En la torre de siete dictámenes que conforman la reforma energética y que fue puesta en cada curul de los diputados federales, no se conocía de un cambio hecho al amparo del silencio a una de las propuestas “estrella” del gobierno federal: los contratos de incentivos.
Fue el priísta Carlos Rojas quien ubicó una modificación a los considerandos de la Ley de Petróleos Mexicanos, con respecto a lo aprobado en la Cámara de Senadores; lo habló con el PRD y paralelo a la toma de la tribuna, se dio una negociación por la que el PAN tuvo que reconocer que sí había cambios, pero que éstos no se llevarían a cabo.
Por ello, el presidente de la Comisión de Energía, David Maldonado, pidió en público aprobar el dictamen que venía del Senado, y no el que incluía entre otras cosas que: “El esquema de remuneraciones se basa en el buen desempeño de los proveedores y contratistas; se paga por la eficiencia y la efectividad del objeto que se contrata y, en ese sentido, puede pactarse el otorgamiento de compensaciones adicionales”.
Otro párrafo modificado señala que la “remuneración podría calcularse con base en la cantidad de hidrocarburos producida (siempre en efectivo), lo cual no viola la prohibición de pagar con un porcentaje de lo producido, ni con las ventas, ni con las utilidades de la contratante”.
En el pleno, los perredistas Antonio Soto y David Mendoza denunciaron la falta de ética y de legalidad en estas modificaciones; Soto pidió la renuncia de Maldonado, y le exigió revelar los nombres de quienes le ordenaron hacer los cambios sin pasarlos por el voto del resto de los legisladores.
Larios, en defensa, cuestionó a los perredistas sobre el proceso de aprobación de un dictamen, que en los hechos no fue modificado ni en una coma, en la sesión de la Comisión de Energía del pasado sábado.
Fue el priísta Carlos Rojas quien ubicó una modificación a los considerandos de la Ley de Petróleos Mexicanos, con respecto a lo aprobado en la Cámara de Senadores; lo habló con el PRD y paralelo a la toma de la tribuna, se dio una negociación por la que el PAN tuvo que reconocer que sí había cambios, pero que éstos no se llevarían a cabo.
Por ello, el presidente de la Comisión de Energía, David Maldonado, pidió en público aprobar el dictamen que venía del Senado, y no el que incluía entre otras cosas que: “El esquema de remuneraciones se basa en el buen desempeño de los proveedores y contratistas; se paga por la eficiencia y la efectividad del objeto que se contrata y, en ese sentido, puede pactarse el otorgamiento de compensaciones adicionales”.
Otro párrafo modificado señala que la “remuneración podría calcularse con base en la cantidad de hidrocarburos producida (siempre en efectivo), lo cual no viola la prohibición de pagar con un porcentaje de lo producido, ni con las ventas, ni con las utilidades de la contratante”.
En el pleno, los perredistas Antonio Soto y David Mendoza denunciaron la falta de ética y de legalidad en estas modificaciones; Soto pidió la renuncia de Maldonado, y le exigió revelar los nombres de quienes le ordenaron hacer los cambios sin pasarlos por el voto del resto de los legisladores.
Larios, en defensa, cuestionó a los perredistas sobre el proceso de aprobación de un dictamen, que en los hechos no fue modificado ni en una coma, en la sesión de la Comisión de Energía del pasado sábado.
Andrea Merlos, El Universal, 29 de octubre.
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