La senadora Piedad Córdoba, que a finales de octubre se puso al frente de un grupo de intelectuales y académicos colombianos para sostener un diálogo epistolar con las FARC y lograr la liberación de cautivos, informó que la entrega de las seis personas está prevista para enero, pero no precisó el día.
Este gesto “es una respuesta a quienes trabajamos en el diálogo”, afirmó Córdoba al referirise al trabajo de la organización promotora del diálogo epistolar Colombianos por la Paz, que cuenta con el respaldado de 55 mil ciudadanos que estamparon su firma en una carta recientemente entregada a las FARC, en la que pidieron una muestra de voluntad para acabar con la práctica del secuestro.
“Tiempo, modo, lugar y coordenadas, las dan ellos”, señaló la senadora de oposición, que a finales de 2007 sirvió de “facilitadora” en las gestiones que durante dos meses realizó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hasta que su homólogo Álvaro Uribe pidió cancelar las gestiones.
Las FARC dieron a conocer la decisión de liberar a las seis personas en respuesta a la última carta enviada por Colombianos por la Paz, que han hecho públicas en Internet sus comunicaciones de este año con la insurgencia, con el propósito de hacer precisiones en las misivas y recibir apoyos individuales.
Córdoba informó que en los próximos días consultará al gobierno colombiano sobre aspectos de logística, y que pedirá nuevamente a Chávez su colaboración.
En un comunicado aparte, difundido el pasado sábado, los nueve miembros del secretariado de las FARC destacaron que “seguiremos buscando fórmulas y derroteros que nos permitan arribar al acuerdo humanitario como paso inicial para arrancar con un proceso de diálogo que desemboque en la paz”.
El 6 de diciembre pasado Uribe anticipó la posibilidad de una entrega unilateral de cautivos de las FARC, pero le restó importancia.
La noticia sobre la próxima liberación de cautivos circuló mientras la Procuraduría General de la Nación informaba que agentes del ministerio público desarticularon una red de militares que organizaba “actos terroristas” en Bogotá para atribuirlos a guerrilleros, lo que llevó a la detención de dos mayores del ejército, cuyos nombres no fueron revelados.
El anuncio fue hecho a tres meses de que la fiscalía general comenzó a investigar el caso conocido como los “falsos positivos”, que ha puesto en evidencia el reclutamiento por parte del ejército de jóvenes de zonas pobres de Bogotá que tras de ser llevados al interior del país fueron asesinados y presentados como guerrilleros de las FARC. Este asunto ha llevado a la destitución de 40 militares.
Este domingo, la prensa local dio a conocer la destitución del jefe de operaciones del ejército, Guillermo Quiñonez, quien se convirtió en el cuarto uniformado de alto rango pasado a retiro este año, en lo que el gobierno ha presentado como un esfuerzo de depuración de los mandos militares.
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