Ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron los funcionarios de los gabinetes de ambos países que integran el Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida, quienes se reunieron el pasado viernes en Washington.
Ambas administraciones destacaron la importancia de que las naciones de Centroamérica y el Caribe colaboren en el esfuerzo para enfrentar las organizaciones criminales que ya representan una verdadera amenaza.
“Una Iniciativa Mérida exitosa debe contar con un fuerte elemento regional y hemisférico, por lo que nuestra intención es explorar vías que puedan asegurar que la asociación bilateral entre México y Estados Unidos aborde dicha dimensión”, de acuerdo a la declaración bilateral, resultado del encuentro.
“Reconocemos la importancia de colaborar estrechamente con los países de Centroamérica y el Caribe, al abordar las amenazas que surgen del crimen organizado y que nos afectan a todos”, señalaron ambos gobiernos.
Los Pinos y la Casa Blanca decidieron que en el Distrito Federal se instale una oficina conjunta, en la que se dé seguimiento a las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En el Congreso estadounidense autorizaron 400 millones de dólares para equipo y capacitación.
El 3 de diciembre se liberaron 197 millones 175 mil dólares para la compra de vehículos blindados, sistemas de cómputo y equipos de detección de drogas y explosivos, entre otros.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prevé que antes del 20 de enero se liberen 116.5 millones de dólares más para la compra de helicópteros y aeronaves que se entregarán a las fuerzas armadas.
Autoridades de la Cancillería, indicaron a EL UNIVERSAL que en una tercera etapa —que se dará con el nuevo gobierno estadounidense—, se dispondrá de los 86 millones de dólares restantes sólo para capacitación.
El viernes se reunió el Grupo de Contacto de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida, encabezado por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice y la canciller Patricia Espinosa.
La declaración conjunta que emitieron fue firmada por los secretarios Guillermo Galván, de la Defensa Nacional; Genaro García Luna, de Seguridad Pública; el subsecretario de Marina, Raúl Santos Galván, y el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
Por Estados Unidos, el secretario de Defensa, Robert Gates; el procurador general de Justicia, Michael Mukasey; el subsecretario de Seguridad Interna, Paul Schneider, y el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, John Walters.
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