El IFE podrá sancionar a concesionarios y permisionarios de radio y televisión por cuatro causales de infracción establecidas en el nuevo Cofipe.
Tras la polémica entre el Senado y TV Azteca, los legisladores acordaron prohibir la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos.
Además, los concesionarios tienen prohibida la venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Los medios tampoco podrán difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE.
Concesionarios y permisionarios incurrirán en infracción por el incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir mensajes y programas de los partidos, y de las autoridades electorales, conforme a pautas aprobadas por el Instituto.
Salvan spots
A pesar de que la reforma electoral pretendía poner fin a la spotización de las campañas electorales, el proyecto de iniciativa del Cofipe prevé la transmisión de mensajes de 30 segundos en todas las estaciones de radio y televisión del País.
"Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: 30 segundos, uno y tres minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente", señala.
Para evitar que un partido pueda dejar prácticamente sin propaganda a cualquiera de sus candidatos, la propuesta establece limitantes.
El caso más notorio es el de las elecciones federales, en el que los partidos tendrán derecho por lo menos 26 minutos diarios.
De ese total, las fuerzas políticas deberán destinar por lo menos 30 por ciento del tiempo para la elección presidencial o la de diputados y senadores, cuando sean concurrentes.
El Congreso eliminó de la redacción del nuevo Cofipe la figura de procedimientos sumarios, que permitía sancionar distintas infracciones en un plazo máximo de cinco días.
Tras la polémica entre el Senado y TV Azteca, los legisladores acordaron prohibir la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos.
Además, los concesionarios tienen prohibida la venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Los medios tampoco podrán difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE.
Concesionarios y permisionarios incurrirán en infracción por el incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir mensajes y programas de los partidos, y de las autoridades electorales, conforme a pautas aprobadas por el Instituto.
Salvan spots
A pesar de que la reforma electoral pretendía poner fin a la spotización de las campañas electorales, el proyecto de iniciativa del Cofipe prevé la transmisión de mensajes de 30 segundos en todas las estaciones de radio y televisión del País.
"Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: 30 segundos, uno y tres minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente", señala.
Para evitar que un partido pueda dejar prácticamente sin propaganda a cualquiera de sus candidatos, la propuesta establece limitantes.
El caso más notorio es el de las elecciones federales, en el que los partidos tendrán derecho por lo menos 26 minutos diarios.
De ese total, las fuerzas políticas deberán destinar por lo menos 30 por ciento del tiempo para la elección presidencial o la de diputados y senadores, cuando sean concurrentes.
El Congreso eliminó de la redacción del nuevo Cofipe la figura de procedimientos sumarios, que permitía sancionar distintas infracciones en un plazo máximo de cinco días.
Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 23 de noviembre.
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