queremos regresar a aquella época en que mediante el delito de disolución social se metía en la cárcel a inocentes, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuando se trata de cambios al Código Penal hay que tener la mano temblorosa para que la ley tenga un contenido ético y no vulnere derechos.
es preocupante que el gobierno insista en intentar equiparar movimientos y protestas sociales con actos de terrorismo.
si ya se evidenció y se confesó que no es autoría de los legisladores ese capítulo de financiamiento al terrorismo, que se introdujo en el dictamen de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, debemos preguntar al Ejecutivo federal si es una decisión, convenio o imposición del gobierno estadunidense con el propósito de proteger a sus agentes en México.
grave que esto haya pasado; nunca en la historia, la Constitución y las leyes se habían visto tan presionadas para ser modificadas e intentar introducir este tipo de figuras jurídicas que lastiman la dignidad y los derechos humanos.
la autoridad se ha visto tentada, sobre todo cuando proviene de la derecha y de regímenes autoritarios de extrema derecha, a hacer modificaciones que intentan coartar las protestas sociales legítimas de la población y amenazan sus derechos y sus garantías.
no va a pasar y acudiríamos a todas las instancias internacionales en caso de que se impongan mayorías artificiales.
No sólo es que presionen a las autoridades o particulares, sino que tendrían que usar sustancias tóxicas, explosivos y armas de fuego. Esta discusión se dio en 2007. Si utilizan explosivos o armas, ya no es movimiento social, es otra cosa.
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