La banda del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva había infiltrado una de las principales dependencias encargadas de combatirlos.
Ante ello, la PGR emprendió una purga en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tras comprobar que dos mandos y tres agentes filtraban información a la organización criminal a cambio de sobornos que iban de los 150 mil dólares a los 450 mil.
La Procuraduría separó ayer de su cargo a 35 fiscales y Ministerios Públicos que estaban adscritos a la SIEDO, además de consignar ante un juez a los cinco elementos acusados directamente de filtrar información de los operativos antinarco y de quienes los coordinaban.
Fernando Rivera Hernández, quien era director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO, fue el primer detenido. Su captura ocurrió el 31 de julio, cuando Noé Ramírez Mandujano renunció a la SIEDO a petición del Procurador Eduardo Medina Mora.
El jefe de Rivera, Miguel Colorado González, fue detenido después, junto con dos agentes de la AFI que también estaban adscritos a la SIEDO: Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia. Francisco Javier Jiménez Sánchez, un tercer agente acusado, está prófugo.
Los funcionarios inculpados fueron arraigados desde el 6 de agosto pasado, aunque la PGR lo dio a conocer hasta el 12 de agosto. En un comunicado se especificaba que el arraigo sería por 40 días y que la institución no consentiría ningún acto que vulnerara la ley ni que traicionara la confianza de la institución.
La PGR inició su investigación con base en las declaraciones de un ex agente de la Interpol al que convirtió en testigo protegido y quien hizo su declaración en la Embajada de México en Washington.
El testigo dijo a la PGR que, desde 2004, mandos y agentes recibían sobornos de los Beltrán Leyva.
El año coincide con un repunte registrado en las finanzas de Colorado González, quien ese 2004 compró al contado una Jeep Liberty, un Mercedes Benz Kompresor, una Pathfinder Nissan y un Volvo S60, además de que abrió una cuenta bancaria de un millón 200 mil pesos.
Rivera Hernández, ex elemento del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército, era un militar en el que el Estado había invertido muchos recursos para convertirlo en agente de élite.
Los detenidos trabajaron con José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la SIEDO y quien fuera nombrado subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR al inicio de la actual Administración; en sustitución llegó Ramírez Mandujano.
Actualmente Santiago Vasconcelos es el secretario técnico para la implementación de las reformas en materia penal, y Ramírez, el representante de la PGR ante la Oficina de Naciones Unidas en Viena.
Conózcalos
Nombre: Miguel Colorado González
Edad: 68 años
Coordinador general técnico de la SIEDO. Asignaba personal de la AFI para las investigaciones solicitadas por agentes del MP adscritos a la SIEDO.
Nombre: Fernando Rivera Hernández
Edad: 45 años
Director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO. Dirigía los operativos que realizaban la SIEDO y la Sedena contra organizaciones delictivas.
Ante ello, la PGR emprendió una purga en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tras comprobar que dos mandos y tres agentes filtraban información a la organización criminal a cambio de sobornos que iban de los 150 mil dólares a los 450 mil.
La Procuraduría separó ayer de su cargo a 35 fiscales y Ministerios Públicos que estaban adscritos a la SIEDO, además de consignar ante un juez a los cinco elementos acusados directamente de filtrar información de los operativos antinarco y de quienes los coordinaban.
Fernando Rivera Hernández, quien era director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO, fue el primer detenido. Su captura ocurrió el 31 de julio, cuando Noé Ramírez Mandujano renunció a la SIEDO a petición del Procurador Eduardo Medina Mora.
El jefe de Rivera, Miguel Colorado González, fue detenido después, junto con dos agentes de la AFI que también estaban adscritos a la SIEDO: Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia. Francisco Javier Jiménez Sánchez, un tercer agente acusado, está prófugo.
Los funcionarios inculpados fueron arraigados desde el 6 de agosto pasado, aunque la PGR lo dio a conocer hasta el 12 de agosto. En un comunicado se especificaba que el arraigo sería por 40 días y que la institución no consentiría ningún acto que vulnerara la ley ni que traicionara la confianza de la institución.
La PGR inició su investigación con base en las declaraciones de un ex agente de la Interpol al que convirtió en testigo protegido y quien hizo su declaración en la Embajada de México en Washington.
El testigo dijo a la PGR que, desde 2004, mandos y agentes recibían sobornos de los Beltrán Leyva.
El año coincide con un repunte registrado en las finanzas de Colorado González, quien ese 2004 compró al contado una Jeep Liberty, un Mercedes Benz Kompresor, una Pathfinder Nissan y un Volvo S60, además de que abrió una cuenta bancaria de un millón 200 mil pesos.
Rivera Hernández, ex elemento del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército, era un militar en el que el Estado había invertido muchos recursos para convertirlo en agente de élite.
Los detenidos trabajaron con José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la SIEDO y quien fuera nombrado subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR al inicio de la actual Administración; en sustitución llegó Ramírez Mandujano.
Actualmente Santiago Vasconcelos es el secretario técnico para la implementación de las reformas en materia penal, y Ramírez, el representante de la PGR ante la Oficina de Naciones Unidas en Viena.
Conózcalos
Nombre: Miguel Colorado González
Edad: 68 años
Coordinador general técnico de la SIEDO. Asignaba personal de la AFI para las investigaciones solicitadas por agentes del MP adscritos a la SIEDO.
Nombre: Fernando Rivera Hernández
Edad: 45 años
Director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO. Dirigía los operativos que realizaban la SIEDO y la Sedena contra organizaciones delictivas.
Reforma, 28 de octubre.
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