Pocos fueron los argumentos jurídicos que se dijeron ayer en la tercera audiencia pública organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación; en cambio, se afirmó que esta medida “sólo ha beneficiado a médicos sin escrúpulos, clínicas privadas, empresas trasnacionales farmacéuticas y productoras de material quirúrgico, así como a organizaciones que aseguran defender los derechos de las mujeres” y que reciben millones de dólares por promover el aborto.
Los 15 participantes que demandaron la inconstitucionalidad de la reforma que permite interrumpir el embarazo en el Distrito Federal, apelaron a la presentación de mil 600 testimonios de mujeres que se arrepintieron de haberlo hecho. Para argumentar la ineficiencia de la ley impugnada señalaron que, en un año, 10 por ciento de las mujeres que han abortado en los hospitales del gobierno capitalino han regresado a realizarse un segundo legrado; también cuestionaron que “una niña de 14 años edad” de la delegación Cuajimalpa lleve tres legrados en un año, sin que hasta la fecha haya alguna autoridad que se le haya acercado a ofrecerle ayuda.
Antes de que se iniciara la sesión, el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunció que, ante el gran número de solicitudes de organizaciones y personas que pretenden participar en las audiencias públicas sobre el aborto, ordenó suspender la recepción de peticiones para conocer el total de éstas y tomar así “la decisión correspondiente”.
Ayer no asistieron los ministros Genaro Góngora Pimentel y José Ramón Cossío a la sede alterna de la Corte; las legisladoras panistas María de la Paz Quiñones Cornejo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y Dora Alicia Martínez Valero (diputada federal), afirmaron que la legislación referida es inconstitucional, porque la ALDF no tiene facultades “para restringir o suprimir derechos humanos imprescriptibles o irrenunciables, como la vida”.
En intervenciones por separado, añadieron que la legislación en materia de salud es exclusiva del Congreso federal; que de acuerdo con los artículos 1314 y 2357 del Código Civil el concebido no nacido tiene personalidad jurídica para recibir bienes por testamento o donación, y que, en este sentido, si tienen derecho a recibir bienes materiales, con mayor razón tienen derecho a la vida.
Reiteraron que el embrión es un ser original, con vida propia independiente de la madre y que “aun cuando no pueda demostrarse de modo fehaciente la personalidad del embrión humano, existen fuertes razones para atribuirle el respeto que se debe a las personas”.
Al igual que otros participantes, indicaron que la ley impugnada acentúa la discriminación porque no justifica que pueda continuar la vida del concebido con 85 días de gestación, “en lugar de aquel que cuenta con 84 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, nueve milésimas de gestación”.
Reivindicaron el derecho del padre a una paternidad responsable y cuestionaron “el desprecio a la vida del humano concebido”. Hubo quienes calificaron la interrupción del embarazo de “crimen de Estado”.
María del Rocío Gálvez, de Provida, sostuvo que el aborto “es el mayor destructor de la paz”, porque provoca a la mujer “mayor dolor, sufrimiento, pena y vergüenza”.
Sostuvo que la única diferencia respecto de la situación que prevalecía antes de la aprobación a la ley impugnada es que había clínicas clandestinas que realizaban legrados utilizando medicamentos de uso veterinario, abortivos orales y en condiciones antihigiénicas, y que ahora siguen con los mismos métodos, pero lo hacen legalmente.
Emilia Montejano, de la Fundación Camino a Casa, aseveró que “después del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, el aborto constituye uno de los negocios más lucrativos del mundo”. Con una fachada de altruismo, sostuvo, se esconde con frecuencia un mero afán de lucro.
Arremetió en contra del Grupo de Información en Reproducción Elegida por haber recibido del exterior más de 5 millones de dólares en 2000 y 2003, “dinero que se gastó para apoyar la reforma que despenaliza el aborto, en lugar de apoyar a mujeres que dicen proteger”.
