El poder de los concesionarios llegó a colocarse al margen del Estado

La acumulación de recursos comunicacionales en pocas manos convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y que ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.

Durante una reunión con el grupo plural de senadores que elabora la nueva legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, Javier Corral apuntó: "ese afán acaparador les permitió a los consorcios comunicacionales promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían".

Aquellos excesos, añadió, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes.

Corral consideró que la consecuencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la llamada ley Televisa debe ser la instauración de una auténtica reforma a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones, en beneficio de la pluralidad y de la democracia.

Y añadió: "no por casualidad hay quienes llegan incluso a recomendar, en una provocación al estado de derecho, que se ignoren o se desoigan las valientes y patrióticas resoluciones de la Corte, así como su macizo debate y engrose de la sentencia".

La Amedi, de la que forman parte entre otros el especialista en medios, Raúl Trejo Delarbre y la periodista Carmen Aristegui —presentes en la reunión— pidió a los senadores que la revisión de la legislación se oriente "a la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información".
Entre sus propuestas concretas están la de crear un órgano regulador autónomo con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas.

Este órgano deberá tener, entre otras, las siguientes atribuciones: regular los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico, resolver en otorgamiento y revocación de concesiones y decidir acerca de las sanciones derivadas del incumplimiento de la legislación.

La Amedi planteó que se establezca, a partir de la legislación, que la radiodifusión es un servicio público y que el espectro radioeléctrico siga siendo propiedad de la nación, lo que implica que su uso esté sujeto en todo momento a las concesiones que otorgue la autoridad.

La Amedi propuso que haya una legislación congruente con la convergencia digital y que exista mayor flexibilidad para la interconexión de redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen.

Propuso además que se garantice el derecho de réplica de los ciudadanos y que los contenidos estén definidos por el reconocimiento y la búsqueda de la diversidad.

Es indispensable, dice el documento con propuestas de la Asociación, que el país cuente con un sistema nacional de medios públicos con autonomía funcional respecto del resto del Estado.

Debe haber un financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos.

Nota de José Contreras, Crónica, 8 de noviembre.