La Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión (CIRT) condicionó la aplicación del derecho de réplica a la aprobación de candados legales que impidan sanciones económicas o que sea el Estado el que determine la existencia de información falsa o injuriante.
De acuerdo con un documento entregado a los senadores, los empresarios de los medios advierten que la réplica sólo deberá proceder cuando el medio de comunicación esté de acuerdo con otorgar el espacio para ello.
"No debe proceder con la mera valoración del supuesto afectado.
"Debe concurrir la conformidad del medio de comunicación y, de no haberla, debe entonces existir la opinión de un tercero, debidamente calificado.
"Se propone que la valoración administrativa de si hubo información falsa o injuriante no quede en manos del supuesto afectado ni del Estado", demandaron.
Según los empresarios de los medios electrónicos, si se permite que las valoraciones caigan en manos de algún órgano o de dependencias del Estado, fácilmente se puede caer en el control de los medios de comunicación, con la amenaza de hacer procedentes todas las peticiones de réplica que se presenten.
"O también que el Estado haga procedentes solamente las peticiones que provengan de sus partidarios o rechazar las de sus rivales", detallaron en el texto.
Según establece la CIRT, si el derecho de réplica no se regula adecuadamente, se afecta la seguridad jurídica de los medios de comunicación y se pone en peligro la libertad de expresión.
Para los inversionistas de la radio y la televisión, el resultado de una legislación poco clara, obligaría a que ningún medio de comunicación se atreva a criticar a persona o institución alguna, ante el temor de "ser abrumado con peticiones" sobre el derecho de réplica.
"Es fácil imaginar a una persona o grupo de personas que organizadamente se proponen atacar a un medio de comunicación.
"Sería fácil, en ese caso, saturar al medio de reclamaciones sobre supuestas informaciones falsas o injuriosas, de tal forma que la programación del medio se vea seriamente limitada o interrumpida por las réplicas respectivas", señala.
En el análisis, la CIRT también hace referencia a las sanciones que deben aplicarse, y en las que piden que se apliquen de manera moderada y proporcional.
Según los empresarios, en materia de castigos o sanciones se debe tomar en cuenta la gravedad de la información, el nivel de la difusión de la misma, la capacidad económica del medio de comunicación y la reincidencia.
En el documento, los concesionarios recuerdan que la réplica está prevista en el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión desde 2002 y que, a diferencia de los medios de comunicación escritos, en el caso de los electrónicos no ha sido necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación.
"Toda vez que los propios radiodifusores han estado de acuerdo en la procedencia de las peticiones formuladas.
"Esto a diferencia del derecho de réplica contenido en la Ley de Imprenta, misma sobre la que versan incluso dudas sobre su vigencia", afirman.
De hecho, entre las peticiones concretas, los concesionarios demandan a los senadores impulsar una misma legislación en materia del derecho de réplica para medios impresos y electrónicos.
Reglas claras
Según la CIRT, si las valoraciones sobre réplicas recaen en el Estado:
· Se puede caer en el control de los medios.
· Podrían ser avaladas todas las peticiones de réplica que se presenten.
· Hacer procedentes sólo las peticiones de sus partidarios o rechazar las de sus rivales.
· Se afecta la seguridad jurídica de los medios.
· Ningún medio se atreverá a criticar a persona o institución alguna.
Instan a acotar a autoridades
Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) acudieron el pasado martes al Senado, donde se reunieron con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En el encuentro, Gerardo Soria Gutiérrez, asesor jurídico de la CIRT, demandó a los senadores cuidar que en la reforma a los medios se acoten las facultades del Estado.
"Que las facultades sean claras, a fin de evitar actos arbitrarios; que se acoten las facultades discrecionales y que las que se confieren al Estado no inhiban el quehacer de los sectores social y privado.
"En resumen, creemos que la rectoría del Estado no es predominio absoluto para oprimir al individuo", dijo Soria Gutiérrez.
Señaló también que superado el primer filtro para la entrega de una concesión -es decir, la licitación-, el factor económico deberá ser utilizado como criterio de desempate.
