Dentro de la Iniciativa Mérida se creará un mecanismo permanente anticrimen

Washington, 19 de diciembre. Estados Unidos y México crearán “lo antes posible”, en 2009, un mecanismo permanente, con funcionarios de ambas naciones, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, acordaron este viernes sus respectivas cancilleres al término de una reunión sobre la Iniciativa Mérida.

“Nuestros gobiernos tienen la intención de establecer, antes de finalizar 2009, un mecanismo de instrumentación y seguimiento bilateral en México, donde funcionarios de ese país y estadunidenses trabajarán de forma conjunta para llevar a cabo proyectos de cooperación mutuamente acordados”, explicó el comunicado final firmado por la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, y su homóloga mexicana, Patricia Espinosa.

La forma que tomará ese mecanismo se definirá en una próxima reunión, “lo antes posible en 2009”, señaló el comunicado.

Rice declaró que Estados Unidos respalda a México en su lucha contra el crimen organizado y no ve motivos para dudar de su estrategia gubernamental.

“Tenemos el máximo respeto por el presidente Felipe Calderón. Es cierto, Estados Unidos está preocupado sobre lo que sucede al sur de la frontera”, dijo Rice en rueda de prensa tras la reunión en Washington. Asimismo, recalcó que para Estados Unidos la relación con México es indispensable.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar en el aspecto de la demanda (de drogas), pero este es un problema conjunto, y así lo vemos”, añadió.

Calderón y George W. Bush firmaron en marzo de 2007 la denominada Iniciativa Mérida contra el crimen organizado, a la que luego se añadieron países centroamericanos.

“Desde la celebración de la cumbre en Mérida, el gobierno de México se ha enfrentado a la violencia y al crimen organizado mediante acciones valientes y sin precedentes, y a menudo a costa de grandes sacrificios”, destacó el boletín.

Ambas naciones se congratularon de haber aumentado la colaboración para “encontrar armas y frenar la exportación ilícita que va a parar a organizaciones de narcotraficantes”.

Una de las preocupaciones expresadas regularmente por las autoridades mexicanas es la relativa facilidad con que los cárteles consiguen armas, algunas de grueso calibre, en Estados Unidos.

Interrogada sobre cuál podría ser el impacto de un levantamiento de ciertas prohibiciones a la venta de armas de grueso calibre en Estados Unidos, Rice contestó: “Los traficantes no se preocupan por la ley. Por eso la forma de afrontar esto es mediante la inteligencia (...) asegurarnos de que compartimos inteligencia”, añadió.

En tanto, Espinosa detalló que “ha habido un esfuerzo muy claro para sacar las armas de las calles, de los grupos del crimen organizado, y las cifras de decomiso que hemos alcanzado son muy elocuentes; el intercambio de información y de datos ha sido verdaderamente muy fructífero.

“Por supuesto, si hubiera del lado de los legisladores estadunidenses la decisión de asumir alguna iniciativa al respecto, le daremos un seguimiento muy cuidadoso”, añadió, en referencia a un endurecimiento en la regulación de venta de armas.

Sobre el nuevo mecanismo acordado, la funcionaria mexicana destacó que este esquema de cooperación bilateral permitirá “profundizar nuestros intercambios en materia de combate al crimen organizado.

“En el encuentro que tuvimos esta mañana se puso en evidencia que, independientemente de las transferencias de equipos que están previstas dentro de la Iniciativa Mérida, el esquema que hemos acordado ha permitido una interacción y una operación sin precedentes en la relación bilateral. Esta iniciativa se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de ambos países”, agregó.

La delegación mexicana incluyó al procurador general Eduardo Medina Mora; al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al subsecretario de Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, y al subsecretario de Marina, almirante Raúl Santos Galván Villanueva.

En la delegación estadunidense participaron el secretario de Defensa, Robert Gates; el procurador Michael Mukasey, el subsecretario de seguridad Paul Schneider y el director de la Oficina Nacional de Política Antidrogas, John Walters, entre otros.

AFP y DPA, La Jornada, 20 de diciembre.


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