Retrasa juez proceso en homicidio de periodista

Sin respetar los plazos marcados por la ley, la juez tercero en Materia Penal con sede en Saltillo, Coahuila, Carlota Velázquez de Luna, no ha girado o negado la orden de aprehensión contra dos de los presuntos homicidas del periodista Valentín Valdés Espinosa.

El expediente llegó a la oficina jurisdiccional en las primeras semanas de marzo de este año y en él aparecen pruebas periciales y documentales contra los dos posibles involucrados. A pesar de que el Código de Procedimientos Penales de Coahuila establece, en su artículo 297, que los jueces contarán hasta con tres días para resolver la solicitud de orden de captura por delitos graves, la juez se ha excedido de este término en más de 50 días.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, con el apoyo de la PGR, concluyeron que una poderosa célula del grupo de los Los Zetas asesinó al reportero del periódico Zócalo en enero de 2010 en la ciudad de Saltillo, por publicar información sobre ese grupo y la captura de uno de sus líderes.

Las investigaciones

A partir del asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE por sus siglas en inglés), Jaime Zapata, ocurrido en San Luis Potosí el 15 de febrero pasado, cuando transitaba por una carretera en San Luis Potosí, grupos de inteligencia del Ejército y la Marina llevaron a cabo las investigaciones para detener a los responsables. Tras las primeras detenciones en San Luis Potosí, la información los condujo a Coahuila.

El 27 de febrero de 2011, en un operativo encabezado por un cuerpo de élite de la Marina fueron detenidos, en Saltillo, varios presuntos narcotraficantes, entre ellos Sergio Mora Cortés, identificado por las autoridades como El Toto, y señalado como uno de los principales operadores de Los Zetas, particularmente líder de sicarios.

Al presentarlo ante los medios de comunicación, las autoridades afirmaron que Mora Cortés estaba vinculado con el asesinato del director de Protección y Seguridad Pública de Nuevo Laredo, Manuel Farfán, y dos de sus escoltas. También lo relacionaron con la fuga de 151 reos, en diciembre de 2010, de la prisión de esa misma ciudad. De acuerdo con los datos oficiales, Mora Cortés reportaba al llamado Z-40 sobre todas las operaciones de trasiego de armas, droga y dinero.

Ese mismo 27 de febrero, en Saltillo, elementos de la Policía Investigadora del Grupo de Armas Tácticas Especiales de la Fiscalía General de Coahuila detuvieron a Isidro Javier del Río Martínez, identificado como La Pulga, y a Miguel Ángel Bustos Rodríguez o Ángel Solís Zamora, presentado como El Teniente o El T, también presuntos integrantes de Los Zetas.

Ambos viajaban en una camioneta último modelo Dodge Ram, tipo Pick up, color roja, y tenían en su poder dos pistolas, una marca Colt y la otra Lorcin, calibres 38 súper y .32 milímetros; además de 80 cartuchos útiles, cocaína, un radio y celular.

Los detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Procuraduría General de la República en el estado, en donde se inició la averiguación previa en su contra por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y de cartuchos. Los dos fueron consignados el primero de marzo, ante el juez Primero de Distrito de Coahuila, que inició el juicio bajo el expediente 13/2011. Desde entonces permanecen en el Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo.

Tras contar con los estudios periciales de las pistolas que los sospechosos portaban al ser detenidos, los investigadores descubrieron que una de esas armas era exactamente la misma utilizada para asesinar, el 8 de enero de 2010, al periodista Valentín Valdés Espinosa, cuyo cuerpo fue abandonado a las afueras del hotel Marbella, en Saltillo.

Los dictámenes de balística y otras pruebas documentales sirvieron a las autoridades para acusar penalmente, el 4 de marzo pasado, a Del Río Martínez y Bustos Rodríguez como probables responsables de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad del reportero. Pero el juez Segundo de Distrito que recibió la consignación se declaró incompetente cuatro días después, sin atender argumentos de la PGR en el sentido de que eran delitos federales con base en la legislación internacional y tratados firmados por México en materia de libertad de expresión.

El expediente llegó en menos de una semana después al Juzgado Tercero de Saltillo, que aceptó la competencia y lo registró bajo la causa penal 18/2011. Desde entonces y hasta la fecha, la juez Carlota Velázquez no ha emitido o negado la orden de aprehensión por el crimen del periodista.

La capacidad de “Los Zetas”

El poder de estas organizaciones y el control que ejercen en Coahuila desde hace más de cuatro años, se puso de manifiesto el 4 de marzo pasado, tras la captura de Mora Cortés, Bustos Rodríguez y Del Río Martínez, cuando se dieron varios enfrentamientos en distintos puntos de Saltillo, que dejaron un saldo de siete presuntos sicarios muertos y siete policías heridos.

La violencia se extendió varios días más de forma dispersa, lo que provocó que en diferentes escuelas se suspendieran clases, se cerraron negocios y los pobladores evitaran salir ante los rumores de un toque de queda impuesto por los mafiosos.

Comandos armados en distintos puntos de la ciudad disparaban contra policías estatales y federales, lo que obligó a varios de ellos a resguardarse en las comandancias y oficinas de la PGR, las cuales podían abandonar escoltados o al participar en operativos conjuntos con el Ejército y la Marina.

Semanas después de estos días violentos, al interior de las oficinas estatales de seguridad se confirmó que uno de los principales objetivos de las células de sicarios era asesinar a los agentes de la Policía Investigadora estatal y de la Marina que participaron en las capturas de los presuntos zetas.

Los ataques a las cuerpos de seguridad estatal y federal han continuado y desde hace una semana que miembros de la Marina realizan operaciones en la ciudad de Monclova, los enfrentamientos se han intensificado.

Lo mismo ha ocurrido con la amenazas a las policías y también a periodistas. En febrero de este año, la advertencia de muerte a los comunicadores señalaba que no debían publicar absolutamente nada sobre temas de seguridad, lo que obligó a varios medios a bajar su perfil informativo sobre inseguridad, corrupción y operaciones de las mafias, con la intención de no ser blancos de ataques.

En este contexto de violencia en Coahuila, ocurrió el domingo pasado el lanzamiento de una granada en el periódico Vanguardia de Saltillo, sin que hasta el momento los informadores de la zona sepan los motivos de este ataque.

María Idalia Gómez, El Universal, 1º de junio.