Las autoridades del Distrito Federal aún tienen una perspectiva limitada en torno a los derechos humanos, por lo que, aunque existen esfuerzos importantes en la materia, no impactan de manera concreta e integral en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno, asegura el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En un informe sobre la situación que guardaron en 2008 los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la capital del país, la ONG revela que 5.4 por ciento de la población capitalina no cuenta con ingresos suficientes ni para comprar comida, lo que vulnera el derecho a la alimentación que todo Estado debe garantizar; en tanto, 10.3 puede alimentarse, pero no accede a otros servicios, como educación o salud.
Asimismo, señala que 31.8 por ciento de los capitalinos no tiene ingresos suficientes para adquirir una vivienda u otros bienes materiales indispensables para contar con una vida digna.
El análisis, que pretende ser una herramienta para incidir en las políticas públicas sobre garantías fundamentales, refiere que existen grandes desigualdades en materia alimentaria entre las diferentes delegaciones de la ciudad, a pesar de que el Distrito Federal genera 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país y concentra el mayor nivel de ese indicador por habitante. Mientras en la Benito Juárez apenas 0.5 por ciento de la población padece pobreza alimentaria, en Milpa Alta la cifra es de 10.9.
El organismo, encabezado por Miguel Concha Malo, indica que según datos del Inegi, 58 por ciento de los trabajadores de la ciudad percibe menos de tres salarios mínimos, lo que genera limitaciones incluso para que la mayoría de las familias de la capital adquieran los productos de la canasta básica.
Subraya que un indicador de que el derecho a la alimentación no se garantiza totalmente en el Distrito Federal es que hay sobrepeso, obesidad y anemia en diferentes sectores de la población.
Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la ONG señala que la anemia está presente en 21 por ciento de los niños de tres a cinco años, en 14.8 de los de hasta 11 años y en 8.1 de adolescentes de la ciudad de México. Además, 9 por ciento de la población de 20 a 49 años y casi 19 por ciento de los adultos mayores de 50 están en dicha condición.
El sobrepeso y la obesidad representan un problema no sólo para el país en general, sino para la ciudad de México, pues se ubica por encima de la media nacional en ese rubro. El informe indica que 5 por ciento de los niños menores de cinco años presentan ese problema, y la cifra se eleva a 35 por ciento en los de cinco a 11 años; 32.3 por ciento en adolescentes y 73 en adultos de 20 a 49 años.
El centro Fray Francisco de Vitoria destaca que representa un “avance” que el derecho a la alimentación sea reconocido en la legislación capitalina, pero subraya que eso no es suficiente, pues “aún falta perspectiva de derechos humanos” en el diseño de los programas gubernamentales en materia de alimentación.
Ante esa perspectiva, en el texto se propone que se impulse la creación de una ley local en materia de alimentación y producción de comestibles que tome en cuenta la soberanía en la materia, que se incrementen los apoyos para que la población adquiera la canasta básica a bajo costo, replantear la política agrícola en la capital, elaborar un diagnóstico sobre el estado de salud y nutrición de la población, así como diseñar programas adecuados para atender la obesidad y el sobrepeso, entre otros.
En lo referente a los derechos laborales, el informe indica que en el Distrito Federal “se incumple con la obligación gubernamental para garantizarlos y protegerlos”, pues menos de la mitad de la población económicamente activa de la ciudad tiene un trabajo formal, y a las mujeres se les dificulta hallar empleo.
El documento refiere que 32 por ciento de los capitalinos que laboran no cuentan con prestaciones, 20 por ciento trabaja de 49 a 56 horas a la semana y 28 por ciento percibe menos de 3 mil 155 pesos al mes.
Agrega que para el segundo trimestre de 2008, la población subocupada en el Distrito Federal fue de 305 mil 593 personas, de las cuales, 71 mil 527 se han visto en la necesidad de buscar otra fuente de ingreso para satisfacer sus necesidades, y de éstas, 42 por ciento son mujeres.
En ese contexto, la ONG considera que la política pública en materia de empleo opera más en el sentido económico que en el social. Por ello, recomienda aplicar acciones que reviertan los efectos en la sociedad de la reforma laboral en marcha, impulsar la democratización de los sindicatos, generar apoyos integrales a la pequeña y media empresa y un programa permanente de creación de empleos, entre otras.
