El reconocimiento del peligro de que no se logre un acuerdo para concretar la reforma lo hizo el perredista durante la audiencia en que parte de los integrantes del grupo plural escucharon al ex senador Javier Corral Jurado plantear, en nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la necesidad de legislar con observancia puntual de los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Provocación al estado de derecho
“No por casualidad ni por desconocimiento, sino por conveniencia, hay quienes llegan incluso a recomendar, en una provocación al estado de derecho, que ignoren o se desoigan las valientes y patrióticas resoluciones de la Corte, así como su macizo debate y engrose de la sentencia”, recalcó Corral Jurado en clara alusión a la exigencia que en el mismo foro hicieron los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión una semana antes.
A la audiencia no asistieron legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y los dos panistas que llegaron a la reunión se retiraron pronto, por lo que la exposición de Corral Jurado sólo la escucharon los perredistas Carlos Sotelo y Pablo Gómez Álvarez, ya que otro de los asistentes, Gabino Cué, senador por Convergencia, también se marchó antes del término del encuentro.
La sesión se prolongó porque antes de Corral participó Carlos Casasús, director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, quien habló durante más de dos horas.
A pesar de esto, los periodistas Carmen Aristegui y Virgilio Caballero siguieron el debate y la advertencia de Corral Jurado sobre cómo “las corporaciones mediáticas más influyentes” se han opuesto “militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta”.
Impulsor del recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que echó abajo la llamada ley Televisa, Javier Corral planteó después las propuestas de la Amedi, que consisten en un amplio proyecto que incluye limitar a 25 por ciento las frecuencias otorgadas por servicio en zona geográfica de cobertura, con el propósito de impedir las concentraciones monopólicas.
Asimismo, la Amedi plantea el otorgamiento de concesiones por 12 años; la creación de un órgano constitucional autónomo, que realmente regule a los concesionarios; un régimen simplificado para las estaciones comunitarias; instituir el estatus jurídico para los medios públicos, con posibilidad de financiamiento mixto y reglas estrictas para la publicidad, que incluyen limitar los anuncios comerciales “engañosos” con los que se satura a radioescuchas y televidentes, y la actualización del capítulo de sanciones, “para que lo piensen (los concesionarios) antes de violar la ley”.
Panorama desesperanzador
Otra propuesta de la Amedi consiste en que se mantenga la prohibición de que ministros de culto religioso y dirigentes de partidos políticos tengan acceso a los medios electrónicos.
Este último punto fue ampliamente criticado por el perredista Pablo Gómez quien, en tono ríspido, expresó su desacuerdo con lo que calificó de “régimen de excepción”.
Gómez advirtió también que no será fácil concretar la reforma en materia de medios electrónicos.
Ante ello, Corral Jurado destacó que “sólo las leyes del monopolio han sido fáciles”, y advirtió que le preocupan las visiones “desesperanzadoras” que ayer encontró en la reunión.
A su vez, Carlos Sotelo reconoció que hay presiones que buscan detener el trabajo del grupo plural, e inclusive dijo que los intereses a los que se enfrenta el Congreso “no son menores”.
Sin embargo, sólo habló de uno: el hecho de que, a pesar del acuerdo de la Cámara de Senadores acerca de que todas las iniciativas sobre radio y televisión pasaran primero al grupo plural, se comiencen a presentar ante el pleno proyectos que insisten en los privilegios que daba la llamada ley Televisa a los concesionarios.
No lo dijo, pero se trata de una iniciativa que presentó el senador priísta Mario López ante el pleno, el martes pasado.
Al final de la reunión, Javier Corral dijo que si las presiones de los poderosos ya se iniciaron, es importante que se mantenga el acuerdo de transparentar los trabajos legislativos.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 8 de noviembre.
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