Con esta postura hecha pública, el Instituto Federal Electoral decidió posponer la discusión y votación de la propuesta del Partido Socialdemócrata, precisamente para que el IFE y el Cisen firmen un convenio para someter a revisión a los candidatos de ese partido y transparentar así, si tienen algún vínculo con el crimen organizado.
El Consejo General del IFE acordó “revisar con mayor profundidad los pros y contras de la propuesta, a fin de presentar un documento que fortalezca las reflexiones sobre el marco normativo que regula este tipo de decisiones”, señaló.
En tanto, el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, admitió que “el proyecto es interesante, pero tiene varias aristas que deben ser estudiadas con detenimiento”.
Mientras, en las instalaciones del TEPJF, el magistrado Alejandro Luna Ramos sostuvo que “el Cisen no debe intervenir en los temas electorales porque el IFE cuenta con facultades y herramientas suficientes de fiscalización para revisar las actividades de los partidos durante las campañas y, en su caso, detectar la intervención del narcotráfico”.
Agregó que al IFE corresponde organizar los procesos electorales, por lo que “el país no puede regresar a los tiempos en que el Ejecutivo federal era el que determinaba quién podía o no ser candidato”.
En conferencia de prensa, los tres magistrados electorales perfilaron lo que será en breve la resolución definitiva al controvertido tema de la vigilancia del Cisen a los candidatos de los partidos. En este sentido, el magistrado Pedro Esteban Penagos señaló que hasta por su propio nombre, el Cisen es absolutamente ajeno a los asuntos electorales.
Su colega Salvador Olimpo afirmó por su parte que no se puede plantear ahora duplicar funciones, ya que el IFE, subrayó, tiene la infraestructura y potestad legal para realizar investigaciones exhaustivas sobre el financiamiento a los partidos políticos, para verificar que éste sea de origen lícito y que se respeten los montos autorizados.
Pero no sólo eso, intervino el magistrado Constancio Carrasco, sino que también los partidos políticos están obligados estatutariamente a cuidar que sus aspirantes sean elegibles legalmente.
En el IFE, en tanto, los consejeros electorales Virgilio Andrade y Francisco Guerrero se pronunciaron a favor de que los partidos políticos asuman la responsabilidad de buscar los mejores perfiles para sus candidatos a puestos de elección popular.
Luciano Franco, Crónica, 2 de octubre.
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