El senador por Chihuahua y ex presidente municipal de Ciudad Juárez refiere que “este despliegue de más de mil militares y policías de Estados Unidos en la frontera se da por las amenazas al consulado estadunidense en la ciudad fronteriza de Juárez y al impacto que esto tiene, pero, insisto, carece de sentido”.
Explicó que el combate al crimen organizado debe ser internacional, es decir, los gobiernos de México y Estados Unidos deberían acordar este tipo de decisiones, que incluyen medidas administrativas y políticas; hacerlo unilateralmente es un error.
El senador panista dijo que “es momento de que México y Estados Unidos demos forma a una policía binacional que tenga facultades de actuar en investigación y estrategia en ambos países, porque este tipo de decisiones unilaterales no resuelven nada y simplemente dejan más clara la diferencia que existe entre ambas naciones”.
Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, manifestó que la militarización de la frontera norte es una decisión que conduce a la discriminación y a la violación sistemática de los migrantes e indo- cumentados.
El envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera estadunidense con México constituye una medida que puede poner en riesgo las garantías de los ciudadanos, sobre todo de los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos sin documentos. Esa medida la toma el gobierno estadunidense en aras de satisfacer las demandas de los gobiernos conservadores de las entidades en el sur de Estados Unidos, que se han caracterizado por la xenofobia, discriminación y racismo.
Monreal aseveró que el gobierno mexicano debe ser enérgico en reprochar el hecho de que se utilice el asunto migratorio como una moneda de cambio de carácter político electoral, cuando el propio Barack Obama ha manifestado que se deben evitar acciones que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.
El petista añadió que la Guardia Nacional es un cuerpo militar de reserva, pensado para actuar en tiempos de guerra u otra crisis nacional grave, y constituye un riesgo latente para la seguridad y la tranquilidad de los civiles que viven en uno u otro lado de la frontera.
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