El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó un amparo contra la reforma electoral, por considerarla violatoria de las garantías constitucionales.
El presidente del CCE, Armando Paredes, indicó que esta acción legal se debe a que las modificaciones aprobadas en septiembre coartan la libertad de expresión en materia político electoral, contenida en el artículo sexto constitucional.
“La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación, así como tomar parte en la vida política del país”, subrayó Paredes en conferencia de prensa conjunta con representantes de las cámaras empresariales más importantes del país.
Esta es la tercera ocasión en el año en que el sector empresarial del país se manifiesta en conjunto contra una medida del Congreso; lo hizo en dos ocasiones contra la reforma fiscal y lo repite ahora contra la reforma electoral.
El abogado del CCE, Adolfo Arrioja Vizcaino, detalló que con esta demanda se abre brecha para que cualquier ciudadano pueda ampararse contra reformas constitucionales que violen sus derechos.
“Esta defensa está basada en una larga tradición del constitucionalismo mexicano donde se estipula que la parte orgánica de la Constitución, como la que se refiere a la regulación de los procesos electorales, no puede ser reformada, violando las garantías individuales”, agregó Arrioja.
El amparo se presentó en el juzgado 14 de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.
El litigante estimó que la resolución podría ser emitida por la Corte en un plazo de 12 a 18 meses.
“Tenemos confianza en que otras organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente empresariales, sigan nuestro ejemplo y hagan valer ante nuestros tribunales sus derechos ciudadanos y sus garantías individuales”, añadió el abogado.
Arrioja explicó que la protección que ofrece la Constitución a las garantías individuales es muy alta, por lo cual cualquier ciudadano, organización, empresa o sindicato puede recurrir al juicio de amparo en cualquier momento en que consideren violadas sus garantías individuales.
“Es un planteamiento novedoso en el derecho constitucional. Si no es histórico, en los 150 años que lleva el juicio de amparo de existir en México, es la primera ocasión en la que se presenta un amparo de estas características y de estos alcances”, dijo Arrioja.
Paredes rechazó presión de las televisoras para interponer el amparo, y argumentó que es derecho de los ciudadanos estar en los medios para emitir sus ideas.
A pregunta expresa de que si con la reforma electoral los empresarios ven coartado su derecho a opinar y emitir spots como lo hicieron en las elecciones de 2006, con mensajes contra Andrés Manuel López Obrador, respondió que sólo se defiende la libertad de expresión.
“La libertad de expresión no puede ser intermitente”, destacó el presidente del CCE.
Bajo el estigma de las elecciones federales de 2006
••• El nuevo código electoral de 394 artículos que aprobó ayer el Senado pretende remontar los problemas de la pasada elección de 2006. De acuerdo con el dictamen, los ejes rectores son la introducción de un nuevo sistema de partidos obligados a transparentar sus gastos y con coaliciones acotadas; renovación del IFE mediante un sistema escalonado, y creación de un nuevo modelo de comunicación para que las campañas se difundan gratuitamente en radio y televisión en tiempos del Estado.
En el dictamen aprobado ayer se confirmó que el Instituto Federal Electoral podrá imponer sanciones a los concesionarios y permisionarios que violen las disposiciones electorales, que consisten en la suspensión de la publicidad pagada que transmitan en una hora y hasta en 36 horas, según la falta. Igualmente si difunden mensajes denigrantes o no respetan el Cofipe, en general.
Es el caso de las nuevas obligaciones de los partidos en materia de transparencia y acceso de los ciudadanos a su información, se rompe con el secreto bancario, fiscal y fiduciario. Mientras que los aspectos de su vida interna tendrá solución primaria al interior de los partidos y no del Tribunal, como ahora.
Ahora las convocatorias para registro de nuevos partidos se emitirán cada seis años. Las agrupaciones políticas nacionales no recibirán más financiamiento público, pero podrán coaligarse con los partidos.
En materia de coaliciones, cada partido deberá contender con sus propias siglas en la boleta y sus votos contará como propios, aun cuando apoyen a un mismo candidato. Si un partido coligado alcanza apenas el 1 por ciento de la votación, el mayor le podrá ceder —previo acuerdo— otro 1 por ciento para mantener su registro (la llamada “cláusula de vida eterna”).
En cuanto a prerrogativas partidistas de acceso a la televisión y la radio, sólo el IFE podrá disponer de los tiempos del Estado para asignar 41 minutos diarios a los partidos y candidatos en campaña y 18 en precampaña.
Hay un nuevo Libro Séptimo que norma las sanciones. Se prohíbe la difusión de spots no contratados por el IFE, y se pugna para que los programas sociales y sus recursos sean utilizados para promover a funcionarios de todos los niveles. (México • Angélica Mercado)
El presidente del CCE, Armando Paredes, indicó que esta acción legal se debe a que las modificaciones aprobadas en septiembre coartan la libertad de expresión en materia político electoral, contenida en el artículo sexto constitucional.
“La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación, así como tomar parte en la vida política del país”, subrayó Paredes en conferencia de prensa conjunta con representantes de las cámaras empresariales más importantes del país.
Esta es la tercera ocasión en el año en que el sector empresarial del país se manifiesta en conjunto contra una medida del Congreso; lo hizo en dos ocasiones contra la reforma fiscal y lo repite ahora contra la reforma electoral.
El abogado del CCE, Adolfo Arrioja Vizcaino, detalló que con esta demanda se abre brecha para que cualquier ciudadano pueda ampararse contra reformas constitucionales que violen sus derechos.
“Esta defensa está basada en una larga tradición del constitucionalismo mexicano donde se estipula que la parte orgánica de la Constitución, como la que se refiere a la regulación de los procesos electorales, no puede ser reformada, violando las garantías individuales”, agregó Arrioja.
El amparo se presentó en el juzgado 14 de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.
El litigante estimó que la resolución podría ser emitida por la Corte en un plazo de 12 a 18 meses.
“Tenemos confianza en que otras organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente empresariales, sigan nuestro ejemplo y hagan valer ante nuestros tribunales sus derechos ciudadanos y sus garantías individuales”, añadió el abogado.
Arrioja explicó que la protección que ofrece la Constitución a las garantías individuales es muy alta, por lo cual cualquier ciudadano, organización, empresa o sindicato puede recurrir al juicio de amparo en cualquier momento en que consideren violadas sus garantías individuales.
“Es un planteamiento novedoso en el derecho constitucional. Si no es histórico, en los 150 años que lleva el juicio de amparo de existir en México, es la primera ocasión en la que se presenta un amparo de estas características y de estos alcances”, dijo Arrioja.
Paredes rechazó presión de las televisoras para interponer el amparo, y argumentó que es derecho de los ciudadanos estar en los medios para emitir sus ideas.
A pregunta expresa de que si con la reforma electoral los empresarios ven coartado su derecho a opinar y emitir spots como lo hicieron en las elecciones de 2006, con mensajes contra Andrés Manuel López Obrador, respondió que sólo se defiende la libertad de expresión.
“La libertad de expresión no puede ser intermitente”, destacó el presidente del CCE.
Bajo el estigma de las elecciones federales de 2006
••• El nuevo código electoral de 394 artículos que aprobó ayer el Senado pretende remontar los problemas de la pasada elección de 2006. De acuerdo con el dictamen, los ejes rectores son la introducción de un nuevo sistema de partidos obligados a transparentar sus gastos y con coaliciones acotadas; renovación del IFE mediante un sistema escalonado, y creación de un nuevo modelo de comunicación para que las campañas se difundan gratuitamente en radio y televisión en tiempos del Estado.
En el dictamen aprobado ayer se confirmó que el Instituto Federal Electoral podrá imponer sanciones a los concesionarios y permisionarios que violen las disposiciones electorales, que consisten en la suspensión de la publicidad pagada que transmitan en una hora y hasta en 36 horas, según la falta. Igualmente si difunden mensajes denigrantes o no respetan el Cofipe, en general.
Es el caso de las nuevas obligaciones de los partidos en materia de transparencia y acceso de los ciudadanos a su información, se rompe con el secreto bancario, fiscal y fiduciario. Mientras que los aspectos de su vida interna tendrá solución primaria al interior de los partidos y no del Tribunal, como ahora.
Ahora las convocatorias para registro de nuevos partidos se emitirán cada seis años. Las agrupaciones políticas nacionales no recibirán más financiamiento público, pero podrán coaligarse con los partidos.
En materia de coaliciones, cada partido deberá contender con sus propias siglas en la boleta y sus votos contará como propios, aun cuando apoyen a un mismo candidato. Si un partido coligado alcanza apenas el 1 por ciento de la votación, el mayor le podrá ceder —previo acuerdo— otro 1 por ciento para mantener su registro (la llamada “cláusula de vida eterna”).
En cuanto a prerrogativas partidistas de acceso a la televisión y la radio, sólo el IFE podrá disponer de los tiempos del Estado para asignar 41 minutos diarios a los partidos y candidatos en campaña y 18 en precampaña.
Hay un nuevo Libro Séptimo que norma las sanciones. Se prohíbe la difusión de spots no contratados por el IFE, y se pugna para que los programas sociales y sus recursos sean utilizados para promover a funcionarios de todos los niveles. (México • Angélica Mercado)
Nota de Antonio Hernández, Milenio, 6 de diciembre.
0 Responses to "Gremios patronales pugnan por su “derecho a opinar”"
Publicar un comentario