En lo que va de la administración de Felipe Calderón se han recibido 983 quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, y “la militarización de la seguridad pública ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por parte de elementos militares; sin embargo, el despliegue de más 45 mil efectivos en tareas de seguridad pública no ha logrado frenar los índices de violencia”, señalaron organizaciones no gubernamentales que denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En conferencia de prensa, en representación de siete organizaciones, Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín Pro, y Paulina Vega, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expusieron que durante una audiencia en la CIDH “se detalló que la lucha contra la delincuencia organizada por parte del Estado mexicano ha implicado iniciativas y reformas legislativas regresivas, reaccionarias, olvidando la prevención en materia de seguridad pública.
“Inclusive se ha llevado al debate público la pena de muerte y la prisión vitalicia, soslayando conceptos fundamentales como el de seguridad humana”, sosteniendo que para México “representaría un situación de retroceso el que se aprobara la pena de muerte, cuando se trata de una pena ya abolida”.
Los defensores de los derechos humanos expusieron que “son voces oportunistas los que piden la pena de muerte, y su instauración no permitiría subsanar algún posible error judicial”.
En ese contexto, manifestaron que “la participación del Ejército en tareas de seguridad pública contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y el artículo 129 constitucional mexicano, que establece: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Por ello, mencionaron que un “indicador del aumento en las violaciones a los derechos humanos a partir de la creciente participación de los militares en tareas policiales, es el incremento en el número de quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“En lo que va del sexenio de Calderón esta dependencia ha registrado más de 983 quejas y las cifras indican que el fenómeno va en crecimiento. Asimismo, los casos documentados por las organizaciones de derechos humanos mexicanas indican que los grupos en situación de vulnerabilidad como: niños, niñas y adolescentes, indígenas, mujeres y personas migrantes son especialmente afectados”, señalaron Paulina Vega y Luis Arriaga.
En conferencia de prensa, en representación de siete organizaciones, Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín Pro, y Paulina Vega, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expusieron que durante una audiencia en la CIDH “se detalló que la lucha contra la delincuencia organizada por parte del Estado mexicano ha implicado iniciativas y reformas legislativas regresivas, reaccionarias, olvidando la prevención en materia de seguridad pública.
“Inclusive se ha llevado al debate público la pena de muerte y la prisión vitalicia, soslayando conceptos fundamentales como el de seguridad humana”, sosteniendo que para México “representaría un situación de retroceso el que se aprobara la pena de muerte, cuando se trata de una pena ya abolida”.
Los defensores de los derechos humanos expusieron que “son voces oportunistas los que piden la pena de muerte, y su instauración no permitiría subsanar algún posible error judicial”.
En ese contexto, manifestaron que “la participación del Ejército en tareas de seguridad pública contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y el artículo 129 constitucional mexicano, que establece: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Por ello, mencionaron que un “indicador del aumento en las violaciones a los derechos humanos a partir de la creciente participación de los militares en tareas policiales, es el incremento en el número de quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“En lo que va del sexenio de Calderón esta dependencia ha registrado más de 983 quejas y las cifras indican que el fenómeno va en crecimiento. Asimismo, los casos documentados por las organizaciones de derechos humanos mexicanas indican que los grupos en situación de vulnerabilidad como: niños, niñas y adolescentes, indígenas, mujeres y personas migrantes son especialmente afectados”, señalaron Paulina Vega y Luis Arriaga.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 23 de octubre.
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