Casi 10 meses después de que se presentaron las primeras quejas sobre presuntos excesos de funcionarios en en el uso de propaganda oficial para la difusión de imágenes personales, el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzará a desechar hoy el primer paquete de procedimientos iniciados. En ellos aplicará los nuevos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para restringir el inicio de procedimientos cuando no se tengan elementos suficientes.
Este año el IFE ha acumulado 171 casos de presuntos excesos de funcionarios frente a las restricciones en la publicidad oficial contenidas en el artículo 134 constitucional, el cual señala que no se podrán difundir imágenes personales en la publicidad oficial. Y en esa lista se encuentran una queja presentada contra el presidente Felipe Calderón y 13 denuncias contra gobernadores, donde destaca el de Jalisco, Emilio González Márquez, panista que acumula tres procesos.
No sólo el panista tiene denuncias, también mandatarios priístas: la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el de Nuevo León, Natividad González Parás, y el de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, con dos procedimientos.
La aplicación de las disposiciones constitucionales ha atravesado por complicaciones. El incumplimiento del Legislativo en aprobar la ley secundaria obligó al IFE a autorizar un primer reglamento sobre propaganda institucional. Recientemente se pretendía perfeccionar con una regulación más amplia relacionada con la equidad en el comportamiento de los funcionarios, cuyo procesamiento apresurado suscitó el rechazo de los partidos y, por ende, su postergación.
Paralelamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un primer recurso del diputado Gerardo Villanueva, quien se inconformó con un procedimiento en su contra por haberse promovido presuntamente de manera ilegal. El caso fue aislado, pero sirvió para que se fijaran criterios al IFE sobre las premisas para iniciar una investigación semejante.
En la jurisprudencia 20/2008 se asentó que, antes del inicio y emplazamiento al procedimiento ordinario sancionador de algún funcionario relacionado con violaciones al artículo 134 constitucional, el IFE deberá corroborar que se está en presencia de propaganda electoral; analizar si dicha propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social difundida por el servidor público, implicó su promoción personal; advertir la posible vulneración al precepto constitucional citado y la posible responsabilidad del servidor; determinar si éste fue parcial al aplicar los recursos bajo su responsabilidad; examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo cuando la conducta atribuida esté protegida por alguna prerrogativa en el ejercicio de su cargo.
Paralelamente, la pretensión de los consejeros de ampliar la regulación más allá de la publicidad oficial y enfocarla a la imparcialidad no sólo en el manejo de los recursos, sino también en su desempeño, tuvo un revés con el rechazo de los partidos, dada la premura con que se pretendía discutirla.
Hay disposiciones centrales que no se pueden aprobar a la ligera, coincidieron PAN y PRD en su argumentación para postergar la aprobación de un acuerdo “para reforzar la equidad de las precampañas y campañas electorales, e imparcialidad en el uso de los recursos públicos”, aspectos que se debatirán en enero.
Entrevistados por separado, los consejeros electorales Virgilio Andrade y Benito Nacif sostuvieron que, con los criterios que definieron los magistrados, el propio IFE comenzará hoy a desechar gran cantidad de casos iniciados, ya sea por quejas de partidos –de las cuales se han presentado 70– o por el IFE mediante sus vocalías ejecutivas; hasta ahora hay acumulados 101 procedimientos de oficio.
De éstos, según el informe del IFE, casi 25 por ciento se han concentrado en el estado de México: 24. Por lo que hace al desglose de las 70 quejas que han promovido los partidos políticos, hay 38 recursos en contra de alcaldes, 24 contra diputados locales, 18 involucran a diputados federales y cuatro a senadores.
La queja contra Calderón se refiere a la promoción de la iniciativa de reforma energética que envió al Congreso y que fue acompañada con promocionales donde el michoacano aludía a su proyecto y objetivos de la reforma.
Este año el IFE ha acumulado 171 casos de presuntos excesos de funcionarios frente a las restricciones en la publicidad oficial contenidas en el artículo 134 constitucional, el cual señala que no se podrán difundir imágenes personales en la publicidad oficial. Y en esa lista se encuentran una queja presentada contra el presidente Felipe Calderón y 13 denuncias contra gobernadores, donde destaca el de Jalisco, Emilio González Márquez, panista que acumula tres procesos.
No sólo el panista tiene denuncias, también mandatarios priístas: la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el de Nuevo León, Natividad González Parás, y el de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, con dos procedimientos.
La aplicación de las disposiciones constitucionales ha atravesado por complicaciones. El incumplimiento del Legislativo en aprobar la ley secundaria obligó al IFE a autorizar un primer reglamento sobre propaganda institucional. Recientemente se pretendía perfeccionar con una regulación más amplia relacionada con la equidad en el comportamiento de los funcionarios, cuyo procesamiento apresurado suscitó el rechazo de los partidos y, por ende, su postergación.
Paralelamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un primer recurso del diputado Gerardo Villanueva, quien se inconformó con un procedimiento en su contra por haberse promovido presuntamente de manera ilegal. El caso fue aislado, pero sirvió para que se fijaran criterios al IFE sobre las premisas para iniciar una investigación semejante.
En la jurisprudencia 20/2008 se asentó que, antes del inicio y emplazamiento al procedimiento ordinario sancionador de algún funcionario relacionado con violaciones al artículo 134 constitucional, el IFE deberá corroborar que se está en presencia de propaganda electoral; analizar si dicha propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social difundida por el servidor público, implicó su promoción personal; advertir la posible vulneración al precepto constitucional citado y la posible responsabilidad del servidor; determinar si éste fue parcial al aplicar los recursos bajo su responsabilidad; examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo cuando la conducta atribuida esté protegida por alguna prerrogativa en el ejercicio de su cargo.
Paralelamente, la pretensión de los consejeros de ampliar la regulación más allá de la publicidad oficial y enfocarla a la imparcialidad no sólo en el manejo de los recursos, sino también en su desempeño, tuvo un revés con el rechazo de los partidos, dada la premura con que se pretendía discutirla.
Hay disposiciones centrales que no se pueden aprobar a la ligera, coincidieron PAN y PRD en su argumentación para postergar la aprobación de un acuerdo “para reforzar la equidad de las precampañas y campañas electorales, e imparcialidad en el uso de los recursos públicos”, aspectos que se debatirán en enero.
Entrevistados por separado, los consejeros electorales Virgilio Andrade y Benito Nacif sostuvieron que, con los criterios que definieron los magistrados, el propio IFE comenzará hoy a desechar gran cantidad de casos iniciados, ya sea por quejas de partidos –de las cuales se han presentado 70– o por el IFE mediante sus vocalías ejecutivas; hasta ahora hay acumulados 101 procedimientos de oficio.
De éstos, según el informe del IFE, casi 25 por ciento se han concentrado en el estado de México: 24. Por lo que hace al desglose de las 70 quejas que han promovido los partidos políticos, hay 38 recursos en contra de alcaldes, 24 contra diputados locales, 18 involucran a diputados federales y cuatro a senadores.
La queja contra Calderón se refiere a la promoción de la iniciativa de reforma energética que envió al Congreso y que fue acompañada con promocionales donde el michoacano aludía a su proyecto y objetivos de la reforma.
Alonso Urrutia, La Jornada, 22 de diciembre.
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