Colombiano acusa a INM de violar sus derechos

Hace dos años, el colombiano fue deportado de México sin dilación. Jueces federales encontraron evidencias de que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) incurrió en irregularidades como ignorar su petición verbal de asilo y no sustentar la decisión de impedirle regresar en 40 años; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también documentó violaciones a sus garantías de defensa y a un debido proceso.

El 22 de mayo de 2009 le notificaron su deportación en el INM y en menos de dos horas lo hicieron abordar un jet privado que aterrizó en una base militar colombiana para ser encarcelado y juzgado por sus presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El 3 de junio pasado, una juez de ese país decretó su libertad al no existir pruebas de los delitos que se le imputaban. Al conocer su absolución, Beltrán Villegas aseguró: “Fui víctima de persecución del Estado por mis ideas, no sólo en Colombia, sino también en México”.

El abogado Perseo Quiroz Rendón, subcoordinador de Defensoría de la organización Sin Fronteras, que asumió su defensa en México para evidenciar las violaciones a los derechos humanos del colombiano en el INM y que presentó amparos contra su actuación, señala a EL UNIVERSAL que se demostraron las anomalías y espera que los responsables sean sancionados.

“Se trató de una expulsión atípica, anuló todo tipo de aplicación de las convenciones internacionales. Se hizo uso de un procedimiento migratorio para cumplir, quizás, con otros fines como entregar a alguien a una autoridad para que lo encarcelen, en lugar de usar otros recursos como la extradición, que pudo ser el caso. El INM se volvió una entidad policial violando derechos humanos”.

El sociólogo Beltrán Villegas ingresó a México el 7 de junio de 2008 con una forma migratoria expedida por el Consulado de México en Colombia, que lo autorizaba 90 días para tramitar ante el INM el efectuar estudios de posdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Inició sus gestiones para obtener su cambio de status migratorio, pero fue hasta el 22 de mayo de 2009 cuando fue citado en el INM para ser notificado. Ignoraba que cuatro días antes —18 de mayo— la Interpol y la PGR habían solicitado una alerta migratoria en su contra ante cargos presentados por el gobierno de Colombia.

El día de la cita Beltrán fue notificado que se le negaba su cambio migratorio y que sería deportado, pidió asilo, pero lo repatriaron de inmediato. En Colombia, los militares ya lo esperaban para detenerlo, acusado de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, por sus supuestos nexos con las FARC, bajo el alias de Jaime Cienfuegos, ante información hallada en la computadora de Raúl Reyes, el extinto líder de la organización.

Anomalías de la autoridad

La CNDH resolvió en junio de 2010, la queja 5/2009/2264/Q, donde dice que en la deportación del académico “hay elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso” en agravio del colombiano.

Concluyó que el INM, “con antelación a la determinación de expulsión tenía la obligación de otorgarle la oportunidad de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que a su derecho conviniera en defensa de sus intereses”, pero no se le dio derecho a audiencia, ni se le permitió interponer un recurso de revisión o ampararse como marca la ley, por lo que pidió que se iniciara una investigación contra los funcionarios implicados, aunque hasta la fecha se desconoce el resultado, indicó el abogado Quiroz.

Los abogados de Sin Fronteras presentaron dos amparos contra la deportación de Beltrán Villegas y porque se ignoró su petición de asilo, violando la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece el principio de no devolución hasta en tanto no se investigue si procede o no la petición del extranjero que lo requiere ante el temor de que su vida, seguridad o libertad estén en riesgo.

Fernando Antonio Mora Guillén, vocero del INM, indicó que la institución le ha dado un seguimiento puntual y que ha actuado conforme al derecho; respecto a los juicios de amparo en revisión, dijo que en el momento en que existan sentencias firmes, como en todos los casos, se acatarán las resoluciones de las autoridades.

Al final, “las consideraciones de los jueces comprueban las denuncias que presentamos desde 2009”, señaló Quiroz, quien amenazó con llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Silvia Otero, El Universal, 6 de junio.

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