El CCE solicita amparo contra la reforma electoral “inquisidora” y “monopólica”

El pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se amparó en contra de la reforma electoral por considerar que ésta viola las garantías constitucionales de la libertad de expresión en México y atenta contra los derechos internacionales de los individuos de ejercer plenamente sus ideas y de tomar parte en la vida política de un país.

Además, atenta contra la democracia y el Estado de derecho, al anteponer los intereses de los partidos políticos por encima de los de la sociedad, y dejar "armordazada" a la sociedad.

El equipo de abogados del CCE, representados por Adolfo Rioja Vizcaíno, interpusieron ayer el recurso de amparo ante el juzgado 14 en materia administrativa del Distrito Federal, para evitar que la reforma electoral aprobada en el Congreso —publicada el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación— sea aplicada tal cual.

Los defensores de los empresarios calificaron de "inquisidora" y "monopólica" la reforma electoral, sobre todo al derecho de manifestación de las ideas y de la vida pública del país.
En el hotel Nikko los dirigentes de todos los organismos empresarial miembros del CCE ofrecieron una conferencia conjunta encabezada por Armando Paredes, dirigente de la cúpula empresarial (CCE), para anunciar la medida en contra de la reforma electoral.

Los empresarios confían ganar el juicio de amparo en primera o segunda instancia, o bien llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar las violaciones a los artículos 1º, 6º, 8º, 9º, 14 y 16 de la Constitución en materia de libertad de expresión y asociación. Proceso que podría llevar a un año a año y medio.

Armando Paredes determinó que con la reforma electoral se suprime por completo la libertad de expresión en materia político-electoral, al haber adicionado al artículo 41 que "ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda de radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor o en contra de partidos políticos y candidatos a cargo de elección popular".

En su discurso dijo que el desarrollo del país requiere de transformaciones sustantivas que favorezcan la gobernabilidad y afiancen el Estado de derecho.

"Sin embargo, estas reformas requieren del consenso social y, sobre todo, no pueden en ningún momento resultar violatorias de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución".
Además, dijo que esta adición al artículo 41 constitucional implica que únicamente los partidos políticos pueden ejercer el derecho de libertad de expresión, dejando "amordazados" a ciudadanos y/o asociaciones civiles para llamar al ejercicio de un voto informado, libre, razonado y secreto.

Asimismo, la derogación del tercer párrafo del artículo 97 constitucional, constituye una ruptura en el equilibrio de poderes de la Unión, al quitarle a la Suprema Corte de Justicia la facultad para intervenir en caso de violaciones al voto público.

Manifestó que la actuación de la SCJN estaba condicionada a la presentación de quejas, protestas y reclamaciones que públicamente formularan los ciudadanos y sus organizaciones legalmente constituidas.

"Sin embargo, la derogación las priva de acudir a la SCJN, lo que constituye una violación de la garantía individual contenida en el artículo 9° y, en general, del régimen total de garantías individuales que emanan del artículo 1° constitucional", subrayó.

Según el presidente del CCE esta medida de amparo no responde a la defensa de las televisoras en particular, sino de toda la sociedad en su conjunto, que ve privada su libertad de expresión.

También señaló que como organización civil el CCE ejerce su derecho del amparo, pero confió en que otras organizaciones civiles o empresariales se sumen a esta medida. Incluso, cada uno de los miembros de está cúpula empresarial podrá hacerlo en lo individual.

El dirigente empresarial resaltó que esta censura a la información se contrapone con los diversos tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos y a la Declaración de Filadelfia que refiere a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nota de Rocío Esquivel, Crónica, 6 de diciembre.