Juristas que han ido al Senado a defender las iniciativas de Felipe Calderón en materia petrolera reconocieron que diversos puntos de la propuesta violan la Constitución, los tratados internacionales y significan, incluso, otorgar de antemano prebendas a empresas extranjeras.
Durante los cuatro foros que se han llevado a cabo hasta el momento para analizar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), los juristas que avalaron el proyecto de Calderón admitieron que contiene aspectos que deben considerarse, porque entran en conflicto con normas constitucionales.
El doctor en derecho Miguel Carbonell y el ex subprocurador de justicia José Elías Romero Apis advirtieron de violaciones a artículos de la Carta Magna, sobre todo en la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Pemex.
El artículo 49 de este ordenamiento propone que durante la celebración de contratos con particulares, la paraestatal se comprometa a “convenir la aplicación del derecho extranjero y la jurisdicción de tribunales extranjeros”.
No depende ello de un ordenamiento interno de Pemex, sino de leyes superiores, como los tratados o los principios internacionales de derecho, advirtió Romero Apis. Y recalcó que esa pretensión para que Pemex incorpore en su Ley Orgánica el compromiso de dirimir los conflictos con empresas privadas en tribunales fuera del país es innecesario, porque significa dar prebendas “antes que nos las pidan”.
En su ponencia, Carbonell resalta también otros artículos de esa iniciativa de Calderón que “pueden entrar en confrontación en términos de constitucionalidad”. Una de ellas es la propuesta de ajuste al artículo 22 fracción VII de la Ley Orgánica de Pemex, en la que se propone crear un comité de fiscalización en la paraestatal, encargado de revisar la legalidad de licitaciones y contratos.
De entrada, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que las excepciones a los procesos de licitación deben estar establecidas en la ley, según lo establece el artículo 134 constitucional. Además, añade, ningún comité interno de Pemex debería tener facultades para dictar normas en esa materia.
Por ello, “convendría ser muy precisos en la redacción de ese artículo 22, fracción VII, para evitar cualquier suspicacia, sobre todo teniendo en cuenta el enorme volumen de recursos que maneja Pemex”.
Carbonell cuestionó también el artículo 24 de dicha ley orgánica, ya que, explicó, “no conviene dejar facultades omnímodas” a un comité interno en el tema de remuneraciones a servidores públicos. Darle esa atribución, como se establece en la propuesta de Calderón, va en contra de lo establecido en el artículo73 de la Carta Magna.
El jurista encontró que esa misma ley viola el artículo 73 constitucional, al proponer –artículo 38 fracción II– que Pemex contrate directamente deuda externa. “Convendría acotar la facultad, con el propósito de que la autorización final recaiga claramente en el Ejecutivo”.
Por su parte, Romero Apis detalló otros errores de fondo también en esa ley orgánica propuesta por el Ejecutivo. Se refirió al artículo 5 de la misma, en el que se se establece que la paraestatal operará “manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos”.
Tal redacción “no puede ser más desafortunada”, sostiene, porque “el petróleo es de la nación, según el artículo 27 constitucional, no del Estado, ni mucho menos de Pemex”.
Una objeción similar hizo al artículo 7 del mismo ordenamiento, en el que se señala que los más altos directivos de la paraestatal “buscarán en todo momento la creación de valor económico”. Esa declaración no salva las finanzas de la empresa, tampoco las quiebra, pero “quizá Pemex, para los mexicanos, sea algo más que un emporio comercial”.
Romero Apis recomendó a quienes elaboraron la iniciativa ser cuidadosos con Pemex; “no la sobajemos a puro marchante”.
Al gobierno federal y al PAN les preocupa mucho que los invitados que han llevado a debatir con los juristas, académicos y políticos que el Frente Amplio Progresista convocó, no logren dar una buena imagen de las iniciativas de Calderón y que, como en el caso de los juristas que asistieron la semana pasada, dejaran al descubierto las fallas y trampas de la reforma.
Por ello, para este martes, en que asistirán al debate el presidente de la Fundación Colosio, Francisco Rojas, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el PAN invitó al premio Nobel de Química Mario Molina y al ex rector Francisco Barnés.