En un informe sobre la situación que guardaron en 2008 los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la capital del país, la ONG revela que 5.4 por ciento de la población capitalina no cuenta con ingresos suficientes ni para comprar comida, lo que vulnera el derecho a la alimentación que todo Estado debe garantizar; en tanto, 10.3 puede alimentarse, pero no accede a otros servicios, como educación o salud.
Asimismo, señala que 31.8 por ciento de los capitalinos no tiene ingresos suficientes para adquirir una vivienda u otros bienes materiales indispensables para contar con una vida digna.
El análisis, que pretende ser una herramienta para incidir en las políticas públicas sobre garantías fundamentales, refiere que existen grandes desigualdades en materia alimentaria entre las diferentes delegaciones de la ciudad, a pesar de que el Distrito Federal genera 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país y concentra el mayor nivel de ese indicador por habitante. Mientras en la Benito Juárez apenas 0.5 por ciento de la población padece pobreza alimentaria, en Milpa Alta la cifra es de 10.9.
El organismo, encabezado por Miguel Concha Malo, indica que según datos del Inegi, 58 por ciento de los trabajadores de la ciudad percibe menos de tres salarios mínimos, lo que genera limitaciones incluso para que la mayoría de las familias de la capital adquieran los productos de la canasta básica.
Subraya que un indicador de que el derecho a la alimentación no se garantiza totalmente en el Distrito Federal es que hay sobrepeso, obesidad y anemia en diferentes sectores de la población.
Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la ONG señala que la anemia está presente en 21 por ciento de los niños de tres a cinco años, en 14.8 de los de hasta 11 años y en 8.1 de adolescentes de la ciudad de México. Además, 9 por ciento de la población de 20 a 49 años y casi 19 por ciento de los adultos mayores de 50 están en dicha condición.
El sobrepeso y la obesidad representan un problema no sólo para el país en general, sino para la ciudad de México, pues se ubica por encima de la media nacional en ese rubro. El informe indica que 5 por ciento de los niños menores de cinco años presentan ese problema, y la cifra se eleva a 35 por ciento en los de cinco a 11 años; 32.3 por ciento en adolescentes y 73 en adultos de 20 a 49 años.
El centro Fray Francisco de Vitoria destaca que representa un “avance” que el derecho a la alimentación sea reconocido en la legislación capitalina, pero subraya que eso no es suficiente, pues “aún falta perspectiva de derechos humanos” en el diseño de los programas gubernamentales en materia de alimentación.
Ante esa perspectiva, en el texto se propone que se impulse la creación de una ley local en materia de alimentación y producción de comestibles que tome en cuenta la soberanía en la materia, que se incrementen los apoyos para que la población adquiera la canasta básica a bajo costo, replantear la política agrícola en la capital, elaborar un diagnóstico sobre el estado de salud y nutrición de la población, así como diseñar programas adecuados para atender la obesidad y el sobrepeso, entre otros.
En lo referente a los derechos laborales, el informe indica que en el Distrito Federal “se incumple con la obligación gubernamental para garantizarlos y protegerlos”, pues menos de la mitad de la población económicamente activa de la ciudad tiene un trabajo formal, y a las mujeres se les dificulta hallar empleo.
El documento refiere que 32 por ciento de los capitalinos que laboran no cuentan con prestaciones, 20 por ciento trabaja de 49 a 56 horas a la semana y 28 por ciento percibe menos de 3 mil 155 pesos al mes.
Agrega que para el segundo trimestre de 2008, la población subocupada en el Distrito Federal fue de 305 mil 593 personas, de las cuales, 71 mil 527 se han visto en la necesidad de buscar otra fuente de ingreso para satisfacer sus necesidades, y de éstas, 42 por ciento son mujeres.
En ese contexto, la ONG considera que la política pública en materia de empleo opera más en el sentido económico que en el social. Por ello, recomienda aplicar acciones que reviertan los efectos en la sociedad de la reforma laboral en marcha, impulsar la democratización de los sindicatos, generar apoyos integrales a la pequeña y media empresa y un programa permanente de creación de empleos, entre otras.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 21 de diciembre.
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