Jalón de orejas a México por los asesinatos de periodistas en 2007

El responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Amerigo Incalcaterra, reclamó ayer que el gobierno federal asuma la persecución de todos los delitos contra periodistas en este país, la mayoría de los cuales es investigada ahora por los estados.
“Las autoridades federales cuentan con mayores recursos para hacer frente a un fenómeno que se presume guarda relación con el crimen organizado”, opinó Incalcaterra en un foro celebrado el sábado en la capital del país para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
México es considerado por varias organizaciones internacionales el país más peligroso de América para ejercer el periodismo y el segundo del mundo, sólo por detrás de Irak.
El año 2007 se cerró con un saldo de 15 reporteros asesinados y entre febrero de 2007 y febrero de 2008 se registraron 219 casos de amenazas, extorsión y asesinato de periodistas.
En los últimos siete años han perdido la vida por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión 37 trabajadores de medios de comunicación, en su mayor parte a manos de los cárteles del narcotráfico.
Para combatir esta situación las autoridades han emprendido varias reformas legales destinadas a consolidar la libertad de prensa, entre las que destaca la creación en 2006 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.
Sin embargo algunas organizaciones, como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), opinan que a esta fiscalía “le faltan condiciones, atribuciones y autonomía para poder ejercer su trabajo”, afirmó su presidenta, Aleida Calleja, presente en el mismo acto que el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En esa dirección se pronunció también Incalcaterra, quien dijo que “las expectativas no han sido del todo satisfechas”, y añadió que el principal problema en México es el gran número de agresiones a periodistas que no han sido castigadas y que por ello contribuyen a perpetuar la situación.
Como solución, Naciones Unidas propone el establecimiento de dispositivos de protección para reporteros amenazados y la elaboración de un protocolo para estos casos.
Incalcaterra, Calleja y otros ponentes en el foro coincidieron en que la “autocensura” que se imponen muchos periodistas en México se deriva de la situación de peligro en la que se encuentran por desempeñar su oficio.
Durante el evento se recordaron los últimos casos de agresiones a periodistas con mayor impacto mediático, como el de las dos reporteras radiofónicas tiroteadas en el estado de Oaxaca el mes pasado, o el de Lydia Cacho, quien sufrió amenazas por parte de un empresario y un gobernador y supuestamente sufrió torturas a manos de policías locales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el equivalente mexicano del Defensor del Pueblo, acusó ayer al gobierno de Aguascalientes, estado del centro del país, del hostigamiento sufrido recientemente por varios periodistas por parte de funcionarios públicos.

Nota de EFE, Crónica, 6 de mayo.