Critican ONG doble moral de Washington

Los grandes abusos cometidos por las fuerzas militares y policiacas mexicanas han sido soslayados por el gobierno de Estados Unidos, por lo que las condiciones que el Senado de ese país puso para la entrega de fondos mediante la Iniciativa Mérida no son más que un discurso de doble moral relativo a las garantías fundamentales, señalaron defensores de derechos humanos.

Pese a ello, afirmaron que no es con la entrega de tecnologías y armamento con lo que se podrá combatir al crimen organizado, sino con la inversión en un programa integral de prevención y consumo de drogas.

Lo anterior se dijo luego de que el Senado estadunidense aprobó condicionadamente entregar 350 millones de dólares en especie este año al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico. Las limitantes se presentaron debido a la “larga historia de corrupción” de militares y policías.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, resaltó que cualquier país y la comunidad internacional están obligados a asumir una responsabilidad en cuanto al monitoreo de los derechos humanos, por lo que el acuerdo entre los ejecutivos federales para emprender la Iniciativa Mérida no puede estar por encima de estas garantías.

“Es importante que cualquier ayuda cumpla un parámetro de respeto a las garantías básicas, y no se use en mantener e incrementar el número de violaciones a los derechos humanos”, expresó.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró que el gobierno estadunidense mantiene un “doble discurso” en derechos humanos, puesto que no ha censurado los abusos cometidos durante años en México.

Señaló que no es con la entrega de equipo para la seguridad a las fuerzas del orden mexicanas como se resolverá el narcotráfico, sino con un programa integral de prevención y atención al consumo de drogas.

Por otro lado, en reunión con reporteros extranjeros, representantes de ONG como Inside y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos consideraron que este país vive un grave retroceso en la materia que fortalece el autoritarismo y hace intocable la figura presidencial. Agregaron que la justicia militar permite que los abusos cometidos por militares queden impunes debido su parcialidad.

Artículo 19 y Cencos señalaron que la guerra contra el narco ha causado también deterioro en la libertad de expresión, con un saldo desde 2000 de 24 periodistas muertos, 8 desaparecidos y 64 agresiones a reporteros.

Nota de Emir Olivares y AFP, La Jornada, 24 de mayo.