BOGOTÁ.- Enganchado con promesas de trabajo, Joaquín Castro, de 27 años, desapareció del marginado municipio conurbado de Soacha, al sur de Bogotá, el pasado 13 de enero.
Dos días después, su cuerpo ingresó al servicio forense de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Fue reportado como muerto en combate por el Ejército, pero el tiempo que pasó entre su desaparición y muerte generó sospechas, porque se sabe que la guerrilla y las bandas emergentes someten a sus miembros a un mínimo de entrenamiento antes de exponerlos a un combate.
Su caso, al igual que el de otra veintena de jóvenes de barrios marginales, sacó a la luz uno de los episodios más escabrosos de la guerra, que hace temer ejecuciones militares en supuestos combates con grupos armados ilegales, en un intento por mostrar resultados.
En respuesta, el Gobierno creó una comisión especial de alto nivel que investigará estas muertes y anunció castigos ejemplares de comprobarse la participación de militares.
"Algunos de estos muchachos fueron engañados con falsas promesas de trabajos bien remunerados", asegurró a REFORMA Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes).
"Otros, al parecer, tenían antecedentes (judiciales) y parece ser limpieza social, utilizada para falsos positivos; es decir, los muestran como muertos en combate en regiones retiradas de su lugar de vivienda", dijo.
Gómez recordó que desde 2006 habitantes de las marginadas localidades de Soacha y Ciudad Bolívar habían denunciado amenazas, asesinatos selectivos, desplazamiento, desapariciones y reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, denuncias de las que hicieron eco varias ONG, incluida Asfaddes.
"De tiempo atrás ya se había denunciado, se había venido insistiendo a las autoridades en que investigaran, pero también para que tomaran acciones que previnieran esta situación", recordó la activista.
Los temores de que militares corruptos estén implicados en las ejecuciones de estos jóvenes cobraron fuerza tras la revelación del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de que hay reductos de la fuerza pública que exigen cuotas de cadáveres.
"Yo me resisto a creer que esto sea cierto. Hemos repetido que preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto", afirmó el Ministro.
Castro desapareció el mismo día que su amigo Elkin Gustavo Verano, de 25 años, ambos empleados de un taller, y habrían muerto en combate, según el Ejército, el 15 de enero.
Sus cuerpos fueron exhumados en Ocaña hace unos días, cuando se conoció su caso.
"Hay serios indicios que comprometen a la fuerza pública en este método de mostrar eficacia con los falsos muertos en combate", advirtió la directora de Asfaddes.
El vicepresidente Francisco Santos adelantó que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias, pero pidió prudencia.
"Se ha acordado apoyar totalmente la labor de la Fiscalía, que va a armar una fuerza de tarea especial para investigar este caso", indicó el vicepresidente.
Dos días después, su cuerpo ingresó al servicio forense de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Fue reportado como muerto en combate por el Ejército, pero el tiempo que pasó entre su desaparición y muerte generó sospechas, porque se sabe que la guerrilla y las bandas emergentes someten a sus miembros a un mínimo de entrenamiento antes de exponerlos a un combate.
Su caso, al igual que el de otra veintena de jóvenes de barrios marginales, sacó a la luz uno de los episodios más escabrosos de la guerra, que hace temer ejecuciones militares en supuestos combates con grupos armados ilegales, en un intento por mostrar resultados.
En respuesta, el Gobierno creó una comisión especial de alto nivel que investigará estas muertes y anunció castigos ejemplares de comprobarse la participación de militares.
"Algunos de estos muchachos fueron engañados con falsas promesas de trabajos bien remunerados", asegurró a REFORMA Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes).
"Otros, al parecer, tenían antecedentes (judiciales) y parece ser limpieza social, utilizada para falsos positivos; es decir, los muestran como muertos en combate en regiones retiradas de su lugar de vivienda", dijo.
Gómez recordó que desde 2006 habitantes de las marginadas localidades de Soacha y Ciudad Bolívar habían denunciado amenazas, asesinatos selectivos, desplazamiento, desapariciones y reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, denuncias de las que hicieron eco varias ONG, incluida Asfaddes.
"De tiempo atrás ya se había denunciado, se había venido insistiendo a las autoridades en que investigaran, pero también para que tomaran acciones que previnieran esta situación", recordó la activista.
Los temores de que militares corruptos estén implicados en las ejecuciones de estos jóvenes cobraron fuerza tras la revelación del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de que hay reductos de la fuerza pública que exigen cuotas de cadáveres.
"Yo me resisto a creer que esto sea cierto. Hemos repetido que preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto", afirmó el Ministro.
Castro desapareció el mismo día que su amigo Elkin Gustavo Verano, de 25 años, ambos empleados de un taller, y habrían muerto en combate, según el Ejército, el 15 de enero.
Sus cuerpos fueron exhumados en Ocaña hace unos días, cuando se conoció su caso.
"Hay serios indicios que comprometen a la fuerza pública en este método de mostrar eficacia con los falsos muertos en combate", advirtió la directora de Asfaddes.
El vicepresidente Francisco Santos adelantó que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias, pero pidió prudencia.
"Se ha acordado apoyar totalmente la labor de la Fiscalía, que va a armar una fuerza de tarea especial para investigar este caso", indicó el vicepresidente.
Octavio Pineda, corresponsal, Reforma, 6 de octubre.
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