La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la llamada ley Televisa “será el piso del que se partirá para elaborar el nuevo marco jurídico de los medios electrónicos”, informó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.
Cuestionado sobre la exigencia que un día antes formularon los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a los legisladores de que no tomen en cuenta los criterios de la Corte, Navarrete respondió que es bueno saber exactamente lo que pretenden los concesionarios y que ello se exprese en la propia sede senatorial.
Recalcó que las sesiones en torno a la legislación de medios seguirán siendo públicas, “para que cada quien asuma sus propias opiniones”. Se escucharán todos los planteamientos –prometió–, pero serán los senadores quienes decidan, sin retroceder “a los viejos tiempos de la presión de los sectores con poder económico.
“Creo que el Senado va a actuar con libertad, con valentía y, en el momento oportuno, podremos tener listo el proyecto de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión”, agregó el perredista.
Insistió en que la resolución de la Corte, que declaró inconstitucional la ley Televisa, es el “piso” del cual partirán, y en cuanto al “techo, ya veremos qué tan alto alcanzamos a colocarlo entre todos los grupos parlamentarios”.
En tanto, la dirigencia de la CIRT entregó por escrito sus propuestas a los integrantes del grupo plural. En el documento insiste en los temas que expuso un día antes, pero en el caso del derecho de réplica advierte que de no regularse adecuadamente “se pondrá en peligro la libertad de expresión y la seguridad jurídica de los medios”.
Los representantes de los concesionarios sostienen que mediante el derecho de réplica se daría la posibilidad a algunos grupos “para atacar a un medio de comunicación”. Sería fácil, advierten, “saturar” alguna estación de radio o canal de televisión con reclamaciones sobre “supuestas informaciones falsas o injuriosas”, de tal forma que “la programación se vea seriamente limitada o interrumpida por las réplicas respectivas”.
El resultado previsible es que “al poco tiempo ningún medio de comunicación se atrevería a hacer crítica de persona o institución alguna, ante el temor de ser abrumado con peticiones sobre el derecho de réplica”. Con tal argumentación, la CIRT demanda a los legisladores que en materia de réplica “el Congreso tenga muy presente” que de regular de manera ilimitada e irrestricta ese derecho, se pone en riesgo la libertad de expresión”.
Cuestionado sobre la exigencia que un día antes formularon los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a los legisladores de que no tomen en cuenta los criterios de la Corte, Navarrete respondió que es bueno saber exactamente lo que pretenden los concesionarios y que ello se exprese en la propia sede senatorial.
Recalcó que las sesiones en torno a la legislación de medios seguirán siendo públicas, “para que cada quien asuma sus propias opiniones”. Se escucharán todos los planteamientos –prometió–, pero serán los senadores quienes decidan, sin retroceder “a los viejos tiempos de la presión de los sectores con poder económico.
“Creo que el Senado va a actuar con libertad, con valentía y, en el momento oportuno, podremos tener listo el proyecto de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión”, agregó el perredista.
Insistió en que la resolución de la Corte, que declaró inconstitucional la ley Televisa, es el “piso” del cual partirán, y en cuanto al “techo, ya veremos qué tan alto alcanzamos a colocarlo entre todos los grupos parlamentarios”.
En tanto, la dirigencia de la CIRT entregó por escrito sus propuestas a los integrantes del grupo plural. En el documento insiste en los temas que expuso un día antes, pero en el caso del derecho de réplica advierte que de no regularse adecuadamente “se pondrá en peligro la libertad de expresión y la seguridad jurídica de los medios”.
Los representantes de los concesionarios sostienen que mediante el derecho de réplica se daría la posibilidad a algunos grupos “para atacar a un medio de comunicación”. Sería fácil, advierten, “saturar” alguna estación de radio o canal de televisión con reclamaciones sobre “supuestas informaciones falsas o injuriosas”, de tal forma que “la programación se vea seriamente limitada o interrumpida por las réplicas respectivas”.
El resultado previsible es que “al poco tiempo ningún medio de comunicación se atrevería a hacer crítica de persona o institución alguna, ante el temor de ser abrumado con peticiones sobre el derecho de réplica”. Con tal argumentación, la CIRT demanda a los legisladores que en materia de réplica “el Congreso tenga muy presente” que de regular de manera ilimitada e irrestricta ese derecho, se pone en riesgo la libertad de expresión”.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 1º de noviembre.
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