LA HABANA.— Los huracanes en Cuba no sólo dejaron una estela de destrozos en varias provincias; Ike y Gustav dejaron también al descubierto el aumento de un sector de la población dedicado al robo, la especulación y el acaparamiento de productos, principalmente alimenticios, que ha provocado que en tan sólo un mes los tribunales municipales de Cuba hayan duplicado sus condenas de privación de la libertad y sanciones judiciales.
La presencia de grupos numerosos de intermediarios y especuladores obligó al gobierno cubano a intervenir en las últimas dos semanas en la cadena de distribución de los pocos productos agropecuarios —en septiembre se comercializó 80% menos que en agosto— para concentrar y regular la distribución y el precio, según el viceministro de Comercio Interior, Francisco Silva Herrera.
Pero los problemas de robo y acaparamiento no sólo se han detectado en los agromercados, controlados por el Estado o los conocidos como de libre mercado, donde el precio lo fijan lo propios vendedores. Muchos de los sancionados son empleados de mercados de divisas y pequeños establecimientos, en particular los lugares en donde se oferta pan.
Los datos oficiales dados a conocer por el Tribunal Supremo Popular revelan el tamaño del problema. De enero a agosto del presente año, las condenas con privación de libertad se impusieron, como promedio, a 15% de los sancionados; el trabajo correccional con internamiento, a 3%; en cambio, se impusieron multas a 56%. Entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre —al paso de los huracanes—, a 24.5% de los sancionados se les impuso privación de libertad; trabajo correccional con internamiento y multas a 10%.
Eduardo Rodríguez González, vicepresidente de ese órgano judicial, reconoció que los tribunales están actuando con mayor severidad por lo grave de los delitos de aquellas personas que “pretenden obtener provecho personal ilícito” especulando con los precios de los productos alimenticios, acaparando recursos, sustrayendo cables telefónicos, eléctricos y sacrifican ilegalmente ganado mayor.
“No debemos permitir que nuestros productores les vendan a esos intermediarios y acaparadores”, fustigó Adolfo Alvarado, uno de los dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
La presencia de grupos numerosos de intermediarios y especuladores obligó al gobierno cubano a intervenir en las últimas dos semanas en la cadena de distribución de los pocos productos agropecuarios —en septiembre se comercializó 80% menos que en agosto— para concentrar y regular la distribución y el precio, según el viceministro de Comercio Interior, Francisco Silva Herrera.
Pero los problemas de robo y acaparamiento no sólo se han detectado en los agromercados, controlados por el Estado o los conocidos como de libre mercado, donde el precio lo fijan lo propios vendedores. Muchos de los sancionados son empleados de mercados de divisas y pequeños establecimientos, en particular los lugares en donde se oferta pan.
Los datos oficiales dados a conocer por el Tribunal Supremo Popular revelan el tamaño del problema. De enero a agosto del presente año, las condenas con privación de libertad se impusieron, como promedio, a 15% de los sancionados; el trabajo correccional con internamiento, a 3%; en cambio, se impusieron multas a 56%. Entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre —al paso de los huracanes—, a 24.5% de los sancionados se les impuso privación de libertad; trabajo correccional con internamiento y multas a 10%.
Eduardo Rodríguez González, vicepresidente de ese órgano judicial, reconoció que los tribunales están actuando con mayor severidad por lo grave de los delitos de aquellas personas que “pretenden obtener provecho personal ilícito” especulando con los precios de los productos alimenticios, acaparando recursos, sustrayendo cables telefónicos, eléctricos y sacrifican ilegalmente ganado mayor.
“No debemos permitir que nuestros productores les vendan a esos intermediarios y acaparadores”, fustigó Adolfo Alvarado, uno de los dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Juan Balboa corresponsal, El Universal, 28 de octubre.
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