Piden cuentas senadores sobre Acuerdo Nacional de Seguridad

Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Convergencia solicitan al Consejo Nacional de Seguridad Pública un informe detallado por entidad federativa sobre los avances y resultados de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008.

A través de un Punto de Acuerdo, promovido por los senadores panistas Fernando Elizondo y Felipe González y que será discutido en sesión de la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores piden que el Consejo, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe sobre la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, el monto de recursos incrementados, asignados y reasignados en los presupuestos estatales específicamente para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, y la puesta en práctica del Informe Policial Homologado y la generación de mapas geodelictivos.

También deberá informar sobre la creación e instrumentación de centros de evaluación y control de confianza del personal de instituciones policiales, procuración de justicia y centros de readaptación social estatales; diseño e implementación de reglas de operación o procedimiento eficaces y transparentes en los presupuestos estatales; la replica a nivel estatal del esquema del sistema nacional de desarrollo policial y el referente a la certificación de confianza de ministerios públicos, que condiciona la permanencia en las instituciones de los elementos a la aprobación de evaluaciones; así como de la incorporación al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, yla actualización de bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y registro de armamento, entre otros temas.

El informe, señalan los legisladores, es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a casi tres años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las acciones por parte de las entidades federativas a favor de la seguridad, justicia y legalidad.

"Creemos que la delincuencia ya ha comenzado a dañar el tejido social y será un desafío enorme de coordinación interinstitucional e inaplazable si queremos hacer un verdadero frente a la delincuencia organizada", señala el texto.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 26 de junio.

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