El grupo de intelectuales y ciudadanos que forma el Comité de Defensa del Petróleo consideró que “no ha llegado el momento de cantar victoria, arriar banderas y cruzarse de brazos”, porque “las intentonas privatizadoras seguirán manifestándose”.
En voz del embajador Jorge Eduardo Navarrete, el comité anunció el inicio de una nueva fase del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que deberá prepararse para “responder a los desafíos” que implicará la reforma que se apruebe en el Senado de la República. “Hay que mantenerse alertas y vigilantes con todo lo conseguido”, insistió.
Señaló que el resultado de los dictámenes aprobados en comisiones senatoriales “no puede respaldarse plenamente”, porque “conjura el espíritu privatizador” propuesto por Felipe Calderón. Sin embargo, en esta nueva fase “corresponde a este movimiento asegurarse de que el nuevo marco legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) se aplique sin desviaciones y contribuya lo más posible a combatir la corrupción”.
En nombre de las 101 personas que integran el grupo, explicó que a pesar de los esfuerzos empeñados no fue posible borrar por completo las “13 líneas rojas de la reforma petrolera” que desde julio pasado fueron identificadas como los puntos más peligrosos.
De las 13 líneas, ocho fueron eliminadas, tres se sortearon en forma parcial y no fue posible “borrar” las dos restantes.
Por ello, consideró indispensable insistir en el debate legislativo –y en otros foros– en que la regulación que se imponga a Pemex no sea más rigurosa y punitiva que la que existe para los permisionarios particulares de gas natural.
Indicó, asimismo, en que es preciso insistir también en que los llamados bonos ciudadanos no se conviertan en un instrumento para colocar el capital de la paraestatal en las bolsas de valores, “esos casinos del capitalismo neoliberal”.
En la asamblea de brigadistas convocada ayer en el Hemiciclo a Juárez, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el embajador Navarrete manifestó que el MNDP “puede convertirse en un poderoso y efectivo mecanismo de vigilancia ciudadana de la conducción y operación de nuestra industria petrolera”, y le corresponde, subrayó, “asegurarse de que el nuevo marco legal para Pemex” sea el más benéfico para la nación.
Así que “hay que movilizarse en favor de la pronta reactivación de la petroquímica, larga y costosamente abandonada en los últimos decenios, y vigilar las formas y modalidades que se determinen para la intensificación de la exploración y desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, donde se requiere una auditoría ciudadana de lo que hasta ahora se ha hecho”.
También se pronunció por “mantener la movilización popular para asegurar que el aprovechamiento de las nuevas provincias petroleras en el Golfo de México no se realice de manera precipitada e irracional para alimentar una exportación excesiva de crudo, sino cuidando un recurso que pertenece, sobre todo, a los mexicanos de la segunda mitad de este siglo”
Jorge Eduardo Navarrete recordó que al elaborar los dictámenes se logró, de acuerdo con el análisis del Comité de Defensa del Petróleo, “evitar ocho de los trece peligros (detectados por ellos)”, pero “se requiere ahora que nos aseguremos que los compromisos alcanzados para evitarlos se cumplan en la realidad”.
De entre esos ocho puntos, destacó: “Se evitó que los particulares puedan construir, poseer y operar instalaciones de refinación y petroquímica básica, así como de transporte por ductos y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos básicos”.
Además, “se estableció un régimen que impide por completo los contratos de riesgo bajo cualquier nombre; que sujeta los contratos a la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación; que limita al mínimo las adjudicaciones directas y que, para los tres casos en que admite compensaciones, éstas queden determinadas desde la firma del contrato.”
De los peligros que “se sortearon en forma parcial” comentó que se busca persistir para que se corrija el sesgo exportador que se ha impuesto a la actividad petrolera, para restituir un Pemex plenamente integrado y para lograr que su consejo de administración se constituya en forma más democrática y representativa”.
Luego de la lectura del documento del Comité de Defensa del Petróleo, cuya copia fue distribuida sin firmas (aunque cuenta, entre otras, con las de José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Lorenzo Meyer, Margo Glantz, Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Hugo Gutiérrez Vega, Laura Esquivel, Guadalupe Loaeza, Ida Rodríguez Prampolini, Héctor Vasconcelos, David Ibarra, Carlos Payán, Luis Javier Garrido, Carlos Pellicer, Enrique Semo y Antonio Gershenson, intervino en el mitin el ingeniero químico José Felipe Ocampo Torrea.
Apuntó que lo hasta ahora alcanzado con la elaboración de los dictámenes de reforma –que hoy serán sometidos a votación del pleno del Senado de la República– implica hacer un balance y “definir nuevas tácticas y estrategias de lucha adecuadas a las circunstancias. No hay que bajar la guardia”.
En voz del embajador Jorge Eduardo Navarrete, el comité anunció el inicio de una nueva fase del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que deberá prepararse para “responder a los desafíos” que implicará la reforma que se apruebe en el Senado de la República. “Hay que mantenerse alertas y vigilantes con todo lo conseguido”, insistió.
Señaló que el resultado de los dictámenes aprobados en comisiones senatoriales “no puede respaldarse plenamente”, porque “conjura el espíritu privatizador” propuesto por Felipe Calderón. Sin embargo, en esta nueva fase “corresponde a este movimiento asegurarse de que el nuevo marco legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) se aplique sin desviaciones y contribuya lo más posible a combatir la corrupción”.
En nombre de las 101 personas que integran el grupo, explicó que a pesar de los esfuerzos empeñados no fue posible borrar por completo las “13 líneas rojas de la reforma petrolera” que desde julio pasado fueron identificadas como los puntos más peligrosos.
De las 13 líneas, ocho fueron eliminadas, tres se sortearon en forma parcial y no fue posible “borrar” las dos restantes.
Por ello, consideró indispensable insistir en el debate legislativo –y en otros foros– en que la regulación que se imponga a Pemex no sea más rigurosa y punitiva que la que existe para los permisionarios particulares de gas natural.
Indicó, asimismo, en que es preciso insistir también en que los llamados bonos ciudadanos no se conviertan en un instrumento para colocar el capital de la paraestatal en las bolsas de valores, “esos casinos del capitalismo neoliberal”.
En la asamblea de brigadistas convocada ayer en el Hemiciclo a Juárez, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el embajador Navarrete manifestó que el MNDP “puede convertirse en un poderoso y efectivo mecanismo de vigilancia ciudadana de la conducción y operación de nuestra industria petrolera”, y le corresponde, subrayó, “asegurarse de que el nuevo marco legal para Pemex” sea el más benéfico para la nación.
Así que “hay que movilizarse en favor de la pronta reactivación de la petroquímica, larga y costosamente abandonada en los últimos decenios, y vigilar las formas y modalidades que se determinen para la intensificación de la exploración y desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, donde se requiere una auditoría ciudadana de lo que hasta ahora se ha hecho”.
También se pronunció por “mantener la movilización popular para asegurar que el aprovechamiento de las nuevas provincias petroleras en el Golfo de México no se realice de manera precipitada e irracional para alimentar una exportación excesiva de crudo, sino cuidando un recurso que pertenece, sobre todo, a los mexicanos de la segunda mitad de este siglo”
Jorge Eduardo Navarrete recordó que al elaborar los dictámenes se logró, de acuerdo con el análisis del Comité de Defensa del Petróleo, “evitar ocho de los trece peligros (detectados por ellos)”, pero “se requiere ahora que nos aseguremos que los compromisos alcanzados para evitarlos se cumplan en la realidad”.
De entre esos ocho puntos, destacó: “Se evitó que los particulares puedan construir, poseer y operar instalaciones de refinación y petroquímica básica, así como de transporte por ductos y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos básicos”.
Además, “se estableció un régimen que impide por completo los contratos de riesgo bajo cualquier nombre; que sujeta los contratos a la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación; que limita al mínimo las adjudicaciones directas y que, para los tres casos en que admite compensaciones, éstas queden determinadas desde la firma del contrato.”
De los peligros que “se sortearon en forma parcial” comentó que se busca persistir para que se corrija el sesgo exportador que se ha impuesto a la actividad petrolera, para restituir un Pemex plenamente integrado y para lograr que su consejo de administración se constituya en forma más democrática y representativa”.
Luego de la lectura del documento del Comité de Defensa del Petróleo, cuya copia fue distribuida sin firmas (aunque cuenta, entre otras, con las de José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Enrique González Pedrero, José María Pérez Gay, Lorenzo Meyer, Margo Glantz, Arnaldo Córdova, Rolando Cordera, Hugo Gutiérrez Vega, Laura Esquivel, Guadalupe Loaeza, Ida Rodríguez Prampolini, Héctor Vasconcelos, David Ibarra, Carlos Payán, Luis Javier Garrido, Carlos Pellicer, Enrique Semo y Antonio Gershenson, intervino en el mitin el ingeniero químico José Felipe Ocampo Torrea.
Apuntó que lo hasta ahora alcanzado con la elaboración de los dictámenes de reforma –que hoy serán sometidos a votación del pleno del Senado de la República– implica hacer un balance y “definir nuevas tácticas y estrategias de lucha adecuadas a las circunstancias. No hay que bajar la guardia”.
Fabiola Martínez y ALma Muñoz, La Jornada, 23 de octubre.
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