BOGOTÁ (DPA).— La guerrilla colombiana de las FARC reiteró ayer que liberará a las 28 personas que mantiene secuestradas únicamente cuando se concrete con el gobierno colombiano un acuerdo humanitario, que también permitiría la excarcelación de todos los rebeldes presos.
“Explorando caminos, buscando fórmulas y trabajando derroteros que nos permitan arribar al acuerdo humanitario como paso inicial para arrancar con un proceso de diálogo que desemboque en la paz con justicia social”, señala la nota rebelde firmada por la comandancia y difundida por Agencia de Noticias Nueva Colombia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen en su poder a dos políticos y 26 militares y policías, a quienes esperan canjear por todos los guerrilleros presos en cárceles del país andino y en EU.
Por otra parte, la Procuraduría de Colombia destituyó a dos mayores del Ejército por “participar en montajes de actos terroristas y hacer que se pagaran con dineros del Estado”, en hechos ocurridos hace dos años en Bogotá, informó ayer el organismo.
Un reporte del Ministerio Público señaló que en agosto de 2006, antes y después de la toma de posesión del presidente Álvaro Uribe, se presentaron cinco casos y que “existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad”.
“Explorando caminos, buscando fórmulas y trabajando derroteros que nos permitan arribar al acuerdo humanitario como paso inicial para arrancar con un proceso de diálogo que desemboque en la paz con justicia social”, señala la nota rebelde firmada por la comandancia y difundida por Agencia de Noticias Nueva Colombia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen en su poder a dos políticos y 26 militares y policías, a quienes esperan canjear por todos los guerrilleros presos en cárceles del país andino y en EU.
Por otra parte, la Procuraduría de Colombia destituyó a dos mayores del Ejército por “participar en montajes de actos terroristas y hacer que se pagaran con dineros del Estado”, en hechos ocurridos hace dos años en Bogotá, informó ayer el organismo.
Un reporte del Ministerio Público señaló que en agosto de 2006, antes y después de la toma de posesión del presidente Álvaro Uribe, se presentaron cinco casos y que “existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad”.
Juan Arvizu, El Universal, 21 de diciembre.
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