Acreditan violaciones en caso de colombiano

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un juez federal confirmaron que el colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, acusado de tener vínculos con las FARC, fue arbitrariamente expulsado del País el 22 de mayo de 2009, informó la organización civil Sin Fronteras.

Indicó que la CNDH y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal advirtieron que autoridades del Instituto Nacional de Migración violaron el derecho del colombiano a buscar y recibir asilo mientras se ejecutaba su ilegal expulsión del País e impidieron un debido proceso.

"En síntesis, ha quedado acreditado ante autoridades mexicanas que funcionarios del INM cometieron graves violaciones a derechos humanos en perjuicio del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas", apuntó en un comunicado.

El organismo defensor del académico, que estudiaba un posdoctorado en la UNAM, informó que ya fue liberado y absuelto de todos los cargos en Colombia.

A Beltrán se le acusaba de ser asesor cercano de Raúl Reyes, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Llegó a México en junio del 2008, tres meses después de que Reyes fuera abatido por tropas colombianas en un ataque a su campamento ubicado en Ecuador.

Sin Fronteras recordó que en junio de 2010, la CNDH solicitó al INM que diera vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en este instituto para que se iniciara y resolviera, el procedimiento administrativo de investigación en contra de los funcionarios públicos del INM que participaron en el procedimiento de expulsión del colombiano.

Sin embargo, apuntó, que a casi un año de aquella solicitud, la defensa del académico aún no ha recibido noticias de la sanción impuesta a los funcionarios.

"Este caso es un claro ejemplo de todas las irregularidades que han sido denunciadas en el INM, entre ellas, que continúan violando sistemáticamente derechos humanos en perjuicio de los migrantes; que la detección de solicitantes de asilo por parte del INM es deficiente y que no existen controles y sanciones efectivas en contra de los funcionarios que cometen violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes", remarcó la organización.

Verónica Sánchez, Reforma, 8 de junio.

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