La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) difundió ayer estas cifras durante la presentación de su informe correspondiente a enero-junio de 2008 y denunció que este rebrote responde en gran parte al resurgimiento del paramilitarismo de muchos que se habían desmovilizado y han vuelto a las armas.
El presidente de CODHES, Marco Romero, explicó que “estas cifras muestran un incremento exponencial del desplazamiento que se viene produciendo de forma paulatina desde que llegó al poder el presidente Álvaro Uribe.
“El conflicto armado continúa en Colombia, el proceso de desmovilización paramilitar es parcial, los paramilitares siguen actuando como actores de la guerra y del narcotráfico, y las guerrillas siguen desarrollando un enfrentamiento con el Estado y con los paramilitares”.
4 millones de desplazados. Romero señaló que, aunque las cifras que facilita el gobierno suben a 2.6 millones de desplazados, el CODHES teme que hay un “subregistro”, es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que la crisis de los refugiados internos en Colombia podría dispararse a los cuatro millones de desplazados.
Mafias regionales. El activista de derechos humanos denunció que “en muchas regiones, donde se supone que no hay guerra, hay poderes mafiosos que están ejerciendo coerción, cobran impuestos a la gente y controlan la vida política.
“Quienes se oponen a estos dominios son eliminados con asesinatos selectivos, pero masivos, y la respuesta del Estado es más militares y más desplazados”.
Por su parte, el director ejecutivo de CODHES agregó que toda esta violencia ha provocado que el promedio diario entre enero y junio pasado fue de 1,503 personas desplazadas.
“La geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional”, según Rojas, con un incremento de 105 por ciento en el departamento de Antioquia (38,638 desplazados).
“El éxodo continuo sigue siendo una manifestación grave, crítica, sostenida y prolongada de una crisis humanitaria y de derechos humanos que todavía el país no supera”.
Jóvenes ejecutados para ponerse medallas
El gobierno de Colombia se ha visto obligado a abrir una investigación para aclarar el móvil de la cadena de asesinatos de jóvenes en los últimos meses, secuestrados en barrios pobres y hallados sus cadáveres en zonas selváticas.
Según el Ejército fueron reclutados por grupos armados y murieron en combate. Pero esta versión no encaja, como señala El País digital, ya que la mayoría murió uno o dos días después que sus familias les perdieran el rastro.
Según los primeros datos sobre 23 jóvenes asesinados, éstos fueron disparados por la espalda un día o dos después que sus familiares denunciaran la desaparición.
“Eso no es reclutamiento, es una desaparición forzada con fines de homicidio”, dijo la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Clara López, quien declaró que podrían tratarse de “falsos positivos”, como se llaman a campesinos y gente marginal mostrada por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate para “colgarse medallas” ante sus superiores, ya que por esta vía obtienen puntos en su carrera militar.
Hay denuncias sobre prebendas —días de descanso, por ejemplo— que ofrecen algunos batallones a los soldados que informen de muertos en combate.
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