En un hecho inédito, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma constitucional que prohíbe la contratación de spots en materia electoral por parte de organismos privados.
"La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre, es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación", aseguró el presidente del organismo empresarial, Armando Paredes.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron representantes de los 12 organismos que integran el Consejo, Paredes dijo que la libertad de expresión es un elemento fundamental para construir la opinión pública y, por ello, un componente necesario para una democracia participativa.
"En este sentido, (la libertad de expresión) no puede ser ejercida de manera intermitente y con limitaciones, dejándola para su ejercicio únicamente a los partidos políticos", indicó el empresario.
La recientemente aprobada reforma electoral estipula que ningún partido político o particular podrá contratar anuncios publicitarios con tintes políticos.
Paredes descartó que el proceso legal esté relacionado con los conflictos de las televisoras.
"Nuestro derecho es como ciudadanos, del sector privado, de poder acceder a los medios de comunicación para difundir nuestras ideas y nuestras posiciones en temas político-electorales", manifestó.
De acuerdo con el CCE, la demanda se fundamenta en el derecho que tiene cualquier persona física o moral a presentar un juicio de amparo en contra de un acto o ley, incluyendo reformas constitucionales, que viole las garantías individuales.
Adolfo Arrioja, abogado titular del Consejo, destacó, por su parte, que la demanda interpuesta por los empresarios es un hecho nunca antes visto en el derecho constitucional, y que abre la brecha para que otras organizaciones civiles hagan valer sus garantías individuales.
El amparo fue interpuesto en el juzgado 14 en materia administrativa del Distrito Federal, y se espera que el proceso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arrioja previó que el proceso dure de 12 a 14 meses.
"La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre, es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación", aseguró el presidente del organismo empresarial, Armando Paredes.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron representantes de los 12 organismos que integran el Consejo, Paredes dijo que la libertad de expresión es un elemento fundamental para construir la opinión pública y, por ello, un componente necesario para una democracia participativa.
"En este sentido, (la libertad de expresión) no puede ser ejercida de manera intermitente y con limitaciones, dejándola para su ejercicio únicamente a los partidos políticos", indicó el empresario.
La recientemente aprobada reforma electoral estipula que ningún partido político o particular podrá contratar anuncios publicitarios con tintes políticos.
Paredes descartó que el proceso legal esté relacionado con los conflictos de las televisoras.
"Nuestro derecho es como ciudadanos, del sector privado, de poder acceder a los medios de comunicación para difundir nuestras ideas y nuestras posiciones en temas político-electorales", manifestó.
De acuerdo con el CCE, la demanda se fundamenta en el derecho que tiene cualquier persona física o moral a presentar un juicio de amparo en contra de un acto o ley, incluyendo reformas constitucionales, que viole las garantías individuales.
Adolfo Arrioja, abogado titular del Consejo, destacó, por su parte, que la demanda interpuesta por los empresarios es un hecho nunca antes visto en el derecho constitucional, y que abre la brecha para que otras organizaciones civiles hagan valer sus garantías individuales.
El amparo fue interpuesto en el juzgado 14 en materia administrativa del Distrito Federal, y se espera que el proceso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arrioja previó que el proceso dure de 12 a 14 meses.
Nota de Lucero Almanza, Reforma, 6 de diciembre.
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