Sostuvo que la trasnacional IPAS, empresa que se habría beneficiado por la venta de material quirúrgico al Gobierno del Distrito Federal, es la que realmente está atrás de la reforma sobre el aborto, con el único interés de obtener dinero, y denunció que los promotores de la reforma tenían “fuertes intereses económicos”, por lo que la Corte debía declarar la inconstitucionalidad de la ley.
Los 15 participantes que demandaron la inconstitucionalidad de la reforma que permite interrumpir el embarazo en el Distrito Federal, apelaron a la presentación de mil 600 testimonios de mujeres que se arrepintieron de haberlo hecho. Para argumentar la ineficiencia de la ley impugnada señalaron que, en un año, 10 por ciento de las mujeres que han abortado en los hospitales del gobierno capitalino han regresado a realizarse un segundo legrado; también cuestionaron que “una niña de 14 años edad” de la delegación Cuajimalpa lleve tres legrados en un año, sin que hasta la fecha haya alguna autoridad que se le haya acercado a ofrecerle ayuda.
Antes de que se iniciara la sesión, el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunció que, ante el gran número de solicitudes de organizaciones y personas que pretenden participar en las audiencias públicas sobre el aborto, ordenó suspender la recepción de peticiones para conocer el total de éstas y tomar así “la decisión correspondiente”.
Ayer no asistieron los ministros Genaro Góngora Pimentel y José Ramón Cossío a la sede alterna de la Corte; las legisladoras panistas María de la Paz Quiñones Cornejo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y Dora Alicia Martínez Valero (diputada federal), afirmaron que la legislación referida es inconstitucional, porque la ALDF no tiene facultades “para restringir o suprimir derechos humanos imprescriptibles o irrenunciables, como la vida”.
En intervenciones por separado, añadieron que la legislación en materia de salud es exclusiva del Congreso federal; que de acuerdo con los artículos 1314 y 2357 del Código Civil el concebido no nacido tiene personalidad jurídica para recibir bienes por testamento o donación, y que, en este sentido, si tienen derecho a recibir bienes materiales, con mayor razón tienen derecho a la vida.
Reiteraron que el embrión es un ser original, con vida propia independiente de la madre y que “aun cuando no pueda demostrarse de modo fehaciente la personalidad del embrión humano, existen fuertes razones para atribuirle el respeto que se debe a las personas”.
Al igual que otros participantes, indicaron que la ley impugnada acentúa la discriminación porque no justifica que pueda continuar la vida del concebido con 85 días de gestación, “en lugar de aquel que cuenta con 84 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, nueve milésimas de gestación”.
Reivindicaron el derecho del padre a una paternidad responsable y cuestionaron “el desprecio a la vida del humano concebido”. Hubo quienes calificaron la interrupción del embarazo de “crimen de Estado”.
María del Rocío Gálvez, de Provida, sostuvo que el aborto “es el mayor destructor de la paz”, porque provoca a la mujer “mayor dolor, sufrimiento, pena y vergüenza”.
Sostuvo que la única diferencia respecto de la situación que prevalecía antes de la aprobación a la ley impugnada es que había clínicas clandestinas que realizaban legrados utilizando medicamentos de uso veterinario, abortivos orales y en condiciones antihigiénicas, y que ahora siguen con los mismos métodos, pero lo hacen legalmente.
Emilia Montejano, de la Fundación Camino a Casa, aseveró que “después del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, el aborto constituye uno de los negocios más lucrativos del mundo”. Con una fachada de altruismo, sostuvo, se esconde con frecuencia un mero afán de lucro.
Arremetió en contra del Grupo de Información en Reproducción Elegida por haber recibido del exterior más de 5 millones de dólares en 2000 y 2003, “dinero que se gastó para apoyar la reforma que despenaliza el aborto, en lugar de apoyar a mujeres que dicen proteger”.
Sostuvo que la trasnacional IPAS, empresa que se habría beneficiado por la venta de material quirúrgico al Gobierno del Distrito Federal, es la que realmente está atrás de la reforma sobre el aborto, con el único interés de obtener dinero, y denunció que los promotores de la reforma tenían “fuertes intereses económicos”, por lo que la Corte debía declarar la inconstitucionalidad de la ley.
Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 24 de mayo.
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