El grupo estaba formado por cinco hidalguenses y nueve potosinos. Los restantes 17 son originarios de diversas comunidades del municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, y entre sus familiares hubo quienes presentaron denuncias, pero la única respuesta del Ministerio Público tuvo lugar hace dos meses, y fue enviar policías a interrogarlos.
“Preguntaron con quién o quiénes acostumbraban reunirse, y cómo fue que decidieron adónde ir”, comentó la afligida madre de un joven de 16 años levantado con el resto de sus compañeros.
La denuncia molestó al coyote Arturo Mayorga, quien guiaba a los migrantes y reclamó a los familiares por acusarlo. “Hicieron muy mal. Yo tengo cinco niños y ya vino la policía. Me quieren detener y llevar preso a Querétaro”, dijo hace tres semanas a uno de los denunciantes.
Mayorga también afirmó que nada sabe de los migrantes y sostuvo que Gabino Landa Rubio, presidente municipal de Landa de Matamoros, lo apoya y es su amigo. Luego dejó de contestar llamadas telefónicas, y los familiares creen que huyó.
La madre del adolescente de 16 años refiere que cada trabajador migratorio llevaba 3 mil 500 pesos en efectivo que el traficante les exigió para cubrir pasajes y “pagarles a Los Zetas”, pero una vez que cruzaran la frontera como indocumentados debían contactar a sus amigos o familiares en Estados Unidos para que desembolsaran al menos 2 mil dólares por cada uno.
A su vez, el alcalde panista Gabino Landa Rubio alegó que los migrantes desaparecieron “fuera del territorio” del municipio y aseguró que en Landa de Matamoros “no hay coyotes, sino humildes señores que trabajan el campo y tienen conocimiento de las cosas por haber ido a Estados Unidos”.
El munícipe consideró que para transitar en el país no se necesita coyote. Negó proteger a Mayorga y lo definió como una de las personas que “organizan a la gente sin pasarla del otro lado. Son guías que también temen porque nadie sabe a lo que se enfrenta”.
La hermana de un joven de 20 años dijo que una persona les avisó de la desaparición y les pidió paciencia porque se los habían llevado, probablemente como a muchos más, pero en cuestión de días llegarían a su comunidad. Sin embargo, al pasar semanas y meses en la incertidumbre, la familia fue a ver al alcalde, quien sólo respondió que mandaría “papeles” a las autoridades migratorias.
Dos mujeres lloran a sus hijos. A la pobreza extrema ahora se suma la desesperación. Contactaron a familias potosinas e investigan cada rumor. “Las personas que se llevan a los muchachos dijeron que no hiciéramos ruido, porque a lo mejor volvían sin ayuda de las autoridades”, comentó una de las afectadas.
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