El proyecto de reforma petrolera del Presidente Felipe Calderón quedó reducido al mínimo luego de que los senadores del PAN, PRI y PRD alcanzaran un acuerdo para sacar adelante los dictámenes de ley que impiden la maquila en refinación y establecen candados para el nuevo régimen de contratos.
Incluso, especialistas en el tema sostienen que el Senado privilegió los acuerdos políticos sobre los cambios sustanciales que requería la industria petrolera para aumentar sus reservas y reducir las importaciones de combustibles.
Míriam Grunstein, del ITAM, consideró que los acuerdos logrados empeorarán la situación de Pemex, pues lo que no estaba claro en la legislación actual se prohíbe explícitamente en la nueva.
"Las prohibiciones que antes eran implícitas ahora son explícitas y ponen mayores candados (para la contratación de servicios)", dijo.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, aseguró que, bajo la nueva legislación, la refinería anunciada por Calderón deja de tener sentido, pues con el ritmo de declinación actual ya no habría crudo que refinar.
En abril, el titular del Ejecutivo pidió al Congreso reformar el marco legal de la paraestatal para permitir la entrada de la iniciativa privada en la construcción y hasta propiedad de las refinerías; sin embargo, el rechazo conjunto del PRI y PRD terminó por sepultar el planteamiento.
Lo mismo sucedió con el transporte, almacenamiento, distribución y ductos, que continuarán bajo el control total de Petróleos Mexicanos.
Las principales características de los contratos incentivados propuestos fueron eliminadas de la reforma, ya que las compensaciones o penalizaciones a terceros deberán predeterminarse a la firma del contrato y no durante el desarrollo de la obra.
Con este cambio, los legisladores aseguraron que la reforma cierre las puertas a los contratos de riesgo, considerados como uno de los contenidos más polémicos y cuestionados del proyecto calderonista.
En otros planteamientos, el Gobierno federal y el PAN se vieron obligados a ceder parcialmente, como sucedió con la propuesta para modificar el régimen corporativo de Pemex, con la integración de un nuevo consejo de administración.
Aunque el Ejecutivo pretendía mantener el control del mismo y construir un régimen de excepción para cuatro nuevos consejeros profesionales, la Oposición consiguió que esos integrantes de la junta de gobierno sean propuestos por Calderón, pero ratificados por el Senado.
En materia de autonomía de gestión, Calderón pretendía liberar la empresa en un plazo de 11 años a través del condicionamiento de artículos transitorios para disponer de sus excedentes. Ayer, los senadores negociaron que podría reducirse a 7 años.
Lo que no fue
De la iniciativa original del Presidente fueron eliminados:
· La participación de la IP en refinación y contratos de maquila
· El presupuesto anual bajo control de Hacienda.
· Los contratos incentivados
Lo que sÍ pasó, pero...
Nuevo consejo de administración de Pemex
· Sí, pero los cuatro consejeros profesionales serán ratificados por el Senado, no por el Ejecutivo
Nuevo régimen fiscal
· Sí, pero sin beneficios e incentivos a terceros
Bonos ciudadanos
· Sí, pero con candados para evitar que las casas de bolsa puedan comprarlos
Ejecución de obras
· Sí, con nuevo régimen de adquisiciones, pero con candados para licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas
Incluso, especialistas en el tema sostienen que el Senado privilegió los acuerdos políticos sobre los cambios sustanciales que requería la industria petrolera para aumentar sus reservas y reducir las importaciones de combustibles.
Míriam Grunstein, del ITAM, consideró que los acuerdos logrados empeorarán la situación de Pemex, pues lo que no estaba claro en la legislación actual se prohíbe explícitamente en la nueva.
"Las prohibiciones que antes eran implícitas ahora son explícitas y ponen mayores candados (para la contratación de servicios)", dijo.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, aseguró que, bajo la nueva legislación, la refinería anunciada por Calderón deja de tener sentido, pues con el ritmo de declinación actual ya no habría crudo que refinar.
En abril, el titular del Ejecutivo pidió al Congreso reformar el marco legal de la paraestatal para permitir la entrada de la iniciativa privada en la construcción y hasta propiedad de las refinerías; sin embargo, el rechazo conjunto del PRI y PRD terminó por sepultar el planteamiento.
Lo mismo sucedió con el transporte, almacenamiento, distribución y ductos, que continuarán bajo el control total de Petróleos Mexicanos.
Las principales características de los contratos incentivados propuestos fueron eliminadas de la reforma, ya que las compensaciones o penalizaciones a terceros deberán predeterminarse a la firma del contrato y no durante el desarrollo de la obra.
Con este cambio, los legisladores aseguraron que la reforma cierre las puertas a los contratos de riesgo, considerados como uno de los contenidos más polémicos y cuestionados del proyecto calderonista.
En otros planteamientos, el Gobierno federal y el PAN se vieron obligados a ceder parcialmente, como sucedió con la propuesta para modificar el régimen corporativo de Pemex, con la integración de un nuevo consejo de administración.
Aunque el Ejecutivo pretendía mantener el control del mismo y construir un régimen de excepción para cuatro nuevos consejeros profesionales, la Oposición consiguió que esos integrantes de la junta de gobierno sean propuestos por Calderón, pero ratificados por el Senado.
En materia de autonomía de gestión, Calderón pretendía liberar la empresa en un plazo de 11 años a través del condicionamiento de artículos transitorios para disponer de sus excedentes. Ayer, los senadores negociaron que podría reducirse a 7 años.
Lo que no fue
De la iniciativa original del Presidente fueron eliminados:
· La participación de la IP en refinación y contratos de maquila
· El presupuesto anual bajo control de Hacienda.
· Los contratos incentivados
Lo que sÍ pasó, pero...
Nuevo consejo de administración de Pemex
· Sí, pero los cuatro consejeros profesionales serán ratificados por el Senado, no por el Ejecutivo
Nuevo régimen fiscal
· Sí, pero sin beneficios e incentivos a terceros
Bonos ciudadanos
· Sí, pero con candados para evitar que las casas de bolsa puedan comprarlos
Ejecución de obras
· Sí, con nuevo régimen de adquisiciones, pero con candados para licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas
Claudia Guerrero, Érika Hernández y Alma Hernández, Reforma, 21 de octubre.
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