Durante los cuatro foros que se han llevado a cabo hasta el momento para analizar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), los juristas que avalaron el proyecto de Calderón admitieron que contiene aspectos que deben considerarse, porque entran en conflicto con normas constitucionales.
El doctor en derecho Miguel Carbonell y el ex subprocurador de justicia José Elías Romero Apis advirtieron de violaciones a artículos de la Carta Magna, sobre todo en la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Pemex.
El artículo 49 de este ordenamiento propone que durante la celebración de contratos con particulares, la paraestatal se comprometa a “convenir la aplicación del derecho extranjero y la jurisdicción de tribunales extranjeros”.
No depende ello de un ordenamiento interno de Pemex, sino de leyes superiores, como los tratados o los principios internacionales de derecho, advirtió Romero Apis. Y recalcó que esa pretensión para que Pemex incorpore en su Ley Orgánica el compromiso de dirimir los conflictos con empresas privadas en tribunales fuera del país es innecesario, porque significa dar prebendas “antes que nos las pidan”.
En su ponencia, Carbonell resalta también otros artículos de esa iniciativa de Calderón que “pueden entrar en confrontación en términos de constitucionalidad”. Una de ellas es la propuesta de ajuste al artículo 22 fracción VII de la Ley Orgánica de Pemex, en la que se propone crear un comité de fiscalización en la paraestatal, encargado de revisar la legalidad de licitaciones y contratos.
De entrada, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que las excepciones a los procesos de licitación deben estar establecidas en la ley, según lo establece el artículo 134 constitucional. Además, añade, ningún comité interno de Pemex debería tener facultades para dictar normas en esa materia.
Por ello, “convendría ser muy precisos en la redacción de ese artículo 22, fracción VII, para evitar cualquier suspicacia, sobre todo teniendo en cuenta el enorme volumen de recursos que maneja Pemex”.
Carbonell cuestionó también el artículo 24 de dicha ley orgánica, ya que, explicó, “no conviene dejar facultades omnímodas” a un comité interno en el tema de remuneraciones a servidores públicos. Darle esa atribución, como se establece en la propuesta de Calderón, va en contra de lo establecido en el artículo73 de la Carta Magna.
El jurista encontró que esa misma ley viola el artículo 73 constitucional, al proponer –artículo 38 fracción II– que Pemex contrate directamente deuda externa. “Convendría acotar la facultad, con el propósito de que la autorización final recaiga claramente en el Ejecutivo”.
Por su parte, Romero Apis detalló otros errores de fondo también en esa ley orgánica propuesta por el Ejecutivo. Se refirió al artículo 5 de la misma, en el que se se establece que la paraestatal operará “manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos”.
Tal redacción “no puede ser más desafortunada”, sostiene, porque “el petróleo es de la nación, según el artículo 27 constitucional, no del Estado, ni mucho menos de Pemex”.
Una objeción similar hizo al artículo 7 del mismo ordenamiento, en el que se señala que los más altos directivos de la paraestatal “buscarán en todo momento la creación de valor económico”. Esa declaración no salva las finanzas de la empresa, tampoco las quiebra, pero “quizá Pemex, para los mexicanos, sea algo más que un emporio comercial”.
Romero Apis recomendó a quienes elaboraron la iniciativa ser cuidadosos con Pemex; “no la sobajemos a puro marchante”.
Al gobierno federal y al PAN les preocupa mucho que los invitados que han llevado a debatir con los juristas, académicos y políticos que el Frente Amplio Progresista convocó, no logren dar una buena imagen de las iniciativas de Calderón y que, como en el caso de los juristas que asistieron la semana pasada, dejaran al descubierto las fallas y trampas de la reforma.
Por ello, para este martes, en que asistirán al debate el presidente de la Fundación Colosio, Francisco Rojas, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el PAN invitó al premio Nobel de Química Mario Molina y al ex rector Francisco Barnés.
Nota de Andrea Becerril, La Jornada, 25 de mayo.
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