De acuerdo con un documento entregado a los senadores, los empresarios de los medios advierten que la réplica sólo deberá proceder cuando el medio de comunicación esté de acuerdo con otorgar el espacio para ello.
"No debe proceder con la mera valoración del supuesto afectado.
"Debe concurrir la conformidad del medio de comunicación y, de no haberla, debe entonces existir la opinión de un tercero, debidamente calificado.
"Se propone que la valoración administrativa de si hubo información falsa o injuriante no quede en manos del supuesto afectado ni del Estado", demandaron.
Según los empresarios de los medios electrónicos, si se permite que las valoraciones caigan en manos de algún órgano o de dependencias del Estado, fácilmente se puede caer en el control de los medios de comunicación, con la amenaza de hacer procedentes todas las peticiones de réplica que se presenten.
"O también que el Estado haga procedentes solamente las peticiones que provengan de sus partidarios o rechazar las de sus rivales", detallaron en el texto.
Según establece la CIRT, si el derecho de réplica no se regula adecuadamente, se afecta la seguridad jurídica de los medios de comunicación y se pone en peligro la libertad de expresión.
Para los inversionistas de la radio y la televisión, el resultado de una legislación poco clara, obligaría a que ningún medio de comunicación se atreva a criticar a persona o institución alguna, ante el temor de "ser abrumado con peticiones" sobre el derecho de réplica.
"Es fácil imaginar a una persona o grupo de personas que organizadamente se proponen atacar a un medio de comunicación.
"Sería fácil, en ese caso, saturar al medio de reclamaciones sobre supuestas informaciones falsas o injuriosas, de tal forma que la programación del medio se vea seriamente limitada o interrumpida por las réplicas respectivas", señala.
En el análisis, la CIRT también hace referencia a las sanciones que deben aplicarse, y en las que piden que se apliquen de manera moderada y proporcional.
Según los empresarios, en materia de castigos o sanciones se debe tomar en cuenta la gravedad de la información, el nivel de la difusión de la misma, la capacidad económica del medio de comunicación y la reincidencia.
En el documento, los concesionarios recuerdan que la réplica está prevista en el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión desde 2002 y que, a diferencia de los medios de comunicación escritos, en el caso de los electrónicos no ha sido necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación.
"Toda vez que los propios radiodifusores han estado de acuerdo en la procedencia de las peticiones formuladas.
"Esto a diferencia del derecho de réplica contenido en la Ley de Imprenta, misma sobre la que versan incluso dudas sobre su vigencia", afirman.
De hecho, entre las peticiones concretas, los concesionarios demandan a los senadores impulsar una misma legislación en materia del derecho de réplica para medios impresos y electrónicos.
Reglas claras
Según la CIRT, si las valoraciones sobre réplicas recaen en el Estado:
· Se puede caer en el control de los medios.
· Podrían ser avaladas todas las peticiones de réplica que se presenten.
· Hacer procedentes sólo las peticiones de sus partidarios o rechazar las de sus rivales.
· Se afecta la seguridad jurídica de los medios.
· Ningún medio se atreverá a criticar a persona o institución alguna.
Instan a acotar a autoridades
Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) acudieron el pasado martes al Senado, donde se reunieron con el Grupo Plural de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En el encuentro, Gerardo Soria Gutiérrez, asesor jurídico de la CIRT, demandó a los senadores cuidar que en la reforma a los medios se acoten las facultades del Estado.
"Que las facultades sean claras, a fin de evitar actos arbitrarios; que se acoten las facultades discrecionales y que las que se confieren al Estado no inhiban el quehacer de los sectores social y privado.
"En resumen, creemos que la rectoría del Estado no es predominio absoluto para oprimir al individuo", dijo Soria Gutiérrez.
Señaló también que superado el primer filtro para la entrega de una concesión -es decir, la licitación-, el factor económico deberá ser utilizado como criterio de desempate.
Nota de Claudia Salazar, Reforma, 1º de noviembre.
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