En los últimos dos sexenios se ha incrementado la participación de elementos castrenses y policiacos en la realización de operativos para el control de migrantes en tránsito, en los cuales la constante es la violación de los derechos humanos, denunciaron integrantes de organismos de defensa de las garantías individuales, quienes exigieron a la administración federal que deje de considerar la migración como un problema de seguridad nacional.
En conferencia de prensa, Marta Villarreal, vocera del Foro Migrantes; Irineo Mújica, periodista y activista de derechos humanos, y Santiago Aguirre, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expusieron la “falta de congruencia” entre la exigencia de que se respete a los mexicanos en la frontera norte y la forma en que los citados elementos de seguridad tratan a los migrantes en tránsito por el territorio nacional.
Villarreal subrayó que la intervención de cuerpos policiacos y de fuerzas militares en el control migratorio en México es sui generis.
“Por ejemplo, eso no ocurre en Estados Unidos; allá tienen cuerpos claramente identificados y, por tanto, existe mayor control en la forma en que intervienen las policías en las detenciones masivas, y por lo menos hay manera de documentar la violaciones y forma de garantizar acceso a la justicia de quien sufre abuso de autoridad”.
Apuntó que México carece de un “sistema inteligentemente planeado que le permita revisar su política migratoria o asumir el control de los grupos encargados de ésta”, y remarcó que los organismos de derechos humanos piden al gobierno federal que tome las riendas de la inspección de los cuerpos policiacos y militares en la realización de estos operativos, y asegure que quienes van a participar en ellos estén capacitados para realizarlos sin mancha.
En suma –destacó–, “no estamos pidiendo que renuncie a su facultad como gobierno para controlar los flujos migratorios, sólo exigimos que dicho control se ejerza con programas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los indocumentados”.
Precisaron que entre las vejaciones están los atropellos a la integridad física, la violación del derecho a no ser detenido arbitrariamente y a tener un debido proceso, e incluso aseguraron que hay denuncias de abusos sexuales contra mujeres.
Sobre esto, Mújica, de nacionalidad estadunidense, narró la experiencia que vivió el pasado 31 de marzo, cuando realizaba un trabajo de investigación sobre el tema, y en Tecún-Umán ciudad fronteriza con México en el sur, se integró a un grupo de migrantes para acompañarlos en su viaje a Estados Unidos.
Dijo que en la comunidad de la Anonas abordó un tren con el grupo, y poco después de una hora elementos de la Marina realizaron un operativo en el cual hubo “lujo de violencia”.
Apuntó que a él, como a muchos más, lo detuvieron y lo acusaron de tráfico de personas. A razón de esto, el periodista presentó una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas contra la Armada de México y el Instituto Nacional de Migración, por privación ilegal de la libertad y amenazas.
En conferencia de prensa, Marta Villarreal, vocera del Foro Migrantes; Irineo Mújica, periodista y activista de derechos humanos, y Santiago Aguirre, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expusieron la “falta de congruencia” entre la exigencia de que se respete a los mexicanos en la frontera norte y la forma en que los citados elementos de seguridad tratan a los migrantes en tránsito por el territorio nacional.
Villarreal subrayó que la intervención de cuerpos policiacos y de fuerzas militares en el control migratorio en México es sui generis.
“Por ejemplo, eso no ocurre en Estados Unidos; allá tienen cuerpos claramente identificados y, por tanto, existe mayor control en la forma en que intervienen las policías en las detenciones masivas, y por lo menos hay manera de documentar la violaciones y forma de garantizar acceso a la justicia de quien sufre abuso de autoridad”.
Apuntó que México carece de un “sistema inteligentemente planeado que le permita revisar su política migratoria o asumir el control de los grupos encargados de ésta”, y remarcó que los organismos de derechos humanos piden al gobierno federal que tome las riendas de la inspección de los cuerpos policiacos y militares en la realización de estos operativos, y asegure que quienes van a participar en ellos estén capacitados para realizarlos sin mancha.
En suma –destacó–, “no estamos pidiendo que renuncie a su facultad como gobierno para controlar los flujos migratorios, sólo exigimos que dicho control se ejerza con programas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los indocumentados”.
Precisaron que entre las vejaciones están los atropellos a la integridad física, la violación del derecho a no ser detenido arbitrariamente y a tener un debido proceso, e incluso aseguraron que hay denuncias de abusos sexuales contra mujeres.
Sobre esto, Mújica, de nacionalidad estadunidense, narró la experiencia que vivió el pasado 31 de marzo, cuando realizaba un trabajo de investigación sobre el tema, y en Tecún-Umán ciudad fronteriza con México en el sur, se integró a un grupo de migrantes para acompañarlos en su viaje a Estados Unidos.
Dijo que en la comunidad de la Anonas abordó un tren con el grupo, y poco después de una hora elementos de la Marina realizaron un operativo en el cual hubo “lujo de violencia”.
Apuntó que a él, como a muchos más, lo detuvieron y lo acusaron de tráfico de personas. A razón de esto, el periodista presentó una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas contra la Armada de México y el Instituto Nacional de Migración, por privación ilegal de la libertad y amenazas.
Nota de Carolina Gómez Mena, La Jornada, 9 de mayo.
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