Por primera vez desde su creación, el órgano electoral será la única autoridad facultada para administrar tiempos oficiales o del Estado en radio y televisión, que representan un total de 48 minutos diarios por estación o canal.
De ese total, 85 por ciento será destinado a los partidos, que contarán con 41 minutos diarios, que se distribuirán en espacios de por lo menos tres minutos en cada intervalo de una hora.
El IFE podrá aplicar sanciones a concesionarios y permisionarios de radio, que van desde las amonestaciones, hasta las multas de 10 millones de pesos o la cancelación de publicidad comercial entre una y 36 horas.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado ayer, los legisladores aseguraron que ninguna de las propuestas del Cofipe contiene restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.
Se explica que las sanciones propuestas ante conductas ilegales, graves y reiteradas, de parte de los concesionarios de radio y televisión, son de aplicación en múltiples países, sin que nadie las considere como frenos a la libertad de comunicadores y dueños de las empresas.
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe la reforma en sus términos, el IFE será el responsable de definir las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos, durante precampañas y campañas.
Los empresarios de medios electrónicos no podrán modificar las pautas ni disponer del "sobrante" de tiempos oficiales para comercializarlos.
En materia de sanciones, sólo se definieron dos criterios para aplicar el máximo castigo, en los que se considera grave vender tiempo a candidatos aspirantes y partidos, o aceptar la contratación de los mismos de personas distintas al propio IFE.
Responden a empresarios
Al fundamentar la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo, respondió al Consejo Coordinador Empresarial, que anunció la promoción de amparos contra de la reforma constitucional que prohíbe a terceros contratar propaganda electoral en radio y televisión.
"Se quiso decir que, como habíamos eliminado la posibilidad de contratar por terceros propaganda que permitiera o beneficiara o perjudicara un candidato, estábamos afectando la libertad de expresión, y quiero aquí ser contundente y claro.
"Lo que cambiamos fue el sistema de difusión en el que ni los partidos ni los candidatos pueden contratar para que esta difusión sea equitativa, pareja y justa durante los tiempos electorales", explicó el legislador priista.
La reforma fue aprobada con 90 votos a favor, 16 en contra y una abstención, del senador priista y ex presidente de la CIRT, Jorge Mendoza.
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