora.

· La casa sigue a disposición de un juez federal que lleva el juicio contra los sicarios detenidos en la casa.




Amado Carrillo

· En 1997 la PGR aseguró la residencia de Cráter 525, en la Colonia Pedregal de San Ángel, presuntamente propiedad de Amado Carrillo Fuentes "El señor de los cielos".

· El capo murió en 1997 y nunca fue sometido a un juicio relacionado con la propiedad de la casa.

· En mayo de 2004, el SAE firmó un contrato con la Academia Metropolitana, institución que presidía en ese momento Luis Maldonado Venegas, ex vicepresidente del Partido Convergencia, para otorgarle el uso del inmueble por un pago de 37 mil pesos mensuales.

· Si en un futuro se determinara la devolución judicial a un dueño, sus actuales ocupantes tendrían 24 horas para desalojarlo, después de ser enterados del fallo.

Abel Barajas, Reforma, 15 de octubre.