En la recta final de las negociaciones del Senado, Petróleos Mexicanos insistió en cabildear la aprobación del esquema de contratos incentivados, tal y como los propuso el Presidente Felipe Calderón en su iniciativa.
De acuerdo con un análisis de la paraestatal, difundido ayer, los contratos de riesgo quedaron suprimidos de la legislación desde 1960 y ninguna de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo pretenden revertir la decisión.
"Los contratos de cualquier otra índole y los contratos en donde el Estado conserve la propiedad de los productos y el control de los procesos son constitucionales. Un contrato de desempeño no es igual a un contrato de riesgo.
"El pago al contratista únicamente se realizará en efectivo, nunca en especie; el pago con base en una remuneración predeterminada -que reconoce los costos incurridos y una utilidad que debe cubrirse a los contratistas por su trabajo- nunca podrá ser igual o mayor a un porcentaje directo del valor de la producción", señala.
Según Pemex, los incentivos no implican una participación ni están vinculados a la producción, y señala que los incentivos no pueden ser cantidades indefinidas y sin límites.
"La reforma establece límites y los incentivos se pactarán en función de metas e indicadores explícitos para cada contrato; no se compromete la propiedad ni el control sobre los hidrocarburos.
"El destino de la renta petrolera se mantiene intacto. El pago de incentivos sólo ocurre cuando, como resultado de la ejecución de obras y servicios, se incrementa la renta petrolera, en beneficio de Pemex, de la Nación, y, así, en beneficio de los mexicanos", indica el análisis.
Para Pemex, de aprobarse la reforma en sus términos, la propiedad de los hidrocarburos y activos será siempre de la empresa, ya que el marco de contratación no implica que el contratista pueda tener derecho alguno sobre los activos productivos o sobre la reserva.
En el texto se recuerda que la participación del sector privado en la industria petrolera existe desde hace décadas, a través de contratos de servicios.
"Por ejemplo, solamente Pemex Exploración y Producción firma un promedio de 4 mil 700 contratos anualmente. La participación está acotada a lo que marca la Constitución y las Leyes Reglamentarias.
"La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional establece claramente que, por las obras y servicios que contrata, Pemex sólo puede pactar y pagar en efectivo, nunca en especie ni como porcentaje de los resultados, es decir, del valor de la producción", detalla.
De acuerdo con un análisis de la paraestatal, difundido ayer, los contratos de riesgo quedaron suprimidos de la legislación desde 1960 y ninguna de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo pretenden revertir la decisión.
"Los contratos de cualquier otra índole y los contratos en donde el Estado conserve la propiedad de los productos y el control de los procesos son constitucionales. Un contrato de desempeño no es igual a un contrato de riesgo.
"El pago al contratista únicamente se realizará en efectivo, nunca en especie; el pago con base en una remuneración predeterminada -que reconoce los costos incurridos y una utilidad que debe cubrirse a los contratistas por su trabajo- nunca podrá ser igual o mayor a un porcentaje directo del valor de la producción", señala.
Según Pemex, los incentivos no implican una participación ni están vinculados a la producción, y señala que los incentivos no pueden ser cantidades indefinidas y sin límites.
"La reforma establece límites y los incentivos se pactarán en función de metas e indicadores explícitos para cada contrato; no se compromete la propiedad ni el control sobre los hidrocarburos.
"El destino de la renta petrolera se mantiene intacto. El pago de incentivos sólo ocurre cuando, como resultado de la ejecución de obras y servicios, se incrementa la renta petrolera, en beneficio de Pemex, de la Nación, y, así, en beneficio de los mexicanos", indica el análisis.
Para Pemex, de aprobarse la reforma en sus términos, la propiedad de los hidrocarburos y activos será siempre de la empresa, ya que el marco de contratación no implica que el contratista pueda tener derecho alguno sobre los activos productivos o sobre la reserva.
En el texto se recuerda que la participación del sector privado en la industria petrolera existe desde hace décadas, a través de contratos de servicios.
"Por ejemplo, solamente Pemex Exploración y Producción firma un promedio de 4 mil 700 contratos anualmente. La participación está acotada a lo que marca la Constitución y las Leyes Reglamentarias.
"La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional establece claramente que, por las obras y servicios que contrata, Pemex sólo puede pactar y pagar en efectivo, nunca en especie ni como porcentaje de los resultados, es decir, del valor de la producción", detalla.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 15 de octubre